“Desde la entrada de Vox en el Gobierno en Castilla y León se decidieron políticas para debilitar a los sindicatos, a los representantes de las personas trabajadoras, y de un día para otro se dejaron sin efecto acuerdos del Diálogo Social como los de prevención de riesgos laborales, los servicios de inmigración, la orientación a personas trabajadoras en activo y paradas, o el Servicio de Mediación Laboral (SERLA), entre otros”, arranca en su comunicado el sindicato CCOO para dar a conocer el despido de 30 de sus trabajadores en la Comunidad a consecuencia de los recortes impuestos por Vox.

La gestión del consejero de Industria y Empleo, el ultra Mariano Veganzones, se ha focalizado desde su toma de posesión, hace un año y medio, en la lucha sin cuartel contra los sindicatos y “los comunistas”, a quienes dedica casi a diario mensajes cuajados de odio y descalificaciones en su cuenta personal de Twitter: “El comunismo se soluciona estudiando”, escribía hoy mismo; y el pasado día 15: “Los españoles tienen que despertar del engaño de social-comunistas y de moderaditos”, instando a elegir entre “autonomías o pensiones”, a pesar de que es del Gobierno Autonómico del que él mismo cobra más de 86.000 euros al año.

Recortes, nada más llegar

La ofensiva anti-sindical-social-comunista la presentaron públicamente, de la mano, el propio consejero Veganzones y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en el mes de junio de 2022, cuando, en una rueda de prensa improvisada, a espaldas del presidente, Alfonso Fernández-Mañueco, ausente de la Comunidad, anunciaron un recorte de más de 20 millones de euros en el montante de ayudas y subvenciones a CEOE, UGT y CCOO, que empresarios y sindicatos venían percibiendo para la gestión de programas en materia de formación y empleo o integración social y laboral de la población inmigrante.

García-Gallardo llegó a afirmar ese día: "Esto es sólo el principio", amenazando con que "se abordarán otras partidas presupuestarias en la Consejería de Industria y en otras consejerías y que afecten también a otras partidas que no son puramente de gasto político”.

Vox ya había lanzado dardos envenenados en anteriores ocasiones a empresarios y sindicatos en sede parlamentaria, acusándoles de "manifestarse sólo para indultar a golpistas o apoyar a independentistas", calificándolos de "chiringuitos" y acusándoles, falsamente, de haberse embolsado en subvenciones directas 563 millones de euros, cantidad que, en realidad, correspondía al total de ayudas a ayuntamientos y diputaciones de toda la Comunidad, organizaciones empresariales, sindicatos, empresas, asociaciones y sociedades de las nueve provincias entre los años 2018 y 2020 en el marco del diálogo social.

Empresarios y sindicatos en lucha

Nunca en la historia de la Comunidad Autónoma empresarios y sindicatos habían defendido posiciones tan cercanas como en esta época de coalición conservadora-ultraconservadora lanzada a la destrucción del diálogo social que ni sus comunes requerimientos a la mediación de Mañueco han conseguido amainar.

Mientras en la última reunión del Consejo de Diálogo Social, celebrada a finales de julio y presidida por el propio Mañueco, el presidente de la CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, hablaba de “vejaciones” por parte de Vox, los sindicatos, que han acudido pidiendo ayuda hasta a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que reclamó la intervención del Gobierno de España- no se han quedado atrás en calificativos sobre las políticas de la ultraderecha, en las que, incluso, se vio obligada a mediar la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante la amenaza de Vox de fulminar el Servicio de Mediación Laboral de Castilla y León (SERLA).

Las consecuencias

A consecuencia de la paralización de la financiación de las acciones que llevaban a cabo sindicatos y empresarios en todas las materias citadas por parte de la ultraderecha, el sindicato CCOO presentó un expediente de regulación temporal de empleo “para intentar evitar un despido colectivo” en mayo de 2023, que anunció que afectaría a 58 personas.

Este jueves, Comisiones informa de que “tras un periodo de negociación, se ha reducido a 30”, y que el acuerdo recoge planes de rentas para aquellas personas de 59 años o más, que afecta a nueve personas, personal administrativo y 13 personas de los diferentes programas de los acuerdos del Diálogo Social afectados por los incumplimientos por parte de Vox.

UGT, por su parte, presentó también en abril un ERE que contemplaba el despido del 40% de sus 188 trabajadores, que después redujo también a 54, y del que culpó, igualmente, al “incumplimiento del Diálogo Social” por parte de la Administración Autonómica, y su decisión de “dejar de prestar esos servicios a la ciudadanía”.

“La extrema derecha tiene en su ideario eliminar el papel constitucional y legal de los sindicatos más representativos”, afirma CCOO, que añade que “el único interés que mueve a la extrema derecha en el Gobierno Autonómico es desgastar a los sindicatos y a las organizaciones de la sociedad civil organizada para erosionar la democracia”.

Las consecuencias de las medidas de la Junta de Castilla y León también han propiciado la supresión de varios servicios como el de prevención de riesgos laborales, el servicio de atención a migrantes, el servicio de orientación a personas desempleadas y la formación profesional para personas ocupadas.

“Los beneficiarios de estos programas son los grandes perjudicados, así como los trabajadores y trabajadoras que los ejecutaban”, añade CCOO, “que no han sido suplidos desde la Administración Autonómica”, lo que ha supuesto, concluyen, que no se hayan convocado 26 programas públicos de políticas laborales por un valor de 42 millones de euros en 2022, y que, por tanto, no se han ejecutado.