El Govern del Partido Popular de Marga Prohens junto a Vox ha decidido suprimir el único organismo contra la corrupción de Baleares. El Pleno del Parlament ha aprobado este martes el fin de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción que fue impulsada bajo el mandato de la socialista Francina Armengol por ley en 2016, un departamento únicamente enfocado en prevenir e investigar los posibles casos de fraude de fondos públicos.

Con el impulso de esta medida, Baleares se convierte en la primera comunidad autónoma que elimina un departamento de estas características. En detrimento de esta norma, el Ejecutivo balear del PP y Vox ha impulsado la aprobación de la proposición de Ley de Transparencia y control de patrimonio y de las actividades de cargos públicos en la autonomía. En el momento en que se publique en el BOIB, se suprimirá del cargo del director en la oficina anticorrupción a Tòfol Milan.

El cierre de este departamento ha sido uno de las firmes promesas que alcanzaron tanto PP y Vox en las semanas anteriores antes de plasmarlo en el acuerdo de investidura, allá por junio, después de los resultados de las elecciones del 28M. El proceso de cierre de esta oficina se aceleró después de salir a la luz que el mismo ente estaba investigando a un cargo del PP en Baleares por posibles delitos en este ámbito.

A su vez, ambos partidos que conforman el gobierno balear también apresuraron sus propósitos debido a que, en los presupuestos para este 2024, sólo se contemplaban unos 50.000 euros de gasto para el personal de este departamento, según refleja la información recogida por elDiario.es.

Votación en el Pleno balear y fondo de la norma

La nueva Ley de Transparencia de PP y Vox contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos públicos pasarán a ser, con carácter parcial, confidenciales, mientras que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato.

Con esta norma, se crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament balear y la Mesa, encargada de adoptar las medidas en consecuencia sobre los recursos materiales y humanos que sean necesarios para su adecuado funcionamiento. Este departamento tendrá carácter reservado y su acceso estará restringido. Por el momento, será un ente dependiente de la Conselleria de Presidencia, órgano que custodiará los expedientes en fase de tramitación.

En cuanto a la votación en el Pleno de este martes, por su parte, el PSOE-PSIB ha criticado que el Govern se convierta en juez y parte y ha anunciado en consecuencia que estudiará las vías posibles para recurrir la ley al Tribunal Constitucional (TC), acusando a su vez al PP de Marga Prohens de actuar "por venganza" y "de no soportar que se investigara la trama de Campos en la que podría estar implicada ella y sus familiares".

El portavoz socialista adjunto, Marc Pons, ha alertado de que la ley va más allá de la eliminación de la Oficina Anticorrupción y que suprime el régimen sancionador, incrementando la sensación de "impunidad total". Para el socialista, al eliminar las sanciones "da igual" falsear el registro de bienes y actividades.

En señal de réplica, el diputado del PP Mauricio Rovira, que ha defendido la proposición, ha criticado que el PSIB emplee "casos de corrupción de hace muchos años" para atacar al PP y defender la vigencia de lo que ha llamado "oficina socialista de persecución de la oposición". El 'popular' ha asegurado que las declaraciones de bienes y activiades seguirán siendo "obligatorias y accesibles".

El diputado del PP también ha señalado que la Oficina "no fue especialmente brillante" en materia de prevención en el marco del caso Koldo y la compra de mascarillas. "Algunos no se asustaron mucho a la hora de cumplir órdenes para saltarse procedimientos, a la hora de realizar compras con empresas recomendadas por altos cargos, a la hora de olvidarse de reclamar por productos de mala e inferior calidad de lo comprado, para agilizar su pago a pesar de todo, para certificar que todo era correcto cuando no lo era, para intentar colárselo a la Unión Europea y olvidarse de devolver el producto y dejarlo caducar, para no reclamar el dinero pagado con tanta agilidad", ha señalado.

Al inicio, el pleno ha rechazado solicitar, a instancias de Més per Menorca, un informe al Consell Consultiu en relación a la custodia, por parte del Govern, a través de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la CAIB, de los expedientes actualmente en manos de la Oficina, que se elevan a unos 200.

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