El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular en la Comunidad Valenciana se ha reunido en la tarde de este viernes para acordar la expulsión y retirarle la condición de afiliado del que fuera vicealcalde de València en el gobierno municipal de Rita Barberá, Alfonso Grau.
La decisión se adopta después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia haya condenado a Grau a cuatro años y medio de prisión por la pieza A del caso Imelsa, relacionada con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.
El comité de garantías, que preside Eduardo Dolón, se ha reunido esta tarde del viernes para decidir la expulsión del que fuera mano derecha de Barberá. Fuentes populares recuerdan que contra esa resolución, Alfonso Grau puede recurrir en alzada ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías alegando lo que considere.
Dopaje electoral
Las elecciones municipales de 2007 estuvieron manchadas por las irregularidades cometidas por Rita Barberá y el PP de Valencia, que se 'doparon' para concurrir a ellas malversando dinero público y cobrando mordidas de empresarios contratistas del Ayuntamiento de Valencia, según quedó acreditado en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.
Una sentencia que ha condenado al que fuera su mano derecha, el exvicealcalde Alfonso Grau, a una pena de cuatro años y medio de cárcel, nueve de inhabilitación y 388.150 euros de multa por un delito continuado de malversación de caudales, y otros dos de inhabilitación y una multa de cinco millones de euros por un delito continuado de cohecho. Junto a Grau, también ha sido condenado el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas. La exsecretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster y el exconcejal y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón han sido absuelto.
Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, Alfonso Grau desvió dinero público procedente tanto de la Fundación Valencia Turismo Convention Boureau (FTVBC), como de la Asociación Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) y, por otro, recibió dinero destinado a la campaña a través de la empresa Laterne, que hacía de pantalla para evitar la detección de estos movimientos. Los magistrados constatan que los empresarios pagaron aquellas mordidas con el fin de "significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal", con la finalidad de "apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando (...) y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales”.
Afirman los jueces que los empresarios realizaron los pagos a Grau, "quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones económicas de "las empresas que mantenían relaciones económicas con la Corporación Local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento”.
A su vez, aunque en 2007 sí hay evidencia demostrable de lo ocurruido, el tribunal difiere de los hechos acusatorios en la campaña de 2011. La Justicia entiende que no hay una prueba evidente del origen de los fondos utilizados por el PP para sufragar los gastos electorales. "La prueba existente y analizada no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados", precisan los magistrados.
De esta forma, aunque el pago de gastos electorales con los saldos de la cuenta del grupo municipal popular se efectuaron "al margen de la contabilidad del PP y con incumplimiento de las exigencias de la legislación sobre financiación de partidos políticos y de la legislación electoral", esos hechos, cuando se cometieron, no eran constitutivos del delito de financiación ilegal, de acuerdo con el Tribunal.