El despropósito del Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón con la reconstrucción de la DANA sigue su cauce. Siete meses después, pymes y autónomos siguen esperando las promesas, en forma de préstamos, que el Gobierno valenciano lanzó el 3 de diciembre bajo el paraguas de la línea DANA con la que pretendía contribuir a la recuperación de las empresas dañadas por la tragedia.
Con un fondo total de 200 millones, el Ejecutivo autonómico se comprometió a cubrir las necesidades de las entidades afectadas por la DANA con el aliciente de que estos préstamos eran sin intereses y acusando falsamente al Gobierno central de que sus créditos sí que incluían este tipo de rédito.
Ante la dejadez y la inacción de Mazón con estas promesas lanzadas en diciembre, desde el PSPV-PSOE denuncian públicamente la situación, poniendo de relieve la última documentación recibida. Tras preguntar el Ejecutivo valenciano por número de créditos que se han concedido hasta el día de hoy por parte del banco público de la Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la respuesta, en base al informe remitido, refleja que tan solo han sido 57 por una cantidad de 30,7 millones de euros, es decir, un 15,4% de los 200 millones prometidos inicialmente.
Los socialistas reprochan al Ejecutivo autonómico que no fuera hasta mediados de febrero cuando se aprobó el primer crédito. “En diciembre aprobaron cero préstamos, y en enero, cero. El primer crédito, dos meses y medio después, fue el 12 de febrero”, lamentan.
El aval de la banca privada: 150 millones
Paralelamente, los socialistas en la Cámara autonómica exponen que desde el PP valenciano han tratado de “maquillar” este escenario alegando que han entregado 123,8 millones de euros a un total de 438 empresas.
En este sentido, recuerdan que desde el Ejecutivo de Mazón, al margen de la línea DANA, se acordó que la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana (Afín-SGR), presidida a su vez por el titular del IVF, fuera el aval de los préstamos de la banca privada por 150 millones de euros. Ahora, desde Afín-SGR sostienen que “ha activado” 380 operaciones por 92,5 millones de euros, lo que no significa que se hayan aprobado. La oposición denuncia que con este anuncio se “maquillan” los datos “para parar el golpe”.
Si se tiene en cuenta lo arrojado por el aval de la banca privada, la cifra ascendería a 123,8 millones de euros, lo que sigue suponiendo una cifra muy por debajo de la prometida por el Consell en diciembre: un 35% de los 200 millones.
Contratos a empresas vinculadas a la corrupción
Al margen de esta nueva información que evidencia nuevamente la nefasta gestión y la dejadez de Mazón con la reconstrucción post DANA, lo cierto es que durante los últimos meses el Ejecutivo valenciano ha demostrado con cada paso y cada contrato total ausencia de compromiso con la sociedad valenciana.
Desde la trama Gürtel, pasando por el caso Taula o el caso Brugal, el jefe del Consell ha ido adjudicando a dedo contratos para la reconstrucción hasta llegar a los 60 millones de euros, a empresas vinculadas directamente con la corrupción en la región. El pasado mes de febrero, el Gobierno valenciano adjudicó 1,7 millones de euros a la empresa Tizor Hormigones y Asfaltos S.L., una firma propiedad de la familia de Enrique Ortiz, condenado después de admitir haber financiado ilegalmente el PP valenciano de Francisco Camps.
Apenas dos días después de conocerse esta nueva adjudicación, la Audiencia Nacional condenó a Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a penas de entre seis meses y dos años y medio de prisión por el denominado ‘cártel del fuego’. Castellano, sobre el que ahora pesa delito continuado de cohecho, continuado de malversación, continuado de prevaricación y continuado de falsedad en documento oficial, en relación de concurso medial, entró así a formar parte de la trama de Mazón y de los contratos a dedo.
El pasado 20 de noviembre, tras el cese de las conselleras Nuria Montes y Salomé Pradas, se conocieron los nombres que iban a ocupar sendos asientos vacíos. El relevo de Pradas lo cogió Nuria Martínez, ex decana de Derecho de la UCV, y el de Montes, Juan Carlos Valderrama, ex subdelegado del Gobierno en Valencia y mano derecha de Castellano. Con esta decisión, el Ejecutivo valenciano agrandó su lista de adjudicaciones a vinculados a la corrupción.