La privatización de la sanidad pública avanza en buena parte de las comunidades autónomas, sobre todo, en aquellas gobernadas por el Partido Popular. La última sobre la que se ha puesto el foco es Cantabria, donde el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ha "regado con 216 millones de euros" el Hospital Santa Clotilde de Santander. 

Así lo denuncia el Partido Socialista, que critica, además, que la decisión se adoptara en la reunión del consejo de Gobierno del 9 de octubre "por la puerta de atrás y a escondidas” y que no se informara de ello en la relación de acuerdos.

“Es la demostración de que se avergüenzan hasta de sus propias decisiones encaminadas a privatizar la Sanidad Pública”, señala el secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE cántabro, Marcos Agudo, que tacha la medida, de "pelotazo sanitario". 

"Es una evidencia más por parte del consejero, César Pascual, y del Gobierno del PP de su intención de desmantelar los servicios públicos y regar, con dinero de todos, entidades privadas”, destaca.

En este contexto advierte de que es posible hacerlo gracias a una enmienda "lamentable" que, durante la tramitación legislativa del último presupuesto de 2024, "el PP coló en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria, la Ley de Acompañamiento".

Convenios sin concurso

“Esta enmienda, que se aprobó frente a nuestras advertencias, posibilita hoy convenios sin necesidad de concurso como éste: 216 millones de euros para Santa Clotilde durante 15 años porque sí”, lamenta. 

La extensión del contrato preocupa a los socialistas cántabros, ya que existe la posibilidad de que pueda ampliarse a 20 años a los que podrían añadirse otros cuatro prorrogables. 

Agudo habla de "vergüenza” y rechaza que se hipoteque a la población sin comunicar ni tan siquiera el porqué. "No se han concretado los motivos del convenio ni conocemos qué prestaciones asumirá Santa Clotilde, lo que sí intuimos es que nadie velará por el seguimiento del convenio desde el punto de vista de los intereses de la ciudadanía”, expone. 

A juicio de los socialistas "Pascual y Buruaga representan un verdadero peligro para la sanidad pública" y su afán por privatizar y deteriorar lo público, defienden, "no es circunstancial, sino planificado”.

"Comenzaron privatizando servicios no sanitarios en el HUMV, y ahora lo hacen subrepticiamente con Santa Clotilde. No se estarán contentos hasta quebrar la sanidad de todos y todas”, aseguran.

"¿Por qué no se dedican esos 216 millones de euros a reforzar, por ejemplo, el Hospital Comarcal de Laredo?”, se pregunta el secretario de salud socialista, indicando que "con ese montante se podría dotar a este centro público de mejores instalaciones, equipos, dependencias y refuerzos para las plantillas que lo conviertan en un proyecto sanitario atractivo y con futuro”.

En una línea similar se pronuncia la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, que insiste en que la privatización de Sáenz de Buruaga se inició en 2011 cuando fue consejera de Sanidad y privatizó todos los servicios no sanitarios del Hospital Valdecilla, por los que los cántabros pagan 40 millones al año durante 20 años, es decir, 900 millones de euros”.“Misma protagonista, mismo sistema y mismo destino: dejar en manos privadas el futuro de la sanidad pública en Cantabria”, enfatiza. 

“La presidenta que dice que no hay recursos suficientes para mejorar la sanidad pública en esta región, desmantela el hospital de Laredo, colapsa el hospital de Reinosa, tiene consultorios rurales cerrados, deja sin médico los SUAP, castiga a las enfermas del hospital de Laredo o solo da el complemento de atención continuada a los médicos, dejando fuera al resto de profesionales sanitarios, y ahora firma dar 216 millones en los próximos 15 años a la sanidad privada”, concluye Quiñones.

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