La Comisión de Transparencia de Galicia obliga al Ayuntamiento de Moaña, localidad de Pontevedra en la que se encuentra la vivienda que la antigua responsable de Zara Home y mujer del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, posee en la playa de O Con, a enviar la “resolución expresa sobre la solicitud” al presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga), Miguel Delgado, quien ha pedido información de forma reiterada sobre este asunto.
La resolución, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, indica que el Servicio Provincial de Costas, dependiente del Gobierno de España y que publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de noviembre la resolución sobre una parte del chalet -que se encuentra en dominio público marítimo-terrestre-, elevó el asunto entre otros organismos, al Consistorio de Moaña por considerar que el tema era de su competencia.
Pero, por encima de todo, el documento recuerda el “derecho de todas las personas a acceder a información pública” y pedía en última instancia al Ayuntamiento a que “dicte la resolución expresa sobre la solicitud, respetando los límites de los artículos 14 y 15 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el artículo 22 de la misma ley”.
Denuncia trabas en el acceso a la información
En los últimos días, el responsable de Pladesemapesga lamentaba de manera formal que el ayuntamiento gallego emite las respuestas “fuera de plazo” en lo que considera un “intento de desvincularse de las actuaciones y documentos que contradicen las normativas de transparencia”, a lo que le añade el pago de tasas.
“Este comportamiento ha sido ya advertido en el expediente RDCTG 106/2021 por la Comisión de Transparencia de Galicia, que señaló las consecuencias legales del incumplimiento de la Ley de Transparencia, sin que el Concello haya cumplido”, indicaba el texto, que se refería a las constantes peticiones de denuncia y demolición por las ilegalidades afectadas en la finca de la a su vez administradora de la inmobiliaria Niebla Azul, lo cual “también ha sido deliberadamente ignorado por el Concello”.
Con todo, Delgado insiste en que se está vulnerando un principio de Transparencia y pide a los organismos a los que se dirige -la Fiscalía de Galicia, la Comisión de Transparencia o la Fiscalía General del Estado- que garantice el cumplimiento de Transparencia por parte del Ayuntamiento de Moaña a la vez que emplaza a su alcaldesa, Leiticia Santos, a dejar de “imponer tasas contrarias a la normativa vigente”.
Así las cosas, el responsable pesquero solicita que “se investigue el incumplimiento reiterado de las obligaciones de acceso a la información pública por parte del Concello”, que “se adopten medidas sancionadoras frente a los responsables del incumplimiento de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Transparencia” y que “se garantice la puesta a disposición de los documentos solicitados sin coste alguno y por vía electrónica”.
Para sus peticiones, Pladesemapesga se ampara en varios artículos de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, a partir de los cuales “la información pública incluye todos los documentos en poder de la Administración que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”, por lo que “todas las personas tienen derecho a acceder a esta información sin restricciones arbitrarias”.
El Ayuntamiento se refirió en su respuesta a tres expedientes en los que “consta toda la documentación necesaria para la autorización” de la vivienda, entre los que destacaban informes técnicos y jurídicos, informes o autorizaciones sectoriales.
“Para la búsqueda del archivo municipal es preciso identificar a la persona promotora desde el número de expediente (…) Recordamos nuevamente la necesidad de abordar las tasas por la expedición de documentos administrativos. De estar interesado en que le proporcionemos las copias, debe confirmárnoslo y, en ese caso, le indicaríamos la cantidad que debería abordar”, consideraba la contestación.
Sin embargo, el protagonista de estas líneas se tomó la respuesta como una manera más por parte del Consistorio de “evitar el acceso a los expedientes administrativos”. Ahora, en declaraciones a este periódico, mantiene que se le están poniendo demasiadas trabas para una información que, insiste, debería estar abierta al público. “No tiene sentido la manera en la que actúan con la transparencia”, cuenta.
“No consta ninguna orden de demolición”
ElPlural.com se ha puesto en contacto con la APLU como organismo encargado de realizar las demoliciones en Galicia desde su fundación en 2008 y han remitido a este periódico que “no consta en los archivos ninguna orden de demolición de la vivienda propiedad de la particular a la que se hace referencia, por lo que no existe ningún acto administrativo que ejecutar”.
Delgado hace alusión a un “vacío legal” en tanto en cuanto “la competencia” de demolición es del ayuntamiento, según explica, pero la APLU es “la que debe debe gestionarla, ya que le corresponde la recuperación del terreno de Galicia”. “Todos se lavan las manos”, concluye.