La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene el máximo secretismo respecto del piso de lujo de su novio, Alberto González Amador. Todo es silencio más allá de lo que han publicado los medios de comunicación, en ocasiones entre amenazas del equipo regional. La situación ha situado el hartazgo de la oposición en niveles insospechados, tanto que Más Madrid ha solicitado la comparecencia de la empresa que adquirió el ático del mencionado inmueble: Babia Capital S.L.
La formación de Manuela Bergerot ha registrado una solicitud de comparecencia en la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Cámara regional de un representante de la mencionada sociedad. En concreto, el partido a la izquierda del PSOE exige que alguien hable “para informar sobre la valoración en relación a cómo mejorar el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid”. La petición, eso sí, no se sabe si saldrá adelante. De hecho, parece una posibilidad poco probable habida cuenta de que el PP ha utilizado su mayoría absoluta para tumbar una y otra vez las iniciativas de otros grupos.
Babia Capital S.L. se corresponde con una empresa de “compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia” que adquirió el ático que se sitúa encima del piso valorado en un millón de euros que la pareja de la presidenta compró después de defraudar más de 350.000 euros a Hacienda y que comparte con la baronesa regional.
Asesor de la pareja de Ayuso ante Hacienda
Tal y como pudo saber ElPlural.com, Babia escrituró la compra de la vivienda a fecha de 21 de julio de 2023 y ésta pertenece a Javier Luis Gómez Fidalgo, prolífico empresario y economista que asesoró a González Amador ante hacienda después de sus delitos.
La compañía que posee el ático, según el informe al que pudo acceder este periódico, se constituyó en mayo de 2019 con un capital social de 6.000 euros y su importe de negocios en los últimos años registrados fue de 271.291 euros al cierre de 2021 y de 91.107 al concluir 2022. En lo que respecta a Gómez Fidalgo, el empresario figura como administrados único desde mayo de ese mismo año. Antes que él aparecía como administrador solidario junto a Carlos Pablos Alonso.
La empresa adquirió la propiedad en fechas próximas a que Ayuso y su compañero sentimental se mudaran al piso de abajo. A partir de ese momento, la pareja viene haciendo uso de los dos pisos. González Amador escrituró la compra de la vivienda en la sexta planta en julio de 2022, pero no acudió al Registro de la Propiedad hasta mayo de 2023, cuando pasaron las elecciones autonómicas. Apenas dos días después, Babia compró a la vez el ático de la séptima planta.
Entretanto, la polémica subía de nivel al conocerse que también en 2022 González Amador llevó a cabo unas obras en el inmueble a pesar de no contar con la autorización del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida para hacerlo, según reconoció el propio Consistorio, que se vio obligado a entregar el expediente al PSOE y otros grupos municipales, pero lo hizo entregando unos documentos totalmente incompletos.
La semana pasada la pareja de Ayuso denunció al Ayuntamiento de Cibeles ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acusándole de filtrar datos relacionado con las obras ilegales señaladas. El alcalde de Madrid reconoció que dicha filtración hacía tenido lugar y anunció que llevaría a cabo una “investigación” sobre “accesos indebidos” a la base de datos del Consistorio con la finalidad de “esclarecer” quién había accedido de manera “indebida” a esos datos, haciendo un “uso espurio y posiblemente ilegal” de los mismos.
Horas después de que se conociera que González Amador había denunciado al Consistorio madrileño, Ayuso respaldó sus palabras señalando que “un ciudadano tiene todo el derecho del mundo a defenderse ante cualquier administración”. “Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales, ante la administración que sea (…) No se puede estar en permanente indefensión. Datos que además se han filtrado al PSOE, a Más Madrid, a la prensa…”, emitía, apuntalando que “como cualquier ciudadano -González Amador- se tiene que defender y pedir amparo a las instituciones, que están para eso y no para lo contrario”.
Más Madrid no tardaba en responder dejando claro que el problema no es el expediente, “sino el trato de favor que ha tenido el clan Ayuso por parte del Ayuntamiento de Almeida”. “Recordemos que la inspección municipal actuó en mayo gracias a la denuncia de Más Madrid de dos meses antes, un año y medio después de que el propio Ayuntamiento ordenara paralizar unas obras ilegales que nunca se paralizaron”.
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