Las Cortes de Castilla y León han dado luz verde este miércoles a la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones gracias al apoyo que PP y Ciudadanos han recibido del resto de grupos de la derecha autonómica: Vox, Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés. Todo ello a pesar de las fuertes críticas que ha acaparado por “beneficiar solamente a los ricos”, ya que solamente favorece a aproximadamente el 0,6% de la población.

Por el contrario, el PSOE, Podemos-Equo y la procuradora no adscrita que formó parte de Ciudadanos, María Montero, han votado en contra. Rosa María Rubio, portavoz socialista en la Comisión de Economía y Hacienda, ha sido tremendamente dura denunciando este modelo fiscal de los socios de Gobierno, asegurando que es beneficiar a los ricos en detrimento de los servicios públicos: “Que pague más quien más tiene, más gana y quien más hereda. Esta bonificación solo beneficia a los más ricos de la Comunidad”. Argumento por lo que desde las filas populares la acusaron de “izquierda radical”.

Por su parte, el procurador de Podemos-Equo Pablo Fernández ha defendido que se debe implementar una política fiscal “progresista”, porque sin ella se llegará a la “peor” sanidad y educación públicas, además de “menos” plazas en residencias públicas de mayores.

Con la aprobación que ha conseguido Alfonso Fernández Mañueco​, el impuesto quedará bonificado al 99% en su totalidad para familiares directos, cónyuges, ascendentes o descendientes y a las parejas de hecho con convivencia estable de al menos dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto.

Pero esta bonificación afectará, según las estimaciones de la Junta en base a los contribuyentes de 2018, a entre el 0,2 y 0,6% de la población, ya que solamente beneficiará a entre 5.000 y 15.000 ciudadanos de la Comunidad. Con ello, las arcas públicas castellanas y leoneses dejarán de ingresar 35 millones de euros anuales.