El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, llevaba esta semana al consejo de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) el nuevo plan para que los jóvenes y las familias madrileñas puedan acceder a un alquiler.
La promoción Iberia Loreto 1 contempla la construcción de 52 viviendas en el distrito de Barajas y sus condiciones no quedan exentas de polémica: aumenta el umbral de renta, los solicitantes deben tener una antigüedad mínima de cinco años empadronados en la ciudad y un máximo de 50 de edad. Además, incorpora otros puntos que, a ojos de la oposición, “endurecen” el acceso.
El poder adquisitivo puede ser de hasta 47.000 euros netos, dado que se permite unos ingresos de hasta 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y superiores a 3,5 veces el mismo indicador.
Asimismo, es obligado “ser español o residente legal en España” y disponer un ‘arraigo’ de al menos un lustro empadronado en Madrid de forma ininterrumpida o, en su defecto, haber permanecido ocho años dentro de la última década a fecha del cierre del registro de solicitudes. Los plazos para presentar la solicitud también acarrean controversia, pues son de un mes -desde el 11 de mayo al 11 de junio-, algo que la izquierda considera “irrisorio”.
"Están convirtiendo la vivienda en un privilegio"
Pedro Barrero, portavoz socialista de la Comisión Permanente Ordinaria de Obras y Equipamientos y Políticas de Vivienda, señalaba esta semana que la intención del Consistorio pasa por “convertir lo público en un privilegio a costa de quienes más lo necesitas, quitando estas viviendas del sistema general de adjudicación de alquiler básico para adjudicarlas a un programa de rentas” notablemente más altas.
Barrero considera que se trata de un “filtro social encubierto, porque se quedan fuera las más de 60.000 familias que continúan en el registro de demandante de vivienda pública con ingresos de 30.000 euros”. “Limitan la edad hasta 50 años, dan un solo mes para apuntarse a la promoción, y encima dejan fuera a cupos con prioridades básicas como las familias monoparentales o víctimas de violencia de género (…) Por lo tanto, deja a miles de familias fuera del programa”, apuntala.
Asimismo, añade que “la adjudicación por sorteo en procedimientos cerrados no garantiza la transparencia, sino que haya más arbitrariedad”. “Madrid no necesita filtros, sino más vivienda pública y mejor acceso y, sobre todo, que se priorice a quien más lo necesita y no a quien menos dificultades tiene”, remacha.
En conversación telefónica con este periódico, el equipo de Barrero hace hincapié en lo explicado en líneas anteriores y da más detalles para explicar por qué están en contra de este modelo, que cuenta con requisitos “endurecidos”, entre los que se encuentran el siguiente, además de los mencionados: “No pueden haber sido desahuciado ni condenado por allanamiento ninguno de los integrantes de la unidad familiar que vaya a habitar esa vivienda”.
“(…) Un hijo que tiene que volver a su casa porque no ha podido pagar el alquiler en un momento dado de su vida y le han desahuciado no puede ir a vivir allí porque uno de los requisitos no es que para el propietario del contrato, cesión o uso y disfrute, sino que miran la unidad familiar”, ejemplifican las fuentes que hablan con este medio.
Las condiciones contemplan, exactamente, que “ningún miembro de la unidad familiar puede haber sido condenado, mediante sentencia firme dictada en los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud, por delitos de allanamiento de morada con permanencia en la misma contra la voluntad de su morador o por usurpación de vivienda.”; ni “en procedimientos de desahucio de vivienda en régimen de arrendamiento por impago de rentas, cantidades asimiladas o por causas relacionadas con la convivencia”.
Desde el PSOE lamentan que la vivienda pública “se está convirtiendo en un privilegio” y aseveran, teniendo en cuenta el conjunto de requisito que estas viviendas “parece que tienen nombre y apellidos”.
“Cada vez lo hacen más inaccesible, la EMVS está perdiendo toda la función social que tiene, realizando unos desahucios ilógicos completamente y endureciendo (…) Todo ello una empresa que tiene beneficios, mientras que la vivienda es el problema más grande que tiene la ciudadanía”, relatan.
Respuesta de la EMVS
La EMVS defiende en declaraciones a este medio de comunicación que el punto se aprobó “sin ningún voto en contra por parte de los consejeros”. Fuentes de la empresa indica que el Ayuntamiento de Madrid “no excluye a nadie” y pregunta lo siguiente.
“¿Lo que dicen es que una pareja que cobra poco más de salario mínimo profesional no tiene derecho a las políticas públicas del Ayuntamiento, pero a las del Estado sí”. “Porque la empresa pública de vivienda Casa 47 excluye específicamente a los más vulnerables de sus políticas, a los que perciben menos de dos veces el IPREM, y eleva sus políticas a viviendas de hasta 7,5 veces el IPREM”.
Además de las 52 viviendas, la empresa municipal pone sobre la mesa una oferta de 290 viviendas para las rentas por debajo de 3,5 veces el IPREM. “Añadimos en abril una vía adicional para un segmento de madrileños con rentas medias que hasta ahora no tenía ninguna alternativa pública y que también tiene dificultades para acceder al mercado libre. El objetivo es hacer atender a más madrileños que también lo necesites”, exponen.
Hace hincapié en que “esta nueva ampliación del límite sigue el ejemplo de otras empresas públicas, con la diferencia de que EMVS no deja de atender a las personas con rentas más bajas, como sí hace el Gobierno Central”. “Además, este programa no sustituirá en ningún caso a los sorteos de vivienda pública que se realizan periódicamente”, añaden a la vez que explican las condiciones.
"No podemos votar en contra de vivienda pública"
Los socialistas madrileños contestan en última instancia a la justificación de que no han votado en contra. "No podemos votar en contra de vivienda pública. ¿Cómo vamos a votar en contra del mayor problema que tiene la ciudad de Madrid?", cuestionan. Lo cual no quita, aseguran, para que critiquen la forma en que ésta vivienda se adjudica. "Hemos sido el grupo más crítico", aseguran.
Asimismo, critican que "están creando bolsas de adjudicaciones" con diferentes características. "El Plan Suma, el reglamento de adjudicación general y, ahora, este".
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.