El uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia sigue abriéndose paso en Madrid, con el riesgo que eso supone para policías y ciudadanos, sin que la Delegación del Gobierno o la Jefatura Superior de Policía hayan sido capaces, hasta la fecha, de diseñar y ejecutar un plan que ataje esos delitos y ponga pie en pared frente a una lacra que soportan los profesionales de la seguridad pública y, singularmente, los vecinos de la capital. El último exponente de este reto frente al que ambas instituciones se muestran incapaces de encontrar solución ha sido la muerte de tres personas -dos de ellas, de 17 y 63 años, en Madrid; otra más, de 54, en Leganés- en las últimas horas y en incidentes en los que el agresor ha empleado armas blancas. Pero por si eso no fuera suficiente, esta misma mañana, la Policía ha intervenido en el distrito madrileño de Carabanchel para reducir a un varón que retenía y amenazaba a su madre con dos cuchillos, siendo detenido por atentado contra agente de la autoridad y quebrantamiento de medida cautelar.
Esos cuatro incidentes en cuarenta y ocho horas demuestran que la violencia mediante el uso de armas blancas se ha convertido en un fenómeno que, lejos de encontrar una respuesta firme y contundente de las instituciones, sigue avanzando y dejando tras de sí heridos y muertos. La Confederación Española de Policía viene advirtiendo desde hace tiempo que nos encontramos ante un reto en plena expansión y que exige mucha más implicación de la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior. Porque los datos, lejos de cualquier valoración, acreditan que este problema debe ser una prioridad. Así, en 2024 se alcanzó un nivel récord de sanciones administrativas en la Comunidad de Madrid por portar o usar armas prohibidas -tipificadas en el artículo 36.10 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana- con 4.251 multas. Esta cifra ha sido la mayor en ocho años y supone un aumento de un 60,8% frente a la registrada en 2017 en esta región. Pero, además, representa el 14,1% del total de infracciones de este tipo conocidas en España el año pasado.
Como ya se ha venido denunciando desde CEP, este tipo de delincuencia violenta mantiene una tendencia al alza que constituye un grave riesgo para la seguridad de policías y ciudadanos. Así, hasta septiembre de este año los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias en la Comunidad de Madrid aumentaron un 9,9% respecto al mismo periodo de 2024. Pero es que en la ciudad de Madrid, esa violencia callejera sufrió un incremento del 16,1%, de tal forma que la media mensual de reyertas supera las 150. En ambos casos, región y capital, ese empeoramiento de la seguridad fue claramente superior al experimentado a nivel nacional, en donde hubo un 7,5% más de ese tipo de delitos.
Esta lacra no es coyuntural. Al contrario, como viene alertando CEP, se ha convertido en una preocupante tendencia porque estos delitos violentos a los que nos referimos crecen desde el final de la pandemia sin que la Delegación del Gobierno o la Jefatura Superior sean capaces de frenarlos. Tanto en la región como en la ciudad de Madrid se ha llegado en el tercer trimestre de este año al peor resultado de reyertas en las calles en una década, según los datos oficiales del Ministerio del Interior.
Por todo ello, desde CEP reclaman que tanto Delegación como Jefatura Superior refuercen y potencien los dispositivos frente a las reyertas y el uso de armas blancas, asignando el número suficiente de efectivos policiales y de medios de protección a los compañeros de las unidades más directamente implicadas en el combate frente a la delincuencia violenta: los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Intervención Policial (UIP). Ambas instituciones no pueden seguir obviando una realidad que ya conocen todos los madrileños y que exige compromiso institucional inequívoco y coordinación leal con otros Cuerpos de seguridad, especialmente con las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
Pero además, desde CEP reclaman medidas al Ministerio del Interior que permitan atajar el uso de armas blancas en delitos violentos. Es necesario aumentar la cuantía económica de las sanciones administrativas por portar o usar este tipo de armas, que en la actualidad se resuelven con importes por debajo de los 500 euros, en muchos casos. También es imprescindible que esa reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana incluya también un mecanismo de respuesta frente a la reincidencia, con un sistema progresivo de sanciones y la ampliación del plazo durante el que una infracción previa compute como ‘antecedente’ a estos efectos. Más allá de ello, en CEP defienden también que hay que actuar en el ámbito de la compra o acceso a esas armas blancas, sobre todo frente a los distribuidores irregulares para reforzar los mecanismos de identificación de compradores, e intervenir en plataformas online en las que es viable su compra sin verificación de edad o trazabilidad de la adquisición.
Finalmente, desde CEP exigen que el Ministerio del Interior reforme el Código Penal actual, que sólo aplica como circunstancia agravante el uso de estas armas cuando el delito se comete y el autor la porta. Es decir, que sin acto violento la única respuesta posible es una simple sanción administrativa. Se puede y se debe avanzar hacia mejoras normativas que contemplen situaciones como la posibilidad de imponer en las condenas una ‘orden de alejamiento’, de tenencia y uso de armas blancas, que en caso de incumplimiento genere responsabilidades penales severas. En todo caso, resulta urgente atajar este desafío con la máxima contundencia por los gravísimos efectos que tiene sobre la vida y la integridad física de policías y ciudadanos.
