Los vecinos de los bloques del pelotazo de Botella y Gallardón acuden a Cibeles para denunciar la reventa de Blackstone

El verano de 2013 marcó un punto de inflexión en el movimiento por la vivienda en Madrid. En plena crisis económica y bajo el mandato de Ana Botella, el Ayuntamiento llevó a cabo la venta de 1.860 viviendas públicas, que cayeron en las manos de Fidere (Blackstone). Miles de inmuebles que habían sido levantados para combatir la crisis habitacional acabaron en la cartera de uno de los principales fondos buitre del mundo por un precio insignificante (menos de 70.000 euros cada una).

Casi trece años después, los contratos van venciendo y los vecinos que aún residen en su interior se enfrentan a la que podría ser su expulsión. Blackstone quiere deshacerse de las viviendas, razón por la que el Sindicato de Inquilinas, en el que se integran muchos de los afectados, exigen que se recuperan para el parque público. Para presionar en esta dirección, la organización se concentrará este martes, a las 10:30 hora, frente al Consistorio, gobernado entonces y ahora por el Partido Popular (PP).

“Lanzamos una nueva campaña para impedir la venta masiva de más de 17.000 viviendas, muchas de ellas antiguamente públicas, que los fondos buitre quieren volver a poner en el mercado para seguir especulando con nuestras vidas”, explica el Sindicato de Inquilinas. “Exigimos al Gobierno que recupere estas viviendas para el parque público a través de Casa47, la nueva entidad pública del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Estas casas son nuestros hogares y deben cumplir una función social, no alimentar el negocio de unos pocos”, ahondan.

Intervención del Gobierno central

El Sindicato de Inquilinas ha reclamado la intervención del Gobierno central, ante la pasividad de la administración local y regional. La organización solicita que estos inmuebles sean incorporados a la empresa pública estatal de vivienda, que recientemente ha integrado activos procedentes de la Sareb y ha puesto en marcha programas de alquiler asequible.

Desde el sindicato aseguran que, tras la adquisición de las viviendas a bajo coste, las empresas gestoras han aplicado incrementos de renta que consideran abusivos, además de cláusulas contractuales cuestionadas y prácticas que, a su juicio, vulneran los derechos de los inquilinos. También advierten de que la posible venta de estos pisos supondría “culminar una operación especulativa”.

El problema, subrayan, no se limita a las 1.860 viviendas de Blackstone. Según sus estimaciones, hasta 17.000 inmuebles en la Comunidad de Madrid, actualmente en manos de fondos de inversión, podrían verse afectados por procesos similares. Las organizaciones de vivienda recuerdan que muchos de estos inmuebles fueron en origen de titularidad pública o contaban con algún tipo de protección, y denuncian que su privatización ha generado beneficios para los fondos a costa de los inquilinos.

“Sin invertir en mantenimiento, estos fondos nos han impuesto subidas abusivas de alquiler, cláusulas ilegales y una gestión basada en la vulneración sistemática de nuestros derechos. Ahora quieren cerrar el círculo con una nueva operación especulativa”, afea el sindicato, que asegura que “no lo van a permitir”. “Tenemos claro que la organización colectiva es nuestra mayor fuerza y que vamos a frenar esta venta. Luchamos para que nuestras casas pasen a formar parte del parque público de vivienda de Casa47, con alquileres estables y asequibles y garantías reales del derecho a la vivienda frente a los intereses de quienes solo buscan hacer negocio”, trasladan.

Una batalla contra un gigante de la especulación que, no obstante, pretenden ganar. “En Catalunya, 1.700 viviendas acaban de ser recuperadas tras una campaña de presión y nueve meses de huelga de alquileres impulsada por nuestras compañeras del Sindicat de Llogateres. En Madrid, también sumamos victorias como la negociación histórica con Blackstone en 2021 en la que, tras años de resistencia y más de 100 hogares organizados, se forzó al mayor propietario de España de vivienda a firmar la mayor negociación colectiva del país”, ejemplifican con optimismo.

“Por todo ello lo tenemos claro: no nos vamos de nuestras casas. Vamos a resistir, a organizarnos y a recuperar estas viviendas, no solo para quienes vivimos en ellas hoy, sino para el conjunto de la sociedad. Porque la vivienda es un derecho, no un negocio”, zanjan desde la organización. Una lucha que lleva muchos años abierta y que podría alcanzar uno de sus momentos de mayor tensión este 2026. Los vecinos, en esta ocasión, no tienen la intención de volver a salir perdiendo.