En mitad de seísmo político en el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el cese de su hasta ahora consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana, que ha declinado en la renuncia de otros tres parlamentarios del Partido Popular de Ayuso, este martes, el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense ha aprobado un recorte de 33 millones de euros, en el que se incluyen medidas como menos profesorado y de ofertas de materias académicas.

La universidad pública madrileña tuvo que pedir un préstamo de 34,5 millones de euros al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a finales del pasado año por el déficit acumulado entre 2023 y 2024. Según ha informado el rector este martes, Joaquín Goyache, debido a este déficit, es necesario “poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio”.

Con haber dado luz verde al Plan Económico-Financiero (PEF) de la Complutense de 2025 a 2028, se procederá a llevar a cabo medidas de recorte, que pasarán de rebajar el número del profesorado, ofertar menos materias optativas, más horas impartidas y recortar las titulaciones.

Según informa el comunicado de Goyache, las conclusiones del plan reflejan este “desequilibrio” que viene secundado por “una financiación que no ha crecido al mismo ritmo que lo han hecho los gastos”. Prueba de ello, que entre 2019 y 2024, los ingresos subieron un 15%, pero el gasto aumentó al 27%, pero no directos de la institución universitaria, sino que se deben al “gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales, mayores costes sociales” que han impactado de lleno en las cuentas.

Los sindicatos implicados (CCOO, UGT, SIF, CSIT y CGT) ya vinieron alertando de este gran recorte de 33,18 millones de euros, mostrando así su “profunda preocupación y rechazo” debido a que la principal afección se la llevará “la plantilla, la actividad académica e investigadora y toda la comunidad universitaria”.

 

Por su parte, el comunicado del Comité de Empresa del personal docente investigador, que se reunió con Goyache el pasado 9 de enero, reitera que el PEF resalta como “origen principal del déficit de la UCM es la infrafinanciación estructural por parte de la Comunidad de Madrid, derivada de no cubrir adecuadamente los incrementos salariales y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social”. Al tiempo, critican que, “lejos de exigir una financiación pública” que cubra estas deficiencias, el Rectorado asume, “sin cuestionamiento”, el déficit “provocado por el crecimiento vegetativo del coste de la plantilla”.

Asimismo, el PEF presentado también se enfoca en las jubilaciones y los recortes como la vía sólida para recuperar la estabilidad financiera que necesita la Complutense. Tan sólo en este 2026, se jubilarán 139 profesores, otros 89 en 2027 y 91 más en 2028. Un total de 319 docentes menos en los tres próximos años, una reducción que debería traducirse en 21,2 millones de euros. Mientras, para el personal técnico, administrativo y de gestión, el recorte será de 11,34 millones de euros.

Salida de Viciana y entrada de Zarzalejos

Este recorte presupuestario de una de las más grandes universidades madrileñas y españolas coincide con una brecha en caliente en el PP de Díaz Ayuso. Este lunes, contra todo pronóstico, el Ejecutivo de la Puerta del Sol anunciaba el cese del hasta ahora consejero en la materia, Emilio Viciana, habiéndose marcado su trayectoria en la Consejería de Educación y Universidades por multitud de protestas del sector estudiantil y docente en sus distintos niveles.

La medida estrella, la ley autonómica de universidades LESUC, que le da la espalda al decreto estatal, no estaba dando los frutos esperados, ya que incluso fue motivo de polémica en el ámbito universitario como el que bien aconteció en junio del pasado año, cuando se plantearon multas de hasta 100.000 euros a manifestaciones no autorizadas en los centros universitarios.

En su lugar, Ayuso ha ascendido a Mercedes Zarzalejos, hasta ahora viceconsejera de la misma cartera y uno de los pesos pesados en el PP de la Asamblea de Madrid. Tanto la plataforma de universidades públicas como los sindicatos han mostrado su expectación a los próximos pasos de la nueva consejera. "Esperamos que sea más sensible a la situación de las universidades. Necesitamos perfiles negociadores que estén dispuestos a tomarnos como locutores", han apuntado.

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