La escapada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Ecuador tan solo ha servido para tratar de alejarse de todas las polémicas a las que tendría que haber hecho frente esta semana. La presidenta autonómica ha aprovechado este viaje para abstenerse de dar declaraciones en una semana en la que el fuego arde en los pasillos de la Real Casa de Correos.
Desde el principal foco mediático con la declaración de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, como investigado por un delito de corrupción en los negocios, hasta la derogación de la ley que impide la capacidad de acción de las asociaciones LGTBI+. El intento de la presidenta regional de agachar la cabeza y mantener un bajo perfil tan solo ha servido para abultar la lista de percances a los que se tendrá que enfrentar a su regreso a España.
Declaración de Alberto González Amador
La desbandada de Ayuso a Ecuador para ser investida como honoris causa ha coincidido extrañamente con la declaración de su pareja ante la jueza por un delito de corrupción en los negocios. En su declaración más reciente pronunciada este jueves, González Amador ha proporcionado a la Fiscalía un dato que era desconocido y el equipo de la lideresa madrileña se ha encargado de esconder el mayor tiempo posible.
El empresario y pareja de Ayuso ha revelado que abona un alquiler de 5.000 euros mensuales por un ático de 176 metros valorado en más de un millón de euros y que se sitúa sobre el piso en el que vive junto a la presidenta madrileña.
Hasta ahora, la Comunidad de Madrid se ha limitado ha explicar que Ayuso convivía con su pareja en el piso y disfrutaba del ático, pero sin pagar el alquiler. La empresa que renta el ático a González Amador se trata de Babia Capital SL, administrada por el asesor de la pareja de Ayuso, Javier Gómez Fidalgo.
Desde hace 13 meses, la pregunta de quién era el encargado de pagar este ático se ha mantenido en vilo. Ahora, Amador ha revelado el precio del alquiler tras las preguntas de la jueza, María Inmaculada Iglesias. Durante sus más de dos horas de declaraciones, el interrogatorio ha abordado los diversos delitos de fraude fiscal de los que se acusa a Amador.
Ayuso contra las asociaciones LGTBI+
Este miércoles el Tribunal Constitucional ha eliminado una parte de la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid que limitaba las capacidades de las asociaciones para defender a víctimas de delitos de odio en un proceso penal.
Esta ley de Ayuso junto a la Ley Trans es una de las dos normas de la Comunidad de Madrid que han sido investigadas en los tribunales por considerarse como una regresión en los derechos de la comunidad LGTBI.
Esta ley, sometida a modificaciones posteriores con el fin de evitar los recursos en los tribunales, impedía la capacidad de acción de las asociaciones en favor del colectivo para personarse en juzgados como acusación popular, “incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explicito”.
Ahora, el Constitucional, con el voto en contra de magistrado conservador, José María Macías, ha decretado que la Comunidad de Madrid ha invadido competencias estatales que no le pertenecen y sin justificar “ninguna concreta particularidad del Derecho sustantivo autonómico que pudiera justificar la aprobación” de la medida.
El pasado franquista de la Puerta del Sol
El Tribunal Constitucional se ha mantenido ocupado esta semana con los recursos presentados en relación a la presidenta madrileña. Este martes se ha suspendido de manera cautelar la estrategia de Ayuso que pretendía evitar que el Gobierno pueda recordar la Real Casa de Correos, sede regional del PP madrileño, como uno de los epicentros de la tortura policial franquista.
Díaz Ayuso chocó con el Gobierno cuando se negó a negociar con el Ministerio de Memoria Democrática la colocación de una placa en la Puerta del Sol que recordara el pasado del edificio como albergue de la tortura franquista. El Constitucional ha admitido ahora el trámite que declara la inconstitucionalidad la modificación legal con la que la Comunidad de Madrid pretendía obstaculizar la colocación de la placa.
Los choques entre los Ejecutivos regional y central arrastran ya un largo camino que se extiende desde hace meses sobre el pasado franquista de la Puerta del Sol. El pasado mes, el mismo tribunal ya admitió un tramite por la iniciativa judicial de Ayuso contra la declaración de la sede de su Gobierno como “Lugar de Memoria Democrática”.
Denuncia por los protocolos de la vergüenza
El Partido Socialista madrileño ha interpuesto este jueves una denuncia ante la Fiscalía contra el Ejecutivo de Ayuso por limitar la hospitalización de los mayores que vivían en las residencias durante la pandemia de COVID en 2020. La medida que llega con un retraso de cinco años pretende dictaminar si la presidenta regional incurrió en prevaricación al elaborar los llamados “protocolos de la vergüenza”, unas directrices hospitalarias que descartaban el ingreso de los ancianos procedentes de las residencias con el fin de evitar un colapso sanitario.
Este informe del PSOE-M llega tras semanas de tensión en la Asamblea de Madrid entre las familias de las víctimas y la lideresa popular. Estas tensiones vivieron su cenit a mediados de marzo, cuando RTVE programo la emisión del documental '7.291', que muestra los testimonios del horror vivido por los familiares de las víctimas de las residencias.