Los profesores de la Comunidad de Madrid a todos los niveles salvo el universitario llevan en huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre. Esta semana, también este nivel se sumaba a las reivindicaciones en forma de parones.
Las peticiones de unos docentes y otros se diferencian, aunque en ocasiones sea mínimamente, en algunas cuestiones, pero coinciden en el fondo del asunto: su sector, acusan, está infrafinanciado. Además, los educadores acusan las ratios (volumen de alumnos por clase), el exceso de burocracia o el salario que perciben, siendo generosos ajustado, sobre todo si se tiene en cuenta el coste de vida de Madrid.
Cortes de carreteras, encierros o irrupciones televisivas
La marea verde ya no sabe cómo hacerse oír. Esta semana, varios profesionales han cortado la A-42, llevado a cabo concentraciones, irrumpido en Telemadrid, la cadena pública madrileña, e incluso encerrado en la Consejería de Educación con un único objetivo: que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se siente a negociar con ellos.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acusado que la huelga es “insensata” y las reivindicaciones de los trabajadores “inasumibles”, y sigue negando el diálogo al Comité de Huelga. En los últimos días volvía a responder a los profesores, en este caso, con motivo del encierro. “No ejercen el legítimo derecho a la huelga, ejercen la delincuencia con prácticas mafiosas”, indicaba Zarzalejo. “La protesta es un derecho. El vandalismo es delito (…) Y no, no son ‘docentes’, sino correas de transmisión del Gobierno”, dictaba también la presidenta madrileña.
Delincuencia con prácticas mafiosas
Los profesionales lamentan sentirse insultados y dicen que las condiciones sí que son perfectamente asumibles, en contra de lo que defienden desde la administración Sol, poniendo como ejemplo otras comunidades autónomas. “Si no se puede cumplir con todo, que la otra parte acceda a una reunión en la que nos explique qué cosas sí y cuáles no”, señalaba una persona en huelga en declaraciones a este periódico en el trascurso de la semana.
Familias y profesores se reunían el jueves pasado en asamblea en un instituto público de Vallecas, donde se encerraron para pedir esa negociación, y fueron desalojados, según denuncian fuentes sindicales a este periódico. Estas acciones, reprochan, se llevan semanas produciendo. De hecho, un eje de las protestas está orientado contra la “represión policial y política” que profesorado y alumnado viene sufriendo desde prácticamente el inicio de la huelga. En este escenario, la Policía Nacional detenía a un participante de las concentraciones de estos días por “desobediencia y resistencia”, aunque los manifestantes tachaban la detención de “violenta”.
“Necesitamos muchos más recursos para atender a nuestro alumnado, mejorar las condiciones de la educación pública y del conjunto del profesorado”, sostenían los profesores desde Vallecas. “Nuestra obligación es que los derechos de nuestros hijos e hijas se cumplan”, apuntalaban desde la portavoz de las familias. “Zarzalejo siéntate, cumple con tu función y resuelve este conflicto”, lanzaban.
Zarzalejo, cumple con tu función
A la lista de acciones hay que añadir marchas, piquetes informativos y asambleas recurrentes o la creación de una caja de resistencia que permita mantener la huelga y la supervivencia económica de quienes la secundan.
El personal de las seis universidades públicas se sumaba los días 4 y 5 de noviembre a las manifestaciones, confluyendo junto al resto de compañeros a movilizaciones. A las reivindicaciones hay que añadir la presencia de las educadoras 0-3, quienes sembraron la semilla de la lucha educativa, y cuya batalla mantienen desde hace medio año.
Negativa a negociar
Mercedes Zarzalejo volvía a expresar en las últimas horas su negativa a reunirse con el comité de huelga. La justificación de la consejería de Educación pasa porque ya existen mesas de negociación formales abiertas con las organizaciones sindicales sectoriales.
La responsable educativa mantenía, coincidiendo con el encierro de nueve profesores en las instalaciones de la Dirección General de Recursos Humanos del departamento, que “no se puede negociar con quien no quiere negociar”.
Durante esa comparecencia, Zarzalejo aseveraba que la huelga tiene un carácter “político, revolucionario e interesado” y acusaba a los convocantes de convertir una movilización educativa en una “campaña de confrontación callejera contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid”.
El gobierno de Ayuso defiende que viene negociando con los sindicatos el seguimiento del acuerdo sectorial acordado en 2025 y que se mantendrá vigente hasta 2028 en relación con la jornada lectiva y el número de alumnos, así como las condiciones para el futuro reconocimiento de la carrera profesional.
En cuanto a las universidades, recuerda el acuerdo entre Comunidad de Madrid y rectores que desde las plataformas universitarias critican. Según el texto, las universidades obtendrían 14.790,7 millones de euros entre el periodo 2026-2031. “Celebraban que por fin existe un plan plurianual, de cinco años, en el que se sabía el dinero del que disfrutarían las universidades (…) Cuando la realidad es que la región no va a subir todo lo que apareció en el acuerdo porque una parte muy importante de ese montante no lo pone la Autonomía”, decían desde la otra parte.
Con esta percha, las voces que salen a la calle por la educación pública de Madrid mencionaban también los presupuestos anunciados a finales de octubre por la Comunidad. Quienes han llamado a la huelga miran hacia el conocido como programa María Goyri o las subidas salariales que “no son para mejorar la universidad”. Además, emitían, “se desploma una compensación que realiza la Comunidad de Madrid a las becas y ayudas que dan las universidades”.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.