La Comunidad de Madrid puede resultar un territorio hostil si tu intención es conseguir una cita médica antes de superar o claudicar ante la enfermedad, ejercer tu derecho a abortar en la atención pública o encontrar una vivienda de más de 20 metros cuadrados que no te suponga casi el 100% del sueldo. Sin embargo, si estás o has estado vinculado al Partido Popular (PP) los caminos de la tierra de la libertad se abren ante ti. Ni qué decir si te desempeñas en el ámbito sanitario.
La familia y la pareja de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, domina a la perfección esta realidad. Igual que Rafael Catalá, ministro de Justicia durante el Gobierno de Mariano Rajoy y actual consejero del Grupo VIVO, que ha visto como la empresa para la que trabaja se lleva una de las externalizaciones más golosas de la Comunidad. El hijo de Catalá, además, se desempeña actualmente como diputado del PP de Madrid y su hermana aparece en los chats de Juan Vicente Bonilla, capitán de la UCO clave en la trama hidrocarburos.
En definitivas cuentas, todo queda en casa. Y por más evidente que pueda parecer el proceder, en la capital impera la tranquilidad del que sabe que la Justicia no se entromete en los asuntos de la corte. La UCO se despista con informes solicitados hace meses, casualmente referidos al novio de la presidenta, y los jueces incurren en errores de plazos en causas de prevaricación, por azar centradas en una adjudicación de José Luis Martínez-Almeida al periódico de Eduardo Inda.
Si bien el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no pierde la esperanza. Quizá por ser de Valladolid, desconociendo los entresijos de la Villa. Solo esa falta de conocimiento, o quizá una piza de malicia, pueden haber llevado al socialista a solicitar que el juez Juan Carlos Peinado, el del error de plazos en el caso Almeida-Inda, que investigue la última externalización de Ayuso en favor de la empresa donde trabaja Catalá. Ni que fuese esto la Complutense y el exministro la mujer de un presidente del Gobierno.
“Que no se entere Peinado”, ha comentado el titular de la cartera de Transportes sobre la externalización de las ecografías que se realizan en el hospital más importante de la Comunidad, el de La Paz. Unos cuantos miles de euros que la clínica VIVO Pio XII percibirá ante la incapacidad de medios del centro público para prestar el servicio, según traslada el propio Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Y es que Puente no ha caído en que, pudiendo echar una mano a un amigo, quién va a querer mejorar y dotar la sanidad pública.