Habrá huelga. UGT, CCOO, CGT y CNT presentaron durante esta semana a la autoridad laboral la llamada a la protesta que tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre. Las principales motivaciones con las que la convocan son sus reclamaciones de aumentar los presupuestos del sector educativo, poner freno al avance del proyecto autonómico de ley de universidades, así como también piden la dimisión del consejero de Educación, Emilio Viciana. Esta movilización se convoca en el ámbito universitario, si bien también coincide con un momento en el que los sindicatos están denunciando la insuficiente cantidad de plazas para estudiar grados de FP en centros públicos.
Denuncian falta de inversión y represión al derecho de manifestarse
Por un lado, la huelga de los centros universitarios ha sido planteada para los seis espacios públicos con los que cuenta la Comunidad de Madrid: Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y de Alcalá de Henares. La protesta movilizará a sus plantillas, reuniendo al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), tanto funcionario como laboral y eventual.
Los motivos por los que los sindicatos promueven la movilización son claros, al hallar una notable necesidad de elevar el presupuesto de las universidades públicas. Según exponen, se deben abordar las partidas económicas dedicadas al ámbito universitario, planteando que estas deben aumentarse hasta cubrir el déficit y alcanzar el 1 % del PIB regional. Así, hablan también de poner fin a "los recortes arbitrarios” por parte de los rectorados.
A nivel del gobierno autonómico, también reclaman la paralización del proyecto de ley de universidades de la Comunidad de Madrid (LESUC), el cual plantea distintos puntos que están provocando controversia. Por ejemplo, se plantean multas muy elevadas para manifestaciones o protestas no autorizadas en los campus, un modelo de financiación que no se halla sólido por parte de estos centros educativos o que se produce una invasión en las competencias estatales o universitarias que puede debilitar la autonomía de las universidades, entre otras situaciones. Puntos como estos han provocado que sindicatos y actores universitarios señalen que la ley, en vez de modernizar el sistema universitario y reforzar lo público, reproduce modelos que ya estaban obsoletos o no se atreven a cambiar lo esencial.
Un conglomerado de motivos por el que, a su vez, se está solicitando la dimisión del responsable de Educación en Madrid, Emilio Viciana, a quien reprochan que desde su Consejería se esté dando lugar a una represión y recorte de derechos fundamentales de reunión y manifestación.
Una falta de plazas en la Formación Profesional pública que beneficia para la privada
La manifestación ha sido convocada en el ámbito universitario; sin embargo, coincide en el tiempo con un enfrentamiento entre Comisiones Obreras (CCOO) y la Comunidad de Madrid en el que cada una de las partes posee una visión distinta de la oferta de plazas en los centros públicos de Formación Profesional. Cifras opuestas las que dan, pues mientras el sindicato indica que 62.191 jóvenes no pudieron conseguir plaza, el Gobierno madrileño señala que sobraron 5.000.
Los números que otorga CCOO proceden del la última investigación que han realizado para el informe que preparan desde hace cinco años. Según el mismo, son un 29% más de jóvenes, respecto al año anterior, los que se han quedado sin plaza para cursar alguna de las opciones que ofrece la FP, que posee gran demanda a día de hoy debido a su alta empleabilidad.
Según los datos oficiales, este año la FP en la Comunidad de Madrid cuenta con más de 188.500 alumnos, lo que representa un aumento de 10.000 estudiantes respecto al curso anterior. Si bien, CCOO subraya que la oferta pública no ha aumentado al ritmo de la demanda, pues desde el sindicato exponen que la red pública ha reducido el número de grupos de formación de 1.791 a 1.733, lo cual supone una caída cercana al 3,5 %.
En el análisis diferenciando que realizan por niveles educativos, el sindicato estima que en el FP de Grado Medio cerca del 70 % de quienes se presentan quedan sin plaza, unos 26.021 jóvenes, y en el FP de Grado Superior el porcentaje se sitúa también en torno al 69 %, 34.485 jóvenes. Además, las 5.000 plazas que no han sido cubiertas, según señala la Comunidad de Madrid, no han encontrado la matriculación de estudiantes debido a que algunas especialidades presentan tasas de no admisión superiores al 90 %. Estas podrían ser, por ejemplo, “Redes y estaciones de tratamiento de aguas” (90 %), “Montaje de estructuras e instalaciones de sistemas aeronáuticos” (94 %) en Grado Medio. En FP Básica, un 36 % de los aspirantes, 1.685 jóvenes, tampoco lograron acceder a plaza pública.
El informe alerta acerca del aumento de la matriculación en la enseñanza privada, condicionado por esta situación. Se señala que casi la mitad de los alumnos de FP están matriculados en centros privados, lo que a su juicio puede incrementar la desigualdad al quedar los estudiantes con menos recursos fuera de ciertos ciclos más demandados. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid sostiene que trabaja para ajustar la oferta formativa a los perfiles más demandados por el mercado laboral y por zonas geográficas, aunque admite que hay ciclos en los que han quedado vacantes.
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