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La Comunidad de Madrid ha aprobado su Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), la apuesta de Isabel Díaz Ayuso para dar respuesta a la crisis de vivienda que arrasa la región y a sus ciudadanos. Los adeptos a la presidenta regional han ensalzado los efectos que tendrá la nueva norma y han asegurado que es el camino que Alberto Núñez Feijóo seguirá si llega a la Moncloa. El modelo es el de siempre: construir mucho, donde sea y sin apenas controles. Los principales beneficiados también: grandes empresas, promotoras y constructoras que ahora contarán con la figura de "agente urbanizador".
El afán constructor de Ayuso, puerta de entrada para el capital privado, no respetará ni tan siquiera la propiedad privada de los madrileños, que sin embargo considera intocable cuando se plantea enajenar viviendas a fondos buitre y mega propietarios para dotarlos de un uso habitacional al servicio de los más vulnerables. La Comunidad de Madrid podrá expropiar en favor de empresas privadas, así lo recoge el texto de su nueva ley. Además, serán los propios promotores los que podrán plantear un desarrollo que requiera esta necesidad de ocupación y la Administración solo tendrá que dar el visto bueno.
El articulado de la LIDER es enrevesado, pero el esquema sencillo. Una promotora privada presenta un proyecto urbanístico; la Consejería competente tramita la declaración de interés regional correspondiente, que ni siquiera es necesaria si el proyecto se acoge a un a la Estrategia Territorial o a un Plan de Alcance Regional que, a su vez, puede ser presentado por la propia promotora; el Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Alance Regional, que lleva implícita la declaración de utilidad pública y de necesidad de ocupación, es decir, capacita “para la expropiación de los bienes y derechos que resulten afectados y sean necesarios para su ejecución”.
Así consta en los artículos de la Sección 3ª (Procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de los proyectos de alcance regional) del Capítulo II (Actuaciones de interés regional) de la LIDER. En las secciones previas, se vertebran los mecanismos. “La Comunidad de Madrid tendrá a todos los efectos la condición de Administración actuante en el desarrollo de las actuaciones públicas que le competen”, expone el texto, si bien puede conceder a otros, incluyendo “personas privadas, físicas o jurídicas", el “el desarrollo de la gestión y ejecución”.
Estas actuaciones se vertebran en “Proyectos de Alcance Regional”, que “ordenan y diseñan”, a su vez, las “Zonas de Interés Regional” identificadas en la “Estrategia Territorial o Planes Territoriales”. Es más, se incluyen también las no identificadas si estas han sido declaradas como tal. En estas zonas se podrán levantar, a parte de construcciones normales para le desarrollo urbano y de dotación de servicios, viviendas con algún régimen de protección pública, sin definir cuál y una amplia gama de empresas como macrogranjas, centros de datos y otras con actividades que perturban a los vecinos.
"Instalaciones para el desarrollo de actividades económicas que tengan por objeto la investigación, la producción, el tratamiento, la distribución y la comercialización de bienes y servicios” y “proyectos que supongan la implantación de actividades económicas que revistan interés por su relevancia en la creación de empleo, por la inversión que comporten o por la creación de riqueza para la región”, las califica la Comunidad de Madrid. Y, como no podía ser de otra manera, el proyecto que las contenga lo podrá elaborar, promover y ejecutar la Administración o “las personas privadas, físicas o jurídicas”.
Expropiar para entregar al promotores privados
“La aprobación por el Consejo de Gobierno de un Proyecto de Alcance Regional llevará implícita la declaración de la utilidad pública y de la necesidad de la ocupación para la expropiación de los bienes y derechos que resulten afectados y sean necesarios para su ejecución”, recoge la literalidad de la ley. Y, una vez más, “podrán ser beneficiarios de la expropiación” las instancias públicas o “los promotores, así como las entidades urbanísticas colaboradoras, en su caso, constituidas”. Por si fuera poco, la aprobación “habilitará a la construcción y puesta en funcionamiento de las obras, sin necesidad de ningún título habilitante urbanístico adicional”.
Es decir, la aprobación del proyecto legitimará inmediatamente la ejecución de las actuaciones. Además, los Ayuntamientos no pueden quejarse y pierden autonomía, pues “las determinaciones contenidas en los Proyectos de Alcance Regional aprobados definitivamente vinculan de forma directa y producen efectos en los instrumentos de ordenación urbanística municipal de los municipios afectados” y su aprobación supone “la incorporación de la ordenación en él prevista a los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes de los municipios afectados, sin necesidad de su modificación”.
Todo esto pasa por encima del madrileño propietario del terreno, aunque luego la empresa que lo reciba no haga su trabajo, que pude delegar. “Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Alcance Regional, el promotor queda obligado a su ejecución completa y puesta en funcionamiento. Si fuera necesario para asegurar la correcta ejecución del proyecto, el interesado podrá solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para que otra persona lo sustituya por completo”, consta en la ley, dejando una vía de escape al promotor.
Agente urbanizador
La ley de la Comunidad de Madrid introduce también la figura del agente urbanizador responsable de ejecutar una actuación urbanística sujeta a programa de actuación integrada aprobado. Esta figura, con la que se denomina a empresas privadas que se encargan de financiar el programa, contratar las obras, soportar el coste de urbanización, asumir la adquisición de los terrenos y promover las edificaciones y actividades privadas, ha sido muy polémica por los amplio beneficios obtenidos por el beneficiario de la denominación, a costa del perjuicio para el ciudadano afectado.
Sin ser dueños de los metros cuadrados pueden tener la capacidad de obligar a los propietarios a ceder parte o asumir derramas relacionadas con las obras. Si el propietario se abstiene de participar en la reparcelación se contempla la expropiación acordada o forzosa, que es abonada por el agente urbanizador, con el visto bueno de la Comunidad, y que muchas veces se paga a precio de suelo rural (muy inferior al urbano). Además, también han sido conocidos por intercambiar adjudicaciones a empresas vinculadas por la falta de auditoría.
Unas prácticas posibles gracias a la no asunción de responsabilidades por parte de la Administración. Esto, unido a la capacidad empresarial de presentar los propios Proyectos, ha derivado históricamente en actuaciones sobre suelo rural recalificado que acaban por ser macro urbanizaciones con casas de lujo y campos de golf que carecen de una demanda real y buscan obtener plusvalías urbanísticas, alimentando la crisis de la vivienda. Una consecuencia directa de que la Comunidad delegue en un actor privado con ánimo de lucro, maniatando a los Ayuntamientos, funciones casi públicas.
Competencia municipal cercenada
Los Planes Estratégicos Municipales no podrán frenar lo que decida el Ejecutivo de Ayuso, pues todas las determinaciones que se le reservan “pueden ser modificadas por los planes ejecutivos”. Esto se traduce, como explica a El Plural Juan Varela-Portas, diputado de Más Madrid, en una afectación directa a “elementos básicos de las redes generales, conjuntos patrimoniales, estrategia de vivienda, actividad productiva, dotaciones, infraestructuras y movilidad sostenible, zonas de interés municipal, ámbitos de ordenación especial, nueva urbanización en suelo rural, renovación urbana o redes locales.
Además, también existe en todo este articulado un riesgo medioambiental que, a su vez, se traslada a las personas en un tiempo de accidentes climatológicos cada vez más virulentos. La Comunidad, este mismo verano, ha sufrido el duro golpe de los incendios y, el diputado de Más Madrid tiene claro que estos preceptos y falta de controles los agravan. “No van a construir (los agentes urbanizadores) pegado al casco urbano, sino a un kilómetro, provocando un urbanismo disperso y de casas grandes, haciendo que la interfaz urbanoforestal esté en zona de riesgo de incendios”, advierte.




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