El entorno personal y político de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra bajo la lupa judicial, pero la lentitud de operación de los Juzgados y de las unidades de investigación es una baza que juega a su favor. La dilación de los procedimientos es evidente, por ejemplo, en el informe sobre su pareja, Alberto González Amador, que fue encargado hace más de 200 días a la UCO y del que aún no se tiene rastro alguno, en los juicios a los responsables de los 'protocolos de la vergüenza', a los que dirigentes como Carlos Mur han pospuesto sus declaraciones hasta cinco veces, o en casos como los que protagonizan Ana Millán o Alfonso Serrano.
La pareja de la presidenta, el empresario y comisionista Alberto González Amador, lleva imputado por fraude fiscal y falsificación de documentos casi dos años, y el juicio parece que se demorará hasta 2027, mientras otra investigación echa a andar contra él por corrupción en los negocios y administración desleal. En el plano político, la número tres en el PP de Madrid, Ana Millán, está acusada de hasta cuatro delitos de corrupción desde 2022 y el próximo hito de la causa está fijado para dentro de cinco meses, la mano derecha de Ayuso, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, figura como testigo en una causa donde los indicios se acumulan contra él desde hace 17 meses y cuya declaración se ha aplazado ya en tres ocasiones.
Horizontes judiciales convulsos
Contra el novio de la presidenta pesan las evidencias del informe de Hacienda que le siguió durante 19 meses y encontró dos fraudes al fisco en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas para llevarlos a cabo. El empresario defraudó 350.000 euros, una cantidad inferior a los 600.000 euros por lo que la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Pena y no la Audiencia Provincial quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la que enfrenta la Audiencia Provincial, lo que hace que los procedimientos se demoren significativamente y el retraso pueda llegar, convenientemente, hasta después de las elecciones autonómicas previstas para 2027. La defensa, por su parte, tampoco tiene prisa: los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario, se presentaron en junio, y se dio a la defensa un plazo de diez días para emitir escritos. Amador tardó un año en declarar como investigado y en varias ocasiones recurrió a compromisos laborales como excusa para retrasar sus declaraciones.
Por su parte, Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, está imputada desde 2022 por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal en un juzgado de Navalcarnero. La investigación deriva directamente del caso Púnica, con indicios tan antiguos como 2016. En 2020, la Audiencia Nacional derivó a un juzgado local los indicios que aparecieron en la macrocausa de corrupción del PP y dos años más tarde pasó a tener la condición de investigada. Ella, su hermana y su marido se habrían beneficiado, presuntamente, de más de 200.000 euros de un empresario que había sido adjudicatario de contratos públicos correspondientes a la Concejalía de Juventud, que dirigió Millán antes de convertirse en alcaldesa de Arroyomolinos. La imputación no le impidió ascender en el partido de mano de Isabel Díaz Ayuso, quien la situó en un puesto en la lista autonómica del PP y, por ende, se convirtió en aforada.
La segunda jueza que se hizo cargo de la investigación, no obstante, tuvo que desprenderse del caso en favor de un instructor del TSJ que no comparte el criterio de la jueza de Navalcarnero, de la Fiscalía ni de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que, por tanto, no ve indicios de ninguno de los cuatro delitos. Ese magistrado es Juan José Goyena, el mismo que envió al Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por una nota de prensa sobre el novio de Ayuso que luego el Alto Tribunal consideró que no era constitutivo de delito. La actual jueza, tercera del caso, ha recordado que su juzgado es de instrucción y primera instancia, lo que provoca una carga de trabajo enorme que demorará un procedimiento tan delicado como es la exposición razonada contra un aforado.
Serrano, testigo con meses de indicios
Otro de los lugartenientes de Ayuso con horizontes inciertos es Alfonso Serrano. El brazo derecho de Ayuso está citado como testigo en la imputación contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de una nota interna de la Policía Municipal con la que intentaron sostener la afirmación, sin pruebas, que los migrantes internos en un centro de la localidad "estaban cometiendo agresiones sexuales". La Fiscalía reconstruyó la revelación de secretos y la Audiencia Provincial de Madrid ya ha dado por acreditada la participación de Piquet, que estará acompañada de la testifical de Serrano, que compartió en su cuenta de X el pantallazo de la nota. Como en el resto de casos, las declaraciones se han demorado significativamente. El abogado de la alcaldesa ha logrado ya aplazarla hasta tres veces por citaciones de otros clientes: la magistrada de Alcalá puso la declaración de Piquet y Serrano el 9 de marzo a las 17:00 horas, en un movimiento inusual, ya que las tomas de declaración fuera de la mañana son muy extrañas. El letrado alegó que no podía acudir porque tenía una cita en Pontevedra, estableciendo como nueva fecha para el lugarteniente de Ayuso el 15 de abril por la tarde. De celebrarse, habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración a Serrano.
Por otra parte, tampoco se ha celebrado un cotejo de las pruebas de la revelación de secretos, clave en los mensajes aportados por el jefe de la Policía Municipal. Las diligencias pendientes podrían conllevar la imputación de Alfonso Serrano, que ha estado especialmente en el ojo del huracán durante las últimas semanas, junto a la propia Ana Millán, tras la denuncia interna por presunto acoso sexual contra el alcalde de Móstoles. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Serrano también sería responsable de un delito de revelación de secretos.