El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se presenta como “víctima” del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su causa por fraude fiscal. Su defensa ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, en el que su cliente denuncia de forma reiterada la una vulneración de sus derechos fundamentales de defensa y a la presunción de inocencia por la filtración de datos que sufrió por parte de Ortiz o alguien de su entorno, según la polémica condena -y posterior sentencia- que tuvo lugar el pasado mes de noviembre.
El documento, al que ha accedido este periódico y adelantaba a primera hora la Cadena Ser afirma que se han “pervertido” los mecanismos legales “hasta ser sustituido por el delito”, algo que “jamás ha conocido en España ni en ningún Estado democrático de derecho”.
A pesar de haberlo reconocido previamente para llegar a un acuerdo, ahora la pareja sentimental de la presidenta niega haber cometido delito alguno. Reconoce, eso sí, haber defraudado, pero poco. La cuota del delito debe superar por año los 120.000 euros y él habría defraudado cerca de 106.000.
En este sentido, apunta a las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de los socialistas, Óscar López, así como las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En su negativa, también indica en el último documento que no elaboró facturas falsas. Al contrario, asegura que todas son reales y rechaza que David Herrera y los hermanos Cariillo Saborido ejecutaran una factura falsa para aminorar su base imposible y poder destinar menos dinero a la Agencia Tributaria.
Sin embargo, el empresario sevillano ha sido recientemente condenado a tres años de cárcel por la Audiencia Nacional, justo por estafar fondos de la misión de la Unión Europea en Somalia.
Condena reciente
En la operación por la que el compañero del novio de Ayuso era condenado obtuvo 70.000 euros de subvención europea de manera fraudulenta. Fue detenido el pasado mes de enero en Sevilla para que acudiese a la Audiencia Nacional por esta causa, a pesar de haber sido citado previamente en cuatro ocasiones.
La cuantía perjudicada pertenecía a la Misión de la UE en el país africano para el desarrollo de sus capacidades, dedicada a ayudar a la Policía Federal Somalí y otras autoridades de Somalia a aplicar la ley y reforzar la seguridad marítima de sus fronteras.
El empresario llevó a cabo la operación en diciembre de 2022, cuando se hizo pasar por agente proveedor de servicios de equipos médicos y laboratorios como un enviado de Bruselas. Por ello, envió un correo electrónico con el que pedía que la transferencia se le realizase de una cuenta bancaria distinta que él controlaba.
De este modo, obtuvo información que le dio vía libre para cometer el fraude de un tercer desconocido. Con esa operación ganó más de 69.000 euros por la vía fraudulenta en enero de 2023.
Así las cosas, además de la pena de prisión que reclamó el órgano europeo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también le ha impuesto una multa de 3.000 euros y el reembolso de la cantidad obtenida ilegalmente.
Cantidad desmesurada
En otro orden de cosas, en los últimos días salía a la luz la cantidad que el que fuera fiscal general del Estado tendría que abonar como costas del juicio. Nada menos que 80.000 euros que contemplan los gastos del abogado y procurador.
Más concretamente, la procuradora de García Ortiz pasó unos gastos de más de 1.500 euros, mientras que la defensa de González Amador situó estas en más 78.000 euros, una cifra que supera casi en 15.000 euros los gastos que el letrado consignó en el escrito que presentó en el Alto Tribunal y que cifró en 65.000 euros contemplando el IVA. La decisión no es firme. De hecho, el exfiscal presentó recurso.