Hace una semana, ElPlural.com informaba del veto que estaba llevando a cabo la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, a quienes intentaban acceder al hospital Enfermera Isabel Zendal, concretamente al Centro de Atención Diurna para enfermos de ELA.
La parte damnificada, por medio del portavoz de Sanidad del PSOE de Madrid (PSOE-M) en la Asamblea, Carlos Moreno, afeaba a la región que estaba vetando la entrada a quienes querían acceder al interior del centro, presumiblemente para que no vieran que cinco años después el hospital que iba a “sorprender el mundo” sigue siendo poco menos que un solar -sin UVI, quirófanos ni suficientes profesionales- y que el área diurna de ELA no es una cortina de humo para esconder esa realidad.
Sin embargo, la censura no se limitaría únicamente al aspecto sanitario, sino que la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Madrid, con el beneplácito de José Luis Martínez-Almeida, tampoco estarían permitiendo a la oposición ir a colegios presuntamente deficientes.
Puente de Vallecas, Carabanchel o San Blas, los más damnificados
María Caso, portavoz de Educación de los socialistas en el Consistorio de Cibeles asegura que la región y la ciudad les “impiden acceder a varios colegios públicos a pesar de intentarlo a través de varias visitas institucionales”. “Lo hemos solicitado dentro de las competencias que tenemos los ayuntamientos en materia de conservación y mantenimiento”, dice dejando claro que lo han pedido formalmente.
De hecho, la política se refiere a algunos centros concretos de Puente de Vallecas, Carabanchel o San Blas. “Lo hemos intentado, pero la dirección de los centros nos indica que desde la dirección del área territorial de Madrid ciudad, de la Consejería, les han impedido que podamos acceder”.
Pese a los intentos, la formación que a nivel nacional lidera Pedro Sánchez deja claro que van a continuar “exigiendo” que puedan hacer su “trabajo de fiscalización de las labores de mantenimiento y conservación que hace el ayuntamiento”, así como el resto de obras que se estén desarrollando. “Por este motivo hemos solicitado a la Consejería, pero llevamos varios meses sin respuesta, que se nos explique cuál es el protocolo para realizar esas visitas, porque evidentemente no vamos a permitir que nos sigan impidiendo el acceso a estos centros cuando constantemente estamos contando cuál es la realidad de estos centros”.
Más de la mitad de los centros no pasan la inspección
La petición del grupo socialista viene a partir de los datos que tanto ellos como sindicatos con los que también ha hablado ElPlural.com manejan y que contemplan que el 52% de los centros que se encuentran localizados en la ciudad arrastran problemas sin resolver en materia de infraestructuras. Más en detalle, los estudios apuntan a problemáticas relacionadas con goteras, humedades, aislamiento, amianto o riesgo de derrumbe.
El portavoz del sindicato CSIF, Miguel Ángel González, expone en declaraciones a este periódico que se trata de una competencia del gobierno de Almeida, pero que Ayuso se encuentra haciendo la vista gorda. ““Los centros públicos dependen del ayuntamiento de la población en la que se encuentran, y aún así la región no puede hacer la vista gorda, sino que tiene que estar pendiente porque hay personal adscrito a la Comunidad de Madrid trabajando aquí, por mucho que trabajemos en un centro que es de titularidad del ayuntamiento en el que esté”, relata.
La situación se debe a que los colegios señalados anteriormente no han pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), un control que rige cómo se encuentran las infraestructuras de los enclaves. Según los datos que manejan las partes, el escenario afecta a cerca de 70.000 alumnos. Desgranando estos datos, 2.200 niños de entre 0 y 3 años tienen la ITE desfavorable, según los datos que manejan las partes mencionadas. Las ITE son igualmente negativas en el 49% de los institutos, espacios que acogen a 33.400 alumnos, así como en el 39% de centros públicos de la capital -casi un centenar- donde superan los 33.600 niños.
En lo que respecta a las deficiencias de infraestructuras, los informes técnicos revelan problemas estructurales, deterioro en fachadas, cubiertas, fontanería y accesibilidad, lo que se traduce en riesgos para la seguridad de alumnos y del personal.
Dentro de las deficiencias más destacables destacan los falsos techos descolgados, el deterioro de bajantes y desagües, humedades y filtraciones, grietas y fisuras, así como el mal cierre de las ventanas o la falta de impermeabilización de las cubiertas.
El Ayuntamiento ha impuesto un total de más de una quincena de multas coercitivas por valor de 27.000 euros en el curso 2023-2024 a la administración de Ayuso, que es asimismo responsable de muchos centros, por incumplimiento de las órdenes de ejecución establecidas para ocho centros con ITE desfavorable.