‘Cierra tu universidad’. Con esta iniciativa, los jóvenes de Más Madrid han dado voz y forma a las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los últimos tiempos en torno a las universidades públicas de la región, las cuales sufren una situación de infrafinanciación teniendo en cuenta, en paralelo, la proliferación de los centros privados.

“El Gobierno de Ayuso tiene un plan para acabar definitivamente con las universidades públicas tal y como las conocemos”, comienzan explicando desde la formación liderada por Manuela Bergerot. De esta manera, el objetivo del Ejecutivo de la Puerta del Sol es claro: “Endeudar a las universidades que no tengan más remedio que acudir a fondos privados que lo controlen todo”.

El principal partido de la oposición a Ayuso ha hecho referencia así a las claves que nutren a la nueva ley autonómica de universidades, sobre la que consideran que “refuerza el control político sobre la autonomía universitaria, reduce la financiación estable y endurece el régimen sancionador”.

“15 años de recortes”

Según Más Madrid, las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid en su conjunto llevan sufriendo “15 años de recortes, infrafinanciación y abandono”, teniendo en cuenta a su vez los mandatos previos a Ayuso de Cristina Cifuentes e Ignacio González. De esta manera, han habilitado una página web en la que resumen estas notables deficiencias y las claves de las medidas acometidas en estos últimos tiempos en la estructura pública universitaria madrileña.

Por este escenario, denuncian que ahora hay “menos plazas públicas mientras crece la oferta privada, matrículas más caras, menos inversión por estudiante, peores condiciones para investigar o dar clase, fuga de profesorado y talento a universidades privadas; laboratorios, bibliotecas y edificios en decadencia”. En esencia, resumen que son “estudiantes que pagan más por recibir menos”.

“No es casualidad, es una decisión política de Ayuso. Quieren que creamos que la universidad pública es ‘ineficiente’ o que ‘no se adapta’. Pero la realidad es otra: Madrid es la comunidad más rica de España y la que menos invierta en su universidad pública”, denuncian los jóvenes de Más Madrid.

De esta manera, resumen en tres ejes la gestión del PP en las universidades públicas: recortes, desprestigio y privatización. “Si ya cuesta estudiar en Madrid pagando un alquiler imposible, imagina sumar una matrícula privada de 8.000 o 10.000 euros al año. Es convertir la universidad en un lujo al alcance de unos pocos”, subrayan.

Horizonte incierto

La prueba más inmediata de este escenario se da en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la cual se ha visto obligada a prolongar hasta 2028 los recortes en gastos en aras de paliar su deuda, es decir, la retención de un crédito del 35%. El déficit lleva extendiéndose desde 2024, cuando la institución académica presentó un resultado negativo de 33,19 millones de euros.

Con ejemplos como este de por medio, desde Más Madrid consideran que “el camino está trazado” aunque no sea inmediato ni próximo. “Una universidad sin recursos, sin autonomía y sin voz es una universidad que se apaga. Tu universidad no se cerrará de golpe. Se cerrará por desgaste, abandono, inanición”.

Bajo esta premisa, la formación de izquierdas en Madrid busca recopilar toda la información posible de estudiantes y personalidades que trabajen de cerca con las universidades públicas de la región en aras de construir un “mapa de la asfixia universitaria” más detallado, desde problemas en sus servicios como en el acceso a las becas.

“Rescate urgente”

Las seis universidades públicas en Madrid “están en peligro”, dado que sus rectores vienen alertando de que “la situación es crítica” y pende de un hilo “la actividad docente”. En este sentido, remarcando datos como que la Comunidad de Madrid es la que “peor financia” sus universidades, las familias pagan “los precios de matrícula más altos” y la infrafinanciación lleva prolongándose desde la crisis financiera del 2008.

Para aliviar esta situación, precisan que son necesarios 300 millones de euros de cara a los próximos tres años para garantizar “la calidad educativa, modernizar las infraestructuras, mantener precios accesibles y asegurar cualquier estudiante independientemente de su situación económica”.

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