La Comunidad de Madrid ha demandado a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y a la portavoz del PSOE de Madrid (PSOE-M) en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, por los términos en los que ambas políticas se han referido a la gestión del equipo de Isabel Díaz Ayuso en materia de residencias.
En lo que respecta a la responsable morada, el motivo por el que la región ha tomado esta decisión se corresponde con unas palabras que pronunció el pasado mes de marzo, cuando indicó que la Autonomía había hecho una “gestión homicida” de los centros de mayores durante la pandemia.
“Hemos conocido que la señora Ayuso ha vuelto a utilizar los instrumentos públicos de los que dispone a través de la Comunidad de Madrid para tratar de tapar su corrupción y su gestión homicida de la pandemia”, añadía desde el Congreso de los Diputados. Belarra está citada el próximo 26 de junio.
Por su parte, la renuncia que recae sobre Maroto obedece a los términos en los que ésta se pronunció sobre las muertes en las residencias madrileñas durante el Covid. “Sí, fueron 7291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra comunidad”, señaló en su caso refiriéndose a los denominados como ‘protocolos de la vergüenza’ que, en última instancia, implicaron que muchas personas no fueran derivadas de estos centros de mayores a hospitales.
Maroto reconoció en redes sociales que las palabras empleadas podrían no haber sido las más adecuadas, pero el gobierno de Ayuso mantuvo la demanda y la portavoz socialista en el Consistorio está citada el próximo 10 de junio.
Cabe recordar que los pasos dados en este sentido por el Ejecutivo de la lideresa regional, al menos en el caso de Belarra, pueden suponer los previos a una querella si la portavoz de Podemos no pide perdón y se retracta de sus declaraciones.
“¿Por qué no se investiga en el resto de España?”
Ante las últimas preguntas de los periodistas por su gestión, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sugerido que el Senado investigue lo que ocurrió en los centros de mayores de otros puntos de España durante la pandemia.
“¿Por qué no se investiga también a las comunidades que aplicaron protocolos por edad? ¿Por qué no a las que no duplicaron camas de hospital ni aumentaron UCIS? Cataluña, País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha... Se me ocurren unos cuantos nombres”, sugirió. “Si se quiere saber qué ocurrió, que se investigue todo”, añadió preguntando “¿qué hizo el Ministerio de Sanidad?” y “por qué algunas vidas parecen importar menos que otras”.
Tres imputados
El pasado lunes deberían haber declarado en los juzgados los autores de los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, Carlos Mur y Francisco Javier Peromingo, así como el ideólogo de la privatización sanitaria del PP, Antonio Burgueño, pero finalmente se libraron de hablar en los juzgados de Plaza de Castilla por la rúbrica de estos documentos que impidieron el traslado de personas mayores a hospitales.
Los tres altos cargos, primero imputados en la causa en la que se busca dirimir responsabilidades por lo ocurrido en los centros de mayores durante la pandemia del Covid, serán previsiblemente citados, ya que la suspensión momentánea obedecía a un error en los tiempos, según pudo saber este periódico.
El PSOE se personará en la causa como acusación popular. Algo que, según fuentes socialistas, es imperativo al considerarlo “imprescindible para apoyar a las familias de las víctimas”. “Acompañaremos a las familias hasta el final”, señalaron los socialistas, que reafirmaron así su compromiso con la memoria, la justicia y la reparación: “Lo dijimos y lo cumplimos”.
Atendiendo a la explicación de los socialistas madrileños, su personación persigue “que se investigue no solo la posible denegación de la prestación sanitaria por razón de edad”, sino también la elaboración misma de los protocolos. “Se aprobaron sabiendo que podían ser ilegales y que podían dar lugar al fallecimiento de esos mayores sin atención sanitaria”, emplazan.
