Desde el pasado mes de febrero hasta hoy, en apenas cuatro meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tratado de dar marcha atrás en leyes o medidas impulsadas por el Gobierno regional y que han despertado numerosas críticas por parte de la oposición y del conjunto de la ciudadanía. Si esta semana, la presión ejercida por los enfermos de ELA forzaba al Gobierno autonómico a retirar el copago impuesto a las subvenciones, durante los últimos meses el Ejecutivo de Ayuso ha hecho también lo propio en otras materias como con la Ley de Universidades o el Plan Estatal de Vivienda.

"Por suerte, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han encontrado la solución técnica y jurídica para poder pagar íntegramente las prestaciones económicas en nuestra región”, anunciaba este miércoles el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. Sin embargo, lo que desde Sol atribuyen a un logro de los "servicios jurídicos", la realidad refleja que detrás de este cambio de guion hay un amplio descontento entre los pacientes graves de ELA que alzaron la voz contra el Ejecutivo regional poco después de conocerse que -inicialmente- iban a aplicar el copago.

En unas conversaciones a las que pudo acceder El País, los enfermos de ELA se mostraban notablemente enfadados por la decisión tomada por el Ejecutivo regional con la que aplicaban una rebaja de hasta el 40% sobre la subvención cercana a los 10.000 euros aprobada en la ley y ratificada en el Congreso de los Diputados. De esta forma, con este copago, los pacientes más graves pasarían a percibir una ayuda inferior a los 6.000 euros. Pese a que hora, con este giro, desde Sol celebran que sus servicios jurídicos hayan logrado que estos pacientes reciban la totalidad de la ayuda, al anunciar en un principio que aplicarían el copago, desde el Ejecutivo de Ayuso volcaron la totalidad de la responsabilidad en el Gobierno central y la Ley ELA, defendiendo que es esta norma la que permite que cada comunidad pueda decidir si aplica o no el copago.

Sin embargo, por ese mismo motivo, desde el Gobierno advirtieron de que hay muchas comunidades autónomas que han decidido no aplicarlo, como es el caso de la Comunidad Valenciana, Castilla y León o Cataluña. Además, la Comunidad de Madrid -como subrayó la ministra de Sanidad, Mónica García- es "la más rica de España". "Hemos aprobado ayudas de hasta 9.850 euros al mes y pretenden que los pacientes paguen de su bolsillo el 40%. Este es el modelo de Ayuso”, lamentó la responsable del ramo.

No obstante, este cambio abrupto de decisión en las filas del Gobierno autonómico no es el primero que se da en los últimos meses. A finales del mes de abril, mientras desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez daban luz verde al paquete de medidas para abordar la crisis de vivienda, desde Sol lo tildaban de "un instrumento para recentralizar competencias". Unas palabras que cambiarían por completo de color en tan solo 24 horas. Así, apenas un día después, el titular de Vivienda y Transportes del Gobierno de Ayuso, Jorge Rodrigo, recogía cable asegurando que no habían dicho "en ningún momento" que no fueran "a asumir" el Plan Estatal de Vivienda. Tras afirmar que "está elaborado a las espaldas de las comunidades autónomas", Rodrigo pasaba a matizar: "En ningún momento hemos dicho que no vayamos a asumir ese Plan de Vivienda, lo que decimos es que se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas y de una manera errónea". "No vamos a negarnos en principio a participar y aportar la cantidad que a nosotros nos corresponde. No vamos a renunciar a ese Plan de Vivienda", zanjaba el consejero.

Al margen de todo ello, en febrero de este mismo año, el Gobierno regional anunciaba que paralizaba su polémica Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), una decisión que llegaba tras el cese del consejero del ramo, Emilio Viciana, y la dimisión en cascada de varios miembros de la consejería. De esta forma, el portavoz del Ejecutivo madrileño informaba de que la norma no saldría adelante "tal y como está redactada" en la actualidad y, pese a que "trabajar en una nueva ley no está descartado", su "prioridad" se ceñía al diseño de un nuevo modelo de financiación.

Con todo, otra decisión que, de nuevo, volvía a producirse después de la movilización, en este caso de miembros del propio Gobierno autonómico. Y es que el cese de Viciana llevó consigo una cascada de dimisiones, tanto de diputados próximos al ex consejero como también de directores generales de Universidades. Los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón anunciaron su renuncia al acta por “coherencia”, a los que se unieron los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera.

Aunque estos tres ejemplos se han dado en apenas cuatro meses, con mayor anterioridad en el tiempo también se encuentran rectificaciones. Así, en octubre de 2024 el Partido Popular (PP) de Madrid registró en la Asamblea una modificación de las reformas de las leyes trans y LGTBI aprobadas por ellos meses atrás. En un principio esta norma recogía un punto prohibido por la Ley Trans estatal que era la necesidad de que las personas que quisieran iniciar una transición tuvieran que conseguir un informe médico que acreditara el cambio. Esto y otros apartados que despertaron la polémica y el rechazo en masa de oposición y ciudadanía, llevaron a que el Ejecutivo madrileño reculara finalmente.

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