Antonio Viejo, con una dilatada trayectoria en la judicatura, será el nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, el órgano encargado de investigar el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según publica eldiario.es. El nuevo magistrado, que fue decano de los Juzgados de Plaza de Castilla y ocupó el cargo de secretario general de la Administración de Justicia durante el primer gobierno de Pedro Sánchez, accede al puesto tras un procedimiento reglado en el que se otorga la plaza al penalista con mayor antigüedad entre los aspirantes.
El magistrado, madrileño de 65 años y afiliado a la asociación conservadora Francisco de Vitoria, sustituirá a la magistrada Inmaculada Iglesias, quien se jubila de forma voluntaria por razones personales y abandonará el juzgado en los próximos días. Su nombramiento forma parte de un concurso en el que se están resolviendo varias plazas judiciales aún pendientes de adjudicar por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La asignación de la plaza es todavía provisional, ya que debe recibir el visto bueno definitivo de la Comisión Permanente del CGPJ, donde aún podrían presentarse alegaciones. No obstante, este tipo de procesos regidos por el criterio de antigüedad rara vez se modifican una vez propuestos.
Con más de treinta años como juez de instrucción, buena parte de ellos al frente del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid (entre 1997 y 2014), Antonio Viejo es una figura respetada entre sus compañeros por su compromiso con la carrera judicial y la defensa activa de los intereses de la magistratura. Esta implicación, según explican en su entorno, es lo que llevó al entonces ministro Juan Carlos Campo, a propuesta de Dolores Delgado, a contar con él para dirigir la Secretaría General de la Administración de Justicia, a pesar de no compartir necesariamente el perfil ideológico del Ejecutivo progresista.
Antonio Viejo también ejerció como decano de los Juzgados de Plaza de Castilla entre 2015 y 2018, un periodo en el que se propuso “levantar las alfombras” heredadas de su predecesor, José Luis González Armengol. Este último fue mencionado en grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo por supuestamente maniobrar para proteger a la expresidenta Esperanza Aguirre tras su huida de la Policía en un incidente de tráfico en el centro de Madrid.
Situación fiscal
La Fiscalía solicita una condena de tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.910 euros, según ha adelantado ElPaís. El empresario será juzgado por haber supuestamente articulado un sistema de facturación falsa entre los años 2020 y 2021 para eludir sus obligaciones tributarias.
El escrito de acusación, presentado por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito continuado de falsedad documental. En concreto, se pide una pena de dos años y un día de prisión por el fraude cometido en 2020, y un año y nueve meses por el correspondiente a 2021.
A pesar de la acusación, González Amador aún podría acogerse a un acuerdo de conformidad que le permita reducir la condena, siempre que se formalice antes de que arranque el juicio oral. La Fiscalía contempla además como atenuante el hecho de que ya se haya producido la reparación del daño, dado que el acusado ha abonado la cantidad defraudada.