El titular del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha acordado este jueves proponer la apertura de juicio oral contra la alcaldesa de la localidad, Judith Piquet, al apreciar indicios de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos en la investigación por la difusión de dos denuncias de agresiones sexuales que fueron relacionadas con inmigrantes. La dirigente del PP es una de las ediles de cercanía de la presidenta de la Comunidad de Madrid y, en su trayectoria política, ha protagonizado contadas polémicas que la han situado en el foco político y mediático.
De acuerdo con el auto judicial, el magistrado ha decidido transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, al considerar que los hechos investigados podrían revestir carácter delictivo, un paso que permite la continuación del proceso judicial.
La investigación, en la que el PSOE actúa como acusación popular, tiene su origen en la controversia surgida en enero de 2024, cuando Piquet sostuvo en distintas comparecencias públicas que existían dos denuncias por agresiones sexuales sin autor identificado en las que se describía al presunto responsable como “un varón negro y joven”, según informa Europa Press.
El origen de la investigación
Estas manifestaciones se produjeron después de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso presidiera un Consejo de Gobierno celebrado en Alcalá de Henares para respaldar a la alcaldesa tras los incidentes registrados entre inmigrantes trasladados por el Gobierno central desde Canarias al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) instalado en el acuartelamiento Primo de Rivera.
Durante la rueda de prensa posterior, Ayuso afirmó que en el cuartel donde permanecían alojados los migrantes se habían producido “varias reyertas graves” y aseguró que también se habían registrado “agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado”.
La resolución judicial recoge igualmente que, entre las 17.00 horas del 17 de enero de 2024 y las 9.58 horas del día siguiente, la alcaldesa habría remitido, directamente o a través del director de Comunicación del Ayuntamiento, una fotografía de un informe policial a Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, quien posteriormente difundió esa imagen en su cuenta de la red social X.
En su auto, el juez sostiene que “aparentemente, solo al nivel de indicios suficientes de la perpetración del delito previsto para el dictado del auto de incoación de diligencias previas, los hechos denunciados integrarían posiblemente la comisión de tal delito, claro está que sin perjuicio del desarrollo de las diligencias a practicar durante la fase de instrucción”.
Sol defiende a la alcaldesa
Ante este contexto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este jueves que Piquet ha dado "sobradas explicaciones" sobre las denuncias de agresiones que se vincularon a migrantes y ha defendido que el procedimiento está "todavía abierto".
Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas desde Valdemaqueda, después de que el juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha propuesto juzgar a la alcaldesa por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la de estas dos denuncias. "Todavía es un procedimiento que está abierto, que la propia alcaldesa ha dado también sobradas explicaciones sobre este asunto y se seguirán dando. ¿Saben de lo que no tenemos ningún tipo de explicación sobre este asunto precisamente? Es sobre por qué se decide instalar un macrocampamento en Alcalá de Henares", ha respondido el consejero.
Rechazo de la oposición
En declaraciones remitidas a los medios, Rodríguez ha ironizado sobre el avance de la causa judicial recurriendo a una expresión atribuida al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez: "Si empleamos el argot de Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete) va pa'lante". El dirigente socialista ha sostenido además que la filtración del documento policial sirvió para alimentar un "bulo xenófobo" y ha acusado al PP de actuar con el objetivo de proteger políticamente a la presidenta madrileña. "Todo esto se hizo para salvar a la presidenta", ha reprochado.
A razón de una de las mociones del PP con la que defendían el apoyo institucional al Poder Judicial, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los medios de comunicación ante "ataques" procedentes de miembros del Gobierno, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alcalá puso sobre la mesa la situación judicial en la que se encuentra Piquet. De esta forma, durante el pleno municipal celebrado el 16 de junio, Rodríguez defendió que quienes reclaman respeto a la Justicia deben aceptar igualmente las decisiones judiciales cuando afectan a responsables de su propio partido.
En términos similares se expresaron también desde Más Madrid, quienes exigieron la misma presunción de inocencia para todos los cargos públicos, independientemente de cuál sea su formación política.
Sin embargo, tras estas intervenciones, la alcaldesa de Alcalá tomó la palabra para responder a las alusiones de la oposición. Pese a señalar que confiaba en la jueza instructora que lleva su procedimiento, cargó contra el ex fiscal general del Estado y con la fiscal Pilar Rodríguez, a quien citó por su nombre y apellidos y cuya actuación vinculó a las informaciones aparecidas recientemente en torno al caso Leire. "¿Sabes en quién no confío? En la fiscal que instruyó el procedimiento precisamente que me atañe. La fiscal Pilar Rodríguez. La que ahora estaba en las reuniones con Leire. Qué casualidad, la fiscal que instruyó mi caso, ¿casualidades? Dejémoslo ahí", lanzaba la alcaldesa.
Las polémicas de Piquet
La principal polémica de Piquet comenzó con la llegada de migrantes al Centro de Acogida (CAED) de Alcalá de Henares. La alcaldesa criticó la falta de información del Gobierno y relacionó la crisis con un aumento de la inseguridad, en un contexto de protestas y disturbios. Ayuso respaldó públicamente su gestión.
De hecho, la mayor controversia judicial de su mandato gira en torno a la difusión de un informe policial sobre dos denuncias de agresión sexual. Piquet habló públicamente de un presunto autor descrito como "un varón negro y joven", y posteriormente un documento policial acabó publicado por el PP de Madrid.
PSOE y Más Madrid han acusado a la alcaldesa de utilizar la crisis migratoria para generar alarma social y obtener rédito político. El PP, por su parte, siempre ha defendido que Piquet solo trasladó la preocupación de los vecinos. Durante la crisis migratoria, Piquet mantuvo un duro choque con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de falta de coordinación en el traslado de migrantes y de abandonar al municipio.
La actuación del Ayuntamiento dio lugar a varias denuncias impulsadas por la oposición. El PSOE ejerce la acusación popular en la causa por la presunta filtración del informe policial y ha pedido la dimisión de la alcaldesa.
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