La cruzada de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, contra las universidades públicas no tiene contento a nadie. Prueba de ello es que también los rectores catalanes acusan la deriva del Gobierno de la capital en esta materia y critican a la lideresa ‘popular’ por su “liberalismo descarnado y desatado” -así se han pronunciado en declaraciones a El País- y su “falta de respeto” e incluso “de escrúpulos” por los entes públicos. Mientras tanto, advierten del aumento desmesurado de lo privado, donde algunos centros operan con el epígrafe de universidad sin serlo. Para esto último, han pedido al Ejecutivo que divide entre lo que puede llamarse universidad y lo que no.

La administración de la Puerta del Sol mantiene en vilo desde la última semana a la comunidad universitaria después de que el Ejecutivo autonómico finalmente cediera en un gripo de 180 grados a firmar el programa María Goyri con el que acepta recibir la financiación de Moncloa que permita contratar a más de mil profesores. Sin embargo, en los días recientes la comitiva de la baronesa del PP ha intentado maniobrar para no hacer fijas a estas personas.

Ayuso, una vez más intenta ir a la contra del resto de comunidades, incluso las capitaneadas por su partido. En este sentido, trata de eludir el pacto propuesto por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, mediante el cual el Estado se compromete a sufragar el 60% de los sueldos frente al 40% de las regiones durante seis años. Sin embargo, la consejería de Emilio Viciana pretende no hacer fijos a los docentes.

Así las cosas, vía correo, responsables de la cartera regional indican que no van a cambiar una sola coma del programa que cofinancia 5.600 plazas en todo el territorio nacional. El ministerio, tal y como publicaba esta semana el diario mencionado, recuerda que, además de que las intenciones fueron suscritas por todas las regiones, también la propia Comunidad de Madrid confirmó su voto positivo en la Conferencia General de Política Universitaria que se celebró el pasado 19 de junio. “Por tanto, esperamos que la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus compromisos adquiridos públicamente, apruebe en su órgano de gobierno el convenio en los mismos términos que lo han hecho el resto de comunidades autónomas”, emite el texto.

La universidad, en pie de guerra

La situación de la universidad pública es crítica. Marcada por una temporalidad laboral de cerca de la mitad del personal docente y una infrafinanciación que nunca ha dejado de serlo, los rectores madrileños, así como el resto de la comunidad educativa -sindicatos, etc- consideran que el hecho de que los Presupuestos de 2024 puedan incluir un aumento del 4,2% en las partidas para los centros, el porcentaje es insuficiente; por lo que reclaman una subida del 17,9% que revierta todo el daño ocasionado en los últimos años.

A una situación que no es nueva se le suma que la ley universitaria que propone la presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco escapa a la controversia, dado que, entre otras cosas, fomenta la privatización y limita el derecho a la protesta de los estudiantes.

Entretanto, desde Moncloa lamentan la falta de compromiso de la capital, que destina solo el 0,4% del PIB a la universidad, una cifra muy por debajo de la media nacional. O lo que es lo mismo, es la que menos PIB per cápita destina a este asunto de toda España.

Las quejas en esta y otra línea llegan del conjunto de los actores educativos. La semana pasada tuvo lugar una concentración que quedó secundada por los principales sindicatos (UGT, CGT, CCOO…) y para la que, sobre la mesa, sobraban las razones.

Entre los números a destacar se encuentra que la de Isabel Díaz Ayuso es la comunidad que peor financia a los centros, un 21% menos que la media de gasto por estudiante pese a ser la comunidad más rica. A ello se suman que la subida real del presupuesto para el año venidero de va a quedar en el 0,9% o que las familias madrileñas pagan las matrículas más caras para estudiar en una universidad pública.

Otro de los aspectos -y es solo uno más- de los que preocupa entra la comunidad educativa, es que el presupuesto real de la autonomía que se destina a los inversores para infraestructuras se encuentra congelado desde 2018 o que se han aprobado hasta 14 universidades privadas sin contar las que se encuentran en cartera. Todo a su vez que los centros de este ámbito cosechan varios informes en contra.