La magistrada titular del juzgado número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha citado a declarar al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador; con la novedad de que esta vez desfilará por los tribunales el próximo 10 de abril, a las 10:00 horas, como imputado por dos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Se suman a los dos delitos fiscales y la falsedad en documento porque ya figuraba en la pieza principal del procedimiento.
Así las cosas, será la sexta ocasión que González Amador recibe una citación del juzgado número 19, la primera de esta pieza separada. Y es que en las otras cinco intentonas en las que fue llamado por presunto fraude fiscal de 350.000 euros y la falsificación de facturas, pero se negó a declarar. Según avanza la Cadena SER, la magistrada acordó la creación de esta pieza separada el pasado 3 de marzo y advierte que una empresa sanitaria podría quedar perjudicada por las actividades atribuidas a la pareja de la presidenta madrileña.
En consecuencia, fue la Fiscalía, con el respaldo de las acusaciones populares tras la calificación de la compra de la empresa Masterman SL como “artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria”. Una transacción que se generó entre el entorno de la gerencia de la compañía sanitaria mencionada anteriormente con el propio González Amador, que se cerró por un total de 500.000 euros.
Una firma que, por otro lado, no cuenta con trabajadores y nació como empresa pantalla para amortiguar la cuota a pagar a Hacienda. Es decir, con un espíritu de dolo, según las primeras conclusiones de la magistrada. Por ello, la Audiencia Provincial esgrimió que “no es irrazonable” estimar la adquisición de Masterman SL. por el novio de Ayuso como una operación que “encubría el pago de una comisión ilícita”; luego lo estima un “indicio suficiente” como para contemplar la existencia de un delito de corrupción en los negocios.
La noticia implica un duro revés para la pareja sentimental de la lideresa regional, ya que hace solo ocho meses esperaba poner fin a sus problemas con la justicia con un acuerdo con la Fiscalía después de haber reconocido los delitos fiscales para evitar la pena de prisión, un acuerdo que quedó interrumpido después de que las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid solicitaran a la jueza Iglesias que considerara ampliar a nuevos delitos el oscurantismo del empresario.
A renglón seguido, la defensa de González Amador recurrió la decisión de la jueza de ampliar la investigación a la Audiencia Provincial de Madrid, que permitió la apertura de una pieza separada. Con la reciente citación, ahora la pareja de Ayuso se enfrenta a dos frentes y, en el supuesto de que terminen los dos en condena, podría entrar en la cárcel.
En el Congreso
Entretanto, el Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para que el novio de la baronesa pase por las Cortes en el marco de esta pieza separada. Los principales partidos del Gobierno de coalición hicieron valer esta semana su mayoría en la Mesa de la Cámara para calificar la iniciativa después de que Sumar retocara su redacción inicial para eliminar referencias a las administraciones autonómicas. El PP votó en contra.
La previsión desde Más Madrid es que el debate se produzca la semana que viene o, a más tardar, en la primera sesión plenaria de abril. Sin embargo, la comisión no se constituirá hasta el mes de septiembre, coincidiendo con el próximo periodo de sesiones, ya que por el momento hay dos comisiones de investigación sobre la mesa: la relativa a la denominada Operación Cataluña y otra sobre los atentados yihadistas del 17A. Además, el pleno del Congreso aprobó la semana pasada abrir otra sobre la gestión de la DANA por parte del Ejecutivo de Carlos Mazón.
Más frentes abiertos
A González Amador no le salen las cuentas por ningún lado ahora mismo. En su intento de cerrar cuanto antes la causa, aunque para ello tuviera que pisar el acelerador para declarar de forma voluntaria en la pieza separada que incluye los delitos por los que ahora ha sido imputado, el empresario se encontraba con una posible llamada a filas a Javier Gómez Fidalgo, la persona que le defendió al principio.
Este economista leonés que investigó ElPlural.com representó a González Amador cuando salieron a la luz que éste había podido cometer dos delitos fiscales y uno tercero de falsedad documental. Además, es su empresa -Babia Capital- la que está detrás del ático que el protagonista de estas líneas comparte con la presidenta de la Comunidad de Madrid en pleno barrio de Chamberí.
La razón por la que el órgano competente pide que Gómez Fidalgo declare es que la persona que opera desde León habría participado en la declaración de los ingresos que González Amador aumentó con sus presuntos fraudes. Con ello, el fiscal considera la posibilidad de que exista algo más que al prestación de unos meros servicios profesionales hacia la pareja de la política.