El centro académico de carácter privado creado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), adscrito a la Complutense y que nació con el beneplácito de la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, contará con una plantilla repleta de personalidades vinculadas al PP.
Entre sus filas destacan Pedro González Trevijano, catedrático, presidente emérito del Tribunal Constitucional (TC) y antiguo rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), aupado al tribunal de garantías en 2013 con Mariano Rajoy.
También Encarnación Roca, quien figura en el claustro del nuevo espacio y que, si bien fue elegida magistrada del tribunal de garantías a propuesta del parlamento catalán, ha virado cada vez más hacia el sector conservador. Destaca, entre otras cuestiones, por oponerse al confinamiento del primer estado de alarma.
El primero ha colaborado con la fundación FAES de José María Aznar y ejercía como rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) durante los escándalos con los másteres de Cristina Cifuentes, expresidenta madrileña, o Pablo Casado, defenestrado políticamente por denunciar los negocios del hermano de Ayuso durante la pandemia del Covid.
La segunda, por su parte, ha validado todas las decisiones del TC contra el procés catalán y fue ponente se la sentencia que levantó la prohibición de la celebración de toros en Calaluña. Sus posicionamientos lo llevaron a que no saliera elegido en 2017 para se presidenta del tribunal.
A ellos se suman Consuelo Madrigal, nombrada fiscal general del Estado por el PP, cuando el ministro de Justicia era Rafael Catalá. Su tónica habitual ha pasado por encuentros con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, o las críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre sus hits, consideró que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería haber dimitido meses antes de que saliera la condena por haber filtrado “él o alguien de su entorno” el correo en el que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, reconocía haber cometido dos delitos fiscales.
Su predecesor en la FGE, Eduardo Torres-Dulce, figura asimismo entre quienes impartirán clase en el polémico centro del ICAM. Su cargo más importante, al frente del ministerio público, lo logró cuando el ministro era Alberto Ruiz Gallardón, pero presentó su dimisión al discrepar con el Ejecutivo del momento. Cercano a la prelatura del Opus Dei, se jubiló en 2020 como fiscal de sala, pero ha seguido vinculado a algún despacho de abogados.
Por su parte, el Consejo Asesor del Centro Universitario correrá a cargo de María Emilia Casas, presidenta emérita del TC y antigua profesora de la Complutense. A más, llama la atención que ninguna universidad española, ni pública ni privada, dispone de una plantilla tan nutrida de juristas entre su profesorado de Derecho.
“La docencia debe estar en las universidades”
Hace unas semanas, el Gobierno de España interpuso un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la administración de la Puerta del Sol por permitir que el ICAM abriera este centro, adscrito a la Complutense.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ya advirtió de que “la docencia debe estar en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”, línea similar a la que siguen las organizaciones de abogados, como la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) o la Asociación Defiéndete en Derecho, que afearon la “instrumentalización” del ICAM y la universidad pública y que se pongan “al servicio de intereses particulares o de estrategias ajenas a los intereses de la abogacía”.
La oposición se pronunció el pasado mes de diciembre, cuando saltó la propuesta a la palestra, indicando que los ‘populares’ madrileños querían convertir la Comunidad en un “casino” en el que “siempre gana el mejor postor”.
Y de los detractores se extraen también, entre otros, la Fundación Madri+d, que vela por la calidad del sistema universitario de la capital. “Va en contra de los estatutos”, reconoció.