Hace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se apoyaba en el feminismo para criticar abiertamente la salida de España de Eurovisión. Esto pasaba horas después de empezar a condenar a sin paliativos las protestas que el pasado domingo derivaron en la suspensión de la última etapa de La Vuelta a su paso por Madrid.
Sin embargo, no es la primera vez que la lideresa madrileña utiliza el comodín de las mujeres -las mismas a las que abandona con sus políticas- para justificar la masacre en Gaza, a la que se niega a llamar genocidio.
Pero lo cierto es que la realidad de la Comunidad de Madrid está muy alejada de proteger a las mujeres de la Autonomía. Todo a la vez que su administradora mantiene el discurso contra Moncloa y acusa que el Gobierno de Pedro Sánchez desatiende a la ciudadanía española en su conjunto y apoya a un país en el que las mujeres están represaliadas.
Millones de euros
Hay un ejemplo de ese abandono autonómico que va más allá de los insultos contra el movimiento feminista o las ayudas que nunca llegan: los contratos que el equipo de la administradora de Sol mantiene con una entidad marcada por los abusos sexuales en el pasado y vinculada a la propia Comunidad de Madrid y otros espacios de color ‘popular’.
Se trata de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, que en los últimos meses ha conseguido la gestión de un centro de mujeres reclusas y exreclusas con o sin hijos por valor de 981.000 euros -en manos de la misma asociación desde 2018- y hacerse cargo de centros de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.
En este sentido, la Autonomía ha invertido 1.207.338 euros en el nuevo contrato del centro de violencia de género número 2; un espacio que ya gestionaba Padre Garralda y cuya contratación está impugnada por las trabajadoras (razón por la cual el proceso está paralizado desde el pasado 12 de agosto).
La entidad gestiona, en consecuencia, dos centros de violencia de género -a uno de ellos se presentó en solitario- y el otro no lo cogió nadie, con lo que la Consejería de Familia, Juventus y Asuntos Sociales terminó adjudicándoselo a dedo. Ahora lo sacan a licitación tras haberlo impugnado las trabajadoras. El montante total es de 1.842.951,00 euros por gestionar dos centros contra la violencia machista, tal y como aparece en el Portal de Contratación regional.
Relaciones con el PP a varios niveles
Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M), condena la hipocresía de Ayuso con unos hechos que califica de “muy graves” mientras se refiere al oscurantismo de estos procesos de licitación. “Para sorpresa de nadie en ambos casos solo se presentó Padre Garralda, que es la que lo ha ganado. ¿Por qué los pliegos se quedan desiertos o solo se presenta esta asociación?”, pregunta en declaraciones a ElPlural.com
Morales recuerda que se trata de una ONG “totalmente vinculada al PP”: “Su presidente era secretario de Estado con el Partido Popular, su antigua presidente -Lola Navarro-, fue directora de la Comunidad de Madrid de Asuntos Sociales y ahora es consejera en el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida”.
Al margen de la relación con el partido que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional, la diputada socialista indica que cuando Navarro era presidenta contrató al entonces concejal de la formación conservadora en Baleares, Rodrigo de Santos, cuando ya se encontraba condenado por haber cometidos abusos sexuales.
“Estamos hablando de una persona que reincidió en uno de los centros que tenía conveniados con la Comunidad de Madrid (…) Y el premio a la responsable de la organización fue que dio el salto como directora de Asuntos Sociales y después a Cibeles”, expone a este periódico.
Con fondos estatales para luchar contra la lacra machista
Así las cosas, lamenta que sobre la entidad no ha recaído castigo alguno a pesar de que la condena de De Santos ha sido ratificada por el Tribunal Supremo (TS), sino que, lejos de adoptar medidas, la administración de Ayuso sigue regándola con dinero público.
Tampoco escapa a las críticas de la voz que pone pie en pared contra estos hechos que el Gobierno de España envía dinero a las autonomías para combatir la violencia de género dentro del Pacto de Estado contra esta lacra y que la ONG se “salta la legalidad”, ya que no habría solicitado -o si lo hizo, hizo caso omiso, el certificado de abusos sexuales- el certificado: “Es una auténtica vergüenza”, concluye.