La Comunidad de Madrid lleva desde 2002 disfrutando del uso gratuito del edificio que alberga la sede principal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ahora, el Ministerio de Justicia pide al de Isabel Díaz Ayuso asumir el pago de 1,7 millones de euros anuales por el alquiler del inmueble o, de lo contrario, “abandonarlo de manera inmediata”. Así lo eleva el departamento de Félix Bolaños a la administración Sol en una carta a la que ha tenido acceso El País.
La historia del edificio del TSJM se remonta a principios del siglo, cuando el Gobierno de José María Aznar transfirió las competencias de justicia a la Autonomía, aunque el espacio no estaba incluido. Desde entonces, los diferentes gobiernos han asumido incluso el pago mensual de los suministros como el agua o la luz. Ahora, si la presidenta madrileña se niega a pagar, la idea de Moncloa es destinar este sitio al gabinete técnico del Tribunal Supremo.
En la carta, redactada por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, explica que el edificio se corresponde con “un bien de dominio público estatal que acoge en la actualidad dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid” y que recae sobre la Comunidad “la obligación de proporcionar un edificio a ese órgano judicial”. La persona que está considerada el número dos de Justicia subraya que “tampoco consta otro título jurídico que ampare su utilización” por parte de la región, destacando en todo momento que el edificio “no fue transferido”.
“Inmueble ocupado”
El Gobierno de Pedro Sánchez pretende ejecutar las “actuaciones necesarias para la regularización del uso del inmueble, conforme al marco normativo aplicable” con el objetivo de “ordenar jurídicamente la situación”. Las opciones que tiene la Comunidad de Madrid son dos, a ojos del Ejecutivo central, que se puede resumir de esta manera: o paga, o se va.
Le da dos meses para decidir “a contar desde la notificación de este pliego de Condiciones” para que el Ejecutivo diga de forma “fehaciente y expresa” qué camino toma de los dos: o renunciar al edificio o lo sigue utilizando, pero pagando una “tasa anual” de 1.754.315,16 euros. Si se decanta por aportar el montante, podrá usar el inmueble hasta el 1 de septiembre de 2028, pero si no lo hace, deberá abandonarlo antes del próximo 31 de diciembre.
Del contenido de la carta se desprende que, si la región capital no dice nada en el plazo indicado, se procederá a la “recuperación posesoria” del lugar. “Dará lugar al ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico concede para la protección del dominio público”, reza el texto, lo cual incluye dicha “recuperación posesoria”; “de oficio del inmueble ocupado sin título por la Comunidad de Madrid.
El real decreto que reguló el traspaso de competencias, allá por principios de los 2000, concretaba las funciones y servicios que la Administración General del Estado desempeñaba en Madrid “para la provisión de los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia”.
Ciudad de la Justicia
La Comunidad de Madrid ha centrado en el ámbito de la justicia uno de sus proyectos más ambiciosos de los últimos años, que espera culminar en Valdebebas, uno de los enclaves favoritos de la región y del Ayuntamiento de Madrid para dar luz verde a sus ideas. La última prueba de ello ha sido la Fórmula 1 que acogió la ciudad entre los pasados 11 y el 13 de septiembre.
La intención de la administración regional es concentrar todas las sedes judiciales de Madrid en un solo núcleo, algo que ya encuentra su origen en la época de Esperanza Aguirre. De hecho, la predecesora de Díaz Ayuso acudió a la colocación de la primera piedra de este complejo en un acto que costó 1,4 millones de euros.
Las obras empezaron también simbólicamente con la plantación de un pequeño roble en un acto en el que estuvieron presentes tanto la actual lideresa autonómica como el responsable del Consistorio, José Luis Martínez-Almeida.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sostiene que habrá terminado el proyecto después de una inversión de 653 millones de euros de cara a 2029 y que éste favorecerá, vaticina la administración pública, un ahorro de 80 millones de euros al año por el alquiler de sedes judiciales. Su espacio albergará la sede del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia nacional.
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