Mujeres con menores de edad con enfermedades graves, mujeres víctimas de violencia machista, jóvenes en exclusión social, personas LGTBI que han sufrido discriminación, personas sin hogar y otros perfiles de extrema vulnerabilidad se quedarán en la calle de Madrid a partir del 31 de diciembre y sin alternativa habitacional. La causa de este abandono es que el Ayuntamiento de Madrid, a cargo de José Luis Martínez-Almeida, y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) han decidido rescindir el convenio de colaboración que asistía a estos perfiles.
El Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del consistorio madrileño ha decidido dejar caer la colaboración para la gestión del Programa de Alojamiento Alternativo y Temporal que tenía suscrita con 27 entidades sociales de la capital. La Red Madrileña de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que aglutina a 14 de estas entidades, ha denunciado la “falta de acompañamiento y seguimiento del convenio por parte del Ayuntamiento y la falta de entendimiento entre ambos organismos” tras recibir la comunicación de rescisión del convenio, que se hará oficial el último día del año.
Las entidades pertenecientes a la EAPN aglutinan 82 viviendas en las que acogen a 260 personas en situación de extrema vulnerabilidad que se quedarán sin alojamiento ni alternativa en año nuevo. A estas abultadas cifras habría que añadir, además, las de las otras 13 organizaciones que no forman parte de la EAPN y completarían las 27 entidades sociales que participaban del convenio. “Esto tendrá graves consecuencias para cientos de personas que residen en estas viviendas”, denuncian desde la red madrileña, que según el convenio, por su finalización, deberán estar fuera de los pisos el 1 de enero.
De plan de vivienda a plan de desahucios
ElPlural se ha puesto en contacto con la EAPN para conocer de cerca y en detalle la situación que, según denuncian, va a transformar un plan de vivienda “que está bien” en un “plan de desahucio”. Las viviendas son propiedad del Ayuntamiento y están cedida su gestión a las entidades, pero el convenio les obliga, según su contenido, a dejar las viviendas tal cual se las encontraron una vez finalizada su vigencia. Esto significa cubrir los desperfectos que se hayan podido producir, retirar muebles y demás añadido y, a fin de cuentas, expulsar a las familias.
“Nosotros no vamos a echar a las familias”, garantiza Ignacio Sangüesa, vocal de la Junta Directiva de EAPN Madrid a este periódico. “Lo tendrán que hacer otros y por otras vías”, continúa, “porque la mayoría de entidades no tienen un recurso alternativo y no van a dejar a las familias en la calle”. Dejar un plan de vivienda a medias para, precisamente, expulsar de una casa transitoria al que la está disfrutando para poder dar el salto al mercado es, para la EAPN, “incomprensible”.
Las viviendas, según explican a este medio, permiten a las familias tener cubierta su necesidad habitacional durante un tiempo, mientras consiguen recuperar o construir su alternativa de nuevo. Una vez alcanzada una suficiencia económica y algo de estabilidad laboral se lanzan al mercado de la vivienda y dejan el recurso a una nueva familia con vulnerabilidad externa. El problema, señala Sangüesa, es que con los precios actuales, las peticiones desmedidas de hasta “cinco meses de fianza” o el racismo que sufren muchas personas, rechazadas por los caseros por su mera procedencia, hacen casi imposible dar el salto.
EMVS asegura plantea un abordaje individual
Esta situación del mercado de la vivienda y la el “abandono” de la Dirección General de Familias ha terminado por “cronificar” a muchas de las familias, que no pueden salir del recurso por incapacidad. En consecuencia, desde EAPN ofrecen revisar la situación y buscar nuevos abordajes, pero solicitan que, “aunque sea”, se prolongue el convenio hasta encontrar una solución que evite dejar en la calle a cientos de personas. Asimismo, lamentan que las conversaciones no hayan fructificado hasta ahora.
Pese a todo, las entidades no ceden y solicitan al equipo de Almeida “replantear esta situación y continuar con el convenio”. “Esta medida final no corresponde con las conversaciones mantenidas en los últimos meses en reuniones particulares de nuestras entidades con la empresa pública de vivienda”, critican, asegurando que se les trasladó un mensaje de tranquilidad. Así, reiteran la “necesidad” de prolongar este convenio que permite “atender a estas personas ante la evidente falta de alternativas y en una situación crítica del mercado de la vivienda en Madrid”.
Desde la empresa pública (EMVS) reconocen a ElPlural que la finalización del convenio obliga a las entidades a entregar las viviendas “libres de enseres y ocupantes”; no obstante, aseguran que se han puesto en contacto con las organizaciones, pese a que estas aseguran todavía no se ha producido una comunicación satisfactoria. “A pesar de que el programa social temporal y compartido objeto del convenio haya podido no cumplir su objetivo, la realidad es que hay usuarios vulnerables en esas viviendas, por lo que EMVS Madrid estudiará, analizará y valorará de forma individualizada y pormenorizada la situación de estas familias”, trasladan.
La empresa pública asegura a este periódico que buscará dar “la solución más adecuada” a cada una de las familias, “tal y como solicita EAPN en su escrito”, y apunta a algunas entidades como culpables del incumplimiento de objetivos. “Hay algunas asociaciones que no han cumplido las condiciones y han abandonado a las familias en las mismas desde hace meses”, asegura, señalando que esta es la prueba de su compromiso con als familias. “Una de las entidades, Cruz Roja, abandonó el programa y entregó las viviendas en agosto de 2023, pero ninguna familia ha sido desahuciada”, zanjan.