Cerca de cien candidatos se postularon al proceso de oposición que se abrió en el Ayuntamiento de Majadahonda para cubrir dos plazas de técnico arquitecto municipal. Casi cien personas que afrontaron el examen, de las que solo dos aprobaron, superando ambas el 9 sobre 10 de nota, mientras el resto no logró obtener más de un 4,5 y la media de resultados estuvo en el 2,3. Una prueba, además, de la que los aspirantes subrayaron una dificultad notoria y poco común a la que no se habían enfrentado nunca, además de alertar de posibles filtraciones de las preguntas y presuntas irregularidades.
Todo esto, tal y como ha adelantado la Cadena SER, ha llevado a que la Fiscalía Provincial de Madrid haya presentado una denuncia ante juzgado en la que presenta dudas de la regularidad de este proceso selectivo llevado a cabo en el Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el Partido Popular. En la acusación presentada, se apunta a que habría indicios de que el procedimiento "no fue del todo ortodoxo".
Así, según ha expuesto la SER, el informe presentado se centra, sobre todo, en lo referido a la elaboración y custodia de las preguntas del examen. Así, se apuntan a que los ejercicios de este proceso habrían sido preparados, casi en su totalidad, por el presidente del tribunal, que los habría diseñado hasta dos meses antes de ser nombrado para ese cargo. No solo eso, sino que tras la suspensión previa de una convocatoria, no queda clara la cadena de custodia de las pruebas.
Finalmente, el examen se desarrolló el pasado 7 de mayo, con cerca de cien aspirantes y, tal y como se mencionaba al principio, solo dos personas que lograron aprobar, con calificaciones más que destacadas además. Fueron los propios opositores los que, además de expresar lo extraño que les resultó el examen, definieron como "anómala" la sustancial diferencia entre las notas obtenidas por aquellos que realizaron las pruebas. Algo a lo que añadieron hechos que les dejaban dudas, como que las hojas con los datos personales no estaban vinculadas a las hojas de respuestas, lo que, a su juicio, vulnera la seguridad del proceso, ya que no encuentran garantías las hojas de marcas corregidas sean verdaderamente las de cada uno.
La Fiscalía apunta ahora a un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos, tanto por parte del presidente y varios miembros del tribunal, como de las dos opositoras que podrían haber recibido con antelación las respuestas. Una de las dos únicas personas que aprobó, con un 9,6 de nota, era arquitecta municipal interina en el Ayuntamiento en el momento de la prueba.