La reacción del Partido Popular al escándalo por la denuncia de acoso sexual de una concejala al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha sido una sucesión de posibles errores que podrían lamentar en los próximos días. Este jueves, tras la publicación de la denuncia en El País, desde su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo hasta la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso optaron por negarlo todo. La baronesa lo llegó a tildar de "caso fabricado" en la Asamblea de Madrid, en un intento de defender a sus números dos y tres, Alfonso Serrano y Ana Millán, acusados de haber presionado a la concejala para evitar la denuncia cuando se reunieron con ella.
Más allá de las consecuencias políticas que pueda tener el escándalo, el PP trató horas después de ganar el relato filtrando la cadena de correos en la que la edil denunciaba el acoso sexual y laboral que sufrió durante años por parte de Manuel Bautista. Además de que su contenido reforzaba en realidad el testimonio de la denunciante, los populares cometieron la torpeza de desvelar su identidad en esa filtración, cuando en todo momento el citado medio la había mantenido en el anonimato. Antes, ya lo había hecho el propio alcalde en la rueda de prensa que dio para dar explicaciones, en la que atribuyó la denuncia a una venganza.
El PP confirma que el número dos de Ayuso mintió
La estrategia del PP abre ahora un nuevo escenario: qué consecuencias puede tener esta filtración. El caso es ambiguo porque, ahora mismo, no hay causa judicial abierta por la denuncia. Esto descarta posibles consecuencias judiciales para el partido por revelar la identidad de la presunta víctima. Sin embargo, esto abre posibles repercusiones políticas, ya que además, la filtración del PP podría ir en contra de su propio relato.
La filtración incluye los mensajes y el nombre de la concejala, y confirma que Ayuso no quiso reunirse con la denunciante. También demuestra que Serrano y Bautista mintieron este jueves. El secretario general del PP de Madrid aseguró en la Asamblea que el asunto "no se nos presenta como un caso de acoso", sino como una "disputa laboral". Horas después, el alcalde de Móstoles dijo que en los mensajes de la concejala "no se mencionaba ningún tipo de acoso ni de abuso sexual".
La defensa de Serrano y Bautista choca con el contenido de los mensajes que ha filtrado el propio PP. El 23 de septiembre de 2024, el abogado de la denunciante envió el siguiente correo al Gabinete de Ayuso: "Me pongo en contacto con ustedes como letrado defensor de [la concejala] para tratar la situación de presunto acoso sexual y/o profesional padecida por la misma en Móstoles".
El PP podría haber incumplido su propio código ético
Más allá de qué dicen las leyes sobre la protección de los datos personales de una presunta víctima de acoso, la filtración del PP podría haber incumplido su propio reglamento interno. El partido tiene disponible en su página web su Código Ético y de Conducta. Fue redactado en 2023 por el Comité de Derechos y Garantías, el propio órgano al que recurrió la concejala para denunciar a Bautista. En su apartado 11, regula el tratamiento de la "información confidencial, deber de secreto y protección de datos de carácter personal".
El texto es claro: los miembros del PP deben "guardar secreto profesional con respecto a cuantos datos o información no públicos conozcan como consecuencia del ejercicio de su actividad profesional". Y especifica: "No podrán facilitarla salvo a aquellos otros profesionales que necesiten conocerla para la misma finalidad, absteniéndose de usarla en beneficio propio". El reglamento señala también que esta obligación se mantiene "incluso una vez terminada la relación laboral o de afiliado con el Partido".
En el apartado 4, se establece que "las personas sometidas al presente Código Ético y de Conducta que tengan conocimiento de su incumplimiento tienen la obligación de comunicarlo inmediatamente al OCN [Órgano de Cumplimiento Normativo]". En caso de que algún afiliado del PP decidiera cumplir este apartado y denunciara la filtración, sería el OCN el encargado de interpretar el reglamento y estudiar posibles sanciones internas a los responsables.