Las educadoras infantiles del ciclo 0-3 años de Madrid han denunciado en las últimas horas coacciones por parte de las empresas después de que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida facilite datos personales de las trabajadoras, que quedan desprotegidas frente a las compañías.
Tal y como recogieron en un comunicado de prensa y detallaron después a ElPlural.com, la polémica en encuadra dentro de las prórrogas de los pliegos de condiciones. “Hace un año pedimos que no se prorrogaran, y estando en huelga han seguido haciéndolo (…) Según prorrogan, nosotras impugnamos (…) La información está llegando a las empresas con todos los datos personales de las profesionales que firman”, señala Rosa Marín, portavoz de la Plataforma de Escuelas Infantiles (PLEI) en conversación con este periódico, quien habla asimismo de una “coacción constante” por parte de las firmas.
Marín lamenta que el momento actual de las profesionales es especialmente “vulnerable” con la situación de huelga y que “este tipo de acciones no ayudan”, sino que “ejercen más presión” y “hace que las compañeras tengan miedo de perder su trabajo”. Con todo, lanza un mensaje contundente: “Aunque en este punto en que nos encontramos, hay poco miedo”.
"Perverso" e "incoherente"
Las no prórrogas -en este caso concreto de las escuelas infantiles municipales- de las condiciones de las educadoras es una de las reclamaciones históricas del gremio, que mantiene durante las semanas de parón. “Es perverso, porque le Ley de Contratación está muy bien cuando interesa”, dice incluyendo ya a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid: “Mercedes Zarzalejo se compromete en declaraciones públicas a no prorrogar y sale el Ayuntamiento y dice que por normativa tiene que prorrogar. Es incoherente”.
Según las estimaciones de las educadoras infantiles, éstas deberían cobrar desde septiembre 1.516 euros al mes. Ahora mismo, están percibiendo el salario mínimo interprofesional. El Ayuntamiento, ateniéndose, según dicen, a la normativa, comenzó a firmar prórrogas que “condenan a la precariedad” a las trabajadoras. Las educadoras infantiles reclaman que el Consistorio debería haber sacado pliegos nuevos posteriores a junio de 2025 para que la mejora salarial fuese efectiva.
Las “prórrogas de la vergüenza”
Las trabajadoras de muchas de las escuelas de infantil han presentado junto a CGT, UGT y Comisiones Obreras (CCOO) un recurso administrativo contra las que califican como las “prórrogas de la vergüenza”. Aseveran que desde Cibeles no solo no han cesado las prórrogas ya aprobadas a la fecha de presentación de los recursos, sino que se ha dado luz verde a otra veintena más.
Las profesionales hacen hincapié en el asunto de los datos personales y tachan los hechos de “muy graves”. PLEI considera que lo ocurrido podría vulnerar la normativa en materia de protección de datos y los principios de buena fe, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad. Además, se refiere una posible desviación de poder, ya que podría estar utilizando sus potestades -concretamente, la tramitación de un recurso- para un fin diferente del que prevé el ordenamiento jurídico al facilitar lo que mencionan como herramientas de presión laboral a una empresa privada.
La parte damnificada mantiene que el equipo de Cibeles puede comunicar el hecho a las empresas al ser éstas segundas parte implicada, pero priorizando los datos de las trabajadoras, innecesarios para el hecho vinculante.
"Amenazas" y "presiones"
“Denunciamos este hecho para que termine esta represión por parte de las empresas gestoras. Las trabajadoras podemos denunciar de manera personal e individual a través de las vías administrativas legales todo aquello que creemos indigno, pero esto no debe suponer amenazas, ni presiones por parte de las empresas privadas que gestionan las escuelas públicas del Ayuntamiento de Madrid”, dicta la plataforma.
En última instancia, definen que el comité de huelga tomará las medidas oportunas para hacer frente a “represión ejercida por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.
Almeida promete estudiar la denuncia
El alcalde, tras la denuncia de PLEI, ha anunciado que ha pedido a Protección de datos del Ayuntamiento de Madrid que estudie la cuestión y que se determine qué es exactamente lo que ha pasado. A su juicio, el ayuntamiento debe, a través de los “canales internos de protección de datos, determinar exactamente qué es lo que ha sucedido, porque además han intervenido varios distritos”.
“Queremos saber cuál ha sido el modo de actuación exacto desde el punto de vista de protección de datos para así, si ha habido cualquier irregularidad, inmediatamente solventarla y, en caso de que no lo haya habido, que tengamos toda la tranquilidad de que se ha actuado correctamente”, ha dicho en declaraciones a los medios.
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