Durante tres días, las principales arterías de Madrid se han visto -y se seguirán viendo hasta este jueves- sumergidas en las protestas de la Marea Verde, el profesorado de la educación pública de la región, un sector que demanda mejorar sus condiciones, rebajar las ratios y “medidas efectivas” al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Fue este martes 27 de febrero cuando dio comienzo la huelga del profesorado madrileño, convocada por la Asamblea Menos Lectivas -con el apoyo de sindicatos CGT Enseñanza Madrid, STEM y CNT Educación Pública CM- con decenas de piquetes informativos distribuidos por distintos barrios y otros municipios de toda la Comunidad de Madrid, esencialmente, la que tuvo lugar entre Neptuno y la Puerta del Sol. A su vez, mientras que este miércoles las movilizaciones se han concentrado con piquetes en la plaza de Oporto y Carabanchel, este jueves se desplazarán por la mañana a la sede de la Fundación Anselmo Lorenzo, en Arganzuela.

Con estas movilizaciones, además de las distintas caceroladas que se han convocado en numerosos centros educativos, los docentes madrileños buscan poner en el centro de la mesa la paulatina degradación de la enseñanza pública en la región desde la crisis del 2010 al puro estilo de cómo lo ha llevado la sanidad pública en sus reivindicaciones a pie de calle.

Los sindicatos han contabilizado hasta 5.000 docentes de 150 centros escolares los que han secundado los parones de estos días, pese a los servicios mínimos del 50% que ha impuesto la Consejería al respecto. Una cifra que supone un seguimiento sustancial de las concentraciones.

De la reducción de las ratios a mejores condiciones para el profesorado

En este sentido, la huelga se vertebra en cuatro ejes fundamentales. El primero de ellos busca reducir las ratios en las aulas para facilitar la atención del profesorado conforme a las necesidades que presente el grupo. Como segundo punto, destaca la petición de rebajar la burocracia para dedicar más tiempo a las labores lectivas. Además, en consecuencia, reclaman mejoras en los centros públicos, denunciando a la par que muchos de ellos “están abandonados” y “sin presupuestos para reformas”. También sitúan el foco de preocupación en la creciente segregación escolar en la región, advertida incluso por UNICEF y Save the Children en 2022.

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Dentro de este conjunto de reclamaciones, se comprende la esencia de la huelga: pedir mejores condiciones laborales. “Desde la crisis nos redujeron el sueldo. Pedimos volver a las condiciones antes de la crisis. También reducir las horas lectivas -que pasaron entonces de 18 a 20 horas-, como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas. Queremos poder coordinarnos y sacar proyectos de centro hacia delante. La Comunidad de Madrid no cuida a su personal lectivo”, reza uno de los carteles emitidos por el sector lectivo con motivo de las jornadas de huelga.

Cabe recordar que fue en diciembre de 2023 cuando la comunidad lectiva entregó al Ejecutivo de Ayuso más de 14.000 firmas para reclamar las mismas condiciones para los docentes que se dan en el resto de España: 18 horas lectivas en Secundaria y 23 para Primaria. Lo que está en estos momentos sobre la mesa sectorial del Personal Docente no Universitario de la Comunidad de Madrid es un acuerdo en el que se deja fuera al profesorado de Infantil, Primaria y Educación Especial; mientras, en Secundaria, se ha planteado reducir hasta las 19 horas.

La comparación de salarios entre comunidades autónomas es otro de los marcos que están teniendo cabida en estas jornadas de protestas, ya que en la Comunidad de Madrid, comparando las cifras desde el 2003 hasta el pasado año, los docentes sostienen que cobran “350 euros menos al mes, aproximadamente 4.800 euros menos al año”, todo ello trabajando dos horas lectivas más a la semana. “Se cobra un 12,83% menos trabajando un 11,11% más”, inciden.

Frente a estas peticiones, por su parte, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Ayuso señalan que en 2023 se incorporaron 2.000 nuevos docentes, a lo que cabe sumar el anuncio de nuevas oposiciones para otras 1.400 nuevas plazas de cara al próximo curso, un número que "subirá con las que se aporten a través de la oferta pública de empleo".

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