La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha centrado buena parte de sus intervenciones políticas del último mes en la reconstrucción de los incendios. La región ha anunciado a bombo y platillo varias líneas de ayuda para los damnificados por los fuegos, cuestión en la que, por otro lado, la Autonomía se ha parapetado para defender su buena gestión en un momento en el que la baronesa y parte de su equipo se encuentran acorralados por la compra del ático de lujo de Chamberí.
Sin embargo, varios colectivos ecologistas afean “falta de interés y de información” por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior sobre las consecuencias de los incendios. Concretamente, la Plataforma Ecologista Madrileña condena que la Autonomía no ha hecho “prácticamente mención a la situación de los hábitats y de la fauna afectadas” en todo este tiempo, de forma que “no ha dado a conocer una evaluación sobre las consecuencias del fuego sobre la biodiversidad”.
En una nota -la entidad, de la que forman parte la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jara El Soto, el Grupo de Recuperación del Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura- recuerda que “estamos ante un incendio que triplica la superficie quemada en la última década en la región y que se produjo cuando todavía no había finalizado el periodo de cría de algunas especies”, pese a lo cual echan en falta una serie de datos respecto del ecosistema.
“La mayor parte -de los espacios afectados- albergan hábitats de interés comunitario y especies amenazadas como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el buitre negro o el gato montés”, definen los integrantes frente a unos fuegos que devoraron unas 27.000 hectáreas, tal y como explicó la propia Comunidad.
“Autorizaciones precipitadas”
Los colectivos se han dirigido al consejero Carlos Novillo porque la administración “no haya dado a conocer una evaluación sobre las consecuencias del fuego sobre la biodiversidad”. Si bien, mantienen su preocupación por otros asuntos concretos como la “autorización de actuaciones, de corta, desbroce y extracción de madera quemada en montes privados que podrían afectar alrededor del 80% de la superficie incendiada”.
Respecto de esto último, quienes ponen pie en pared creen que “esa decisión ha sido precipitada” y dejan claro que estas actuaciones “deberían haber ido precedidas de una planificación global del ámbito quemado y donde exista una clara coordinación de los propietarios con la administración” con el objetivo de “minimizar problemas de erosión, arrastre de cenizas y afecciones a la regeneración natural de los ecosistemas que agraven más la situación”.
Cazadores
En cuanto a la fauna, la Plataforma duda de la manera en la que se están ejecutando algunas ayudas. Más en detalle, los ecologistas cuestionan que la gestión de 135.000 kilos de alimento y la instalación de decenas de puntos de agua se esté canalizando en numerosos municipios a través de sociedades de cazadores o titulares de cotos. “Consideramos que la recuperación de la fauna debe abordarse desde una perspectiva conservacionista y científica, no cinegética”, apuntalan.
Con ello, piden que los puntos de agua y alimentación se protejan frente a la mencionada actividad y que la prohibición de la caza se amplíe “al menos 20 kilómetros alrededor de las zonas quemadas, incluyendo corredores ecológicos, cotos y zonas de caza controlada, para facilitar el desplazamiento y la recolonización de la fauna”.
La Plataforma califica como “imprescindible” que la recuperación de la Sierra Oeste se aborde con “coordinación y bajo criterios científicos de conservación”. “La recuperación de la actividad económica es importante, pero no debe realizarse al margen de la recuperación de los hábitats y de las especies afectadas”, acentúa el comunicado.
Dinámica “apática” y constante
Las misma líneas manifiestan una dinámica “apática” por parte de la Consejería frente a escenarios ecológicos, y es que, dicen, el caso que aquí registran no es el único en el que la administración de Díaz Ayuso habría operado con esta falta de transparencia.
“El verano pasado, en el incendio que afectó a más de 2.000 hectáreas en Tres Cantos y Madrid, incluyendo el espacio protegido Red Natura 2000 ‘Zona de Especial Protección para las Aves Soto de Viñuelas”, apenas se facilitó información sobre el impacto ambiental, ni tras el incendio ni ahora”, esgrimen con un ejemplo concreto, aunque aluden que el modus operandi fue similar en otros momentos que no tienen que ver con los incendios.
“(…) Lo mismo sucedió con el brote de gripe aviar, a final de 2025, que produjo la muerte de más de 1.000 cigüeñas, especie catalogada como vulnerable, en el Parque Regional del Sureste, también incluido en la Red Natura 2000”, concluyen.
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