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La realidad de las personas con discapacidad y aquellas mayores de 65 años presentan necesidades que han de ser atendidas por los servicios públicos y, en lo que concierne a la Comunidad de Madrid, Pladigmare se ha hecho eco de un caso que ha llegado a los tribunales y por el que exige mediación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado, la asociación que vela por la dignidad de personas mayores en residencias de ancianos exponen una sentencia que evidencia “la discriminación que pueden sufrir las personas mayores de 65 años cuando se les detecta una discapacidad”, en aras así de erradica “el edadismo institucionalizado”. De esta manera, ponen de manifiesto que en esta comunidad autónoma la separación entre los recursos para personas con discapacidad y los dirigidos a los mayores plantea esta problemática.
Y la razón de peso que marca esta diferencia de atención es, simplemente, la edad: “Mientras una persona menor de 65 años puede acceder a un centro especializado en su discapacidad y continuar en él indefinidamente, otra con la edad de 65 años o superior, puede ser derivada al sistema general de residencias para mayores, aunque siga necesitando los mismos apoyos especializados. Cuando la edad se convierte en una barrera automática y desplaza la valoración de las necesidades reales, estamos ante una manifestación de edadismo institucionalizado”, denuncian desde Pladigmare.
La asociación se refiere a la sentencia del pasado 14 de septiembre en la que se estimó, con carácter parcial, el caso de una persona de 73 años con discapacidad intelectual, física y sensorial frente a la gestión del Gobierno madrileño. En este sentido, el juzgado declaró que se vulneró su derecho fundamental a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de edad y discapacidad, anulando las resoluciones administrativas impugnadas y ordenando una nueva valoración individualizada, además de una indemnización por daños morales.
La víctima en cuestión residió durante 17 años en centros de discapacidad intelectual en Castilla y León pero, en su traslado a Madrid, solicitó continuar recibiendo esta atención residencial acorde con sus necesidades. Sin embargo, la Comunidad no le reconoció el servicio reclamado y, en cambio, le concedió una “prestación económica insuficiente para sufragar la plaza privada” en la que tuvo que quedarse de manera temporal.
Exigen medidas al Gobierno de Ayuso
Bajo este marco, desde la asociación han reiterado que no es la primera vez que se aborda un caso de similares características en los tribunales. Allá por 2018, el Tribunal Constitucional declaró vulnerado el derecho a no sufrir discriminación por edad o discapacidad por exclusión en acceso a una atención residencial especializada pero, ocho años después, una nueva resolución judicial plantea el mismo problema.
De esta manera, Pladigmare incide en que es “imprescindible” una revisión de los criterios de acceso a estos recursos para evitar más discriminaciones o incluso que se les impida el acceso a los centros o atenciones públicas: “La respuesta no puede consistir en asignar una residencia de mayores cuando su discapacidad requiere de cuidados especializados para los que existan residencias especializadas. La respuesta debe basarse en sus necesidades reales y los apoyos que requiere para vivir con dignidad”, aseveran.
Con ello, la asociación insta expresamente al Gobierno madrileño a que estudie y revise estos criterios con urgencia: “Basta ya de actuar con las personas mayores como si el hecho de ser mayor restara importancia a la situación individualizada de cada persona” y, para ello, proponen medidas como garantizar valoraciones persona a persona teniendo en cuenta sus necesidades reales, así como seguir una trayectoria asistencial e informes técnicos de cada caso.
A ello, suman una coordinación de los sistemas de discapacidad y dependencia con todas las comunidades autónomas para evitar que el cambio en una de ellas “interrumpa los cuidados adecuados”. En línea con la protección de la continuidad asistencial, en la que se ha de tener en cuenta la estabilidad emocional del paciente y sus vínculos familiares y personales.
“La cuestión no es elegir entre atención a la discapacidad y atención a las personas mayores. Es garantizar que la atención a la discapacidad se presta también a las personas mayores de 65 años cuando dicha discapacidad surge, sin que la edad se convierta en un motivo de exclusión. Ser mayor de 65 años no puede significar perder el derecho a los cuidados especializados que se necesiten. Los derechos no caducan con la edad”, concluyen.




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