Una posible ayuda “ilegal” concedida por el equipo de Isabel Díaz Ayuso llega a Europa. Se trata de una subvención otorgada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la región por valor de 3,2 millones de euros destinadas al proyecto Smart Farm Biogás, que tendrá lugar en Colmenar Viejo, muy cerca de Tres Cantos (ambos, evidentemente, lugares de Madrid).
La demanda corre a cargo de la plataforma ciudadana #STOP Macroplanta Biogás Colmenar Viejo y Tres Cantos que, en consonancia con otras organizaciones ciudadanas, se encuentran preparando una denuncia formal ante las autoridades de Bruselas en relación con la concesión señalada.
La ayuda fue otorgada por la Consejería mencionada a finales del año 2022 y forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cofinanciado por la propia Unión Europea (UE).
El motivo por el que la concesión podría ser irregular es que el proyecto habría omitido en su solicitud de ayudas y en el procedimiento ambiental correspondiente una actividad industrial que se antoja clave para la evaluación del impacto ambiental que supone la fabricación de gas. Más en detalle, la plataforma expone que el proyecto requiere de una evaluación ambiental ordinaria “mucho más rigurosa” que la “simplificada” que se llevó a cabo.
Los motivos de la denuncia
Pedro Ayala, portavoz de la plataforma, atiende a ElPlural.com para dar más detalles sobre el proyecto y la denuncia. Alude a dos temas “fundamentales”, aunque hay más. “La subvención va sujeta a lo que en inglés se llama DNSH, o lo que es lo mismo, que el proyecto no tenga afecciones medioambientales (…) Nosotros pensamos que tiene evidentes afecciones medioambientales, no sabemos hasta cuándo, pero las tiene, aún utilizando los biofiltros, pero que nunca nos dicen cuáles son”, comienza apuntando. “En el mejor de los casos reducen las emisiones en un 95%, pero hay un 5% descontrolado”.
Ayala, que afea el ocultismo del gobierno de Ayuso, apostilla que ese 95% “solo se da en condiciones óptimas, con temperaturas determinadas y cuando están instalados”. “Funciona como la batería de algunos productos, con una vida que dura menos según pasa el tiempo”, detalla.
Y el segundo punto es que “no tienen constancia” de “que nadie les haya dicho que iban a construir una planta de biogás”. “Es decir, que no está sujeto a una evaluación ambiental ordinaria, sino a una evaluación simplificada propicia para plantas de tratamiento de residuos donde no se fabrique nada”, dicta.
A modo de conclusión, la plataforma ciudadana tiene claro que ellos han examinado las consecuencias medioambientales: “La evaluación debería haber durado mayor tiempo y haber tenido mayor preparación (…) Para poder presentar alegaciones, pero no lo hicimos porque no nos enteramos de cuándo hicieron esta evaluación simplificada”.
Los firmantes del texto inducen que “al eludir este requisito legal, se habrían vulnerado tanto el principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente” entre los que mencionan los derechos de participación pública y transparencia, al no haberse -denuncian- garantizado una información “clara, actualizada y accesible para los vecinos potencialmente afectados”. “A día de hoy no se ha publicado oficialmente en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo información sobre los cambios en el diseño final del proyecto”, aseveran.
Varias manifestaciones
Con esta denuncia, las organizaciones que la firman piden a la autoridades nacionales y europeas que revisen la concesión de una ayuda que consideran fraudulenta y han llegado a convocar una manifestación -ya tuvo lugar una el pasado 27 de abril-, para que de nuevo miles de personas participan en una marcha para protestar contra esta situación. El próximo sábado, 31 de mayo, a las 11:30 la plataforma vuelve a citar a la ciudadanía desde la Plaza de Antonio Gala de la localidad.
La plataforma pide a los ciudadanos -y habilita un portal para ello- que eleven sus denuncias ante Europa y el Gobierno de España. Pueden hacerlo a través de un enlace en el que “nuestra profunda preocupación por la propuesta de construir una planta de biogás cerca de zonas residenciales, escuelas y en un área de interés arqueológico único en la Comunidad de Madrid”.
“Las características del proyecto apuntan a la construcción de una macroplanta de dimensiones desproporcionadas que genera inquietud sobre más que posibles impactos ambientales y de salud”. “La comunidad teme además que el aumento del tráfico de camiones y la emisión de gases contaminantes deterioren la calidad de vida y devalúe las propiedades locales”, añade.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior para conocer su versión de los hechos, y han emitido lo siguiente: "La subvención se dio en febrero del año 2022 a través de una línea de ayuda impulsada por la Unión Europea que ha cumplido con todo el rigor técnico e independiente para la valoración y concesión".