El Plan Vive de la Comunidad de Madrid, bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha constituido una decepción tras otra desde que comenzó el proyecto. Se prometieron estándares de alta calidad, accesibilidad y bajo precio en un proyecto que pretendía paliar el problema de la vivienda en la región, pero la realidad ha sido bien distinta: familias renunciando a las adjudicaciones por el elevado precio a pagar para acceder a la vivienda, defectos de construcción, cláusulas abusivas en los contratos y otros problemas han sido los protagonistas de este plan de vivienda cuyos datos son demoledores.
Este miércoles, El País publicaba un artículo con un titular que rezaba: "El plan vive de Ayuso deja fuera a las clases bajas: el 28% desiste del proceso o renuncia de la vivienda con un coste superior a los 700 euros", que pone de manifiesto que más de 1 de cada 4 personas se han visto obligadas a renunciar a la vivienda adjudicada por su elevado precio de alquiler, yendo ya en contra de uno de los pretextos principales con lo que surgió este plan: facilitar alquileres asequibles.
De esta noticia se ha hecho eco Más Madrid, que ha complementado con otros datos que ponen de manifiesto la triste realidad de este plan inmobiliario. En concreto, fueron 157.641 personas las que solicitaron una vivienda, y de las que solo el 1,86%, es decir, 2.932, pudieron acceder a uno de los inmuebles. De ellos, el 28%, 1 de cada 4, 820, tuvo que renunciar a la vivienda por el elevado precio que tenían que pagar si accedían a ella.
A su vez, los fondos de inversión se llevaron beneficios del 50,8% con este plan. Todos estos datos han llevado a la formación progresista a preguntarse "para quién era este plan", si para la ciudadanía y para paliar una acuciante necesidad en Madrid y en España como es el acceso a la vivienda, o para las personas acomodadas que podían permitirse alquileres tan elevados y para los fondos que han capitalizado las inversiones.
Abusos en los requisitos de acceso
Otro de los principales problemas que han existido alrededor de este plan de vivienda ha sido los elevados requisitos que la Administración ha impuesto para convertirse en solicitante, que excluían a los verdaderamente necesitados de una vivienda asequible. Por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, la oferta más barata (una habitación y 44 m2) estimada por la Comunidad es de 821,72 euros al mes y el requisito es ingresar, como mínimo, 2.350 euros limpios al mes.
Mismo escenario en otros municipios de menor poder adquisitivo, como Alcorcón, donde los propios vecinos denunciaron que los precios ofertados están por encima de la media del propio mercado. La doble vara de medir de los requisitos es flagrante: sobre el papel, permiten acceder a unidades familiares sin problemas económicos y excluye a familias vulnerables. "No destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total anual", dictan las bases de la solicitud.
La Comunidad de Madrid, en su pliego, publicitaba que los pisos podían alquilarse desde 714 euros en San Sebastián de los Reyes. No obstante, el alquiler de partida de este municipio es de 725 euros al mes, a los que además hay que sumarle gastos fijos que definen el coste total, como los gastos de los servicios comunitarios, muy elevados por introducir en viviendas de alquiler asequible servicios como piscina o gimnasio, y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que también se cobra al alquilado. Así, el cálculo estimado eleva el alquiler del piso más pequeño y barato hasta los 821,89 euros (9.860,6 euros al año), valor muy parecido e incluso por encima al del mercado para una vivienda de tales características. Todas estas barreras económicas explican las cientos de renuncias que se han producido de parte de los adjudicatarios.
Defectos en la construcción
Para más inri, muchos inquilinos han denunciado ya deficiencias en la construcción de las casas, tales como goteras y filtraciones de agua que no deberían aparecer en pisos completamente nuevos. A finales de marzo, el colectivo de vecinos beneficiados con el Plan Vive ya denunciaron estos problemas durante las borrascas a las que se enfrento España durante esas semanas.
En las pocas semanas que los vecinos llevan residiendo en estas viviendas públicas, han sido varias las denuncias contra el estado de las viviendas y las condiciones de residencia. Además, otro resorte abusivo es un impuesto que grava la propiedad de los inmuebles, del que los alquilados aseguran que debería ser la propia Comunidad de Madrid la responsable de asumir el pago sin que repercuta en las personas que arrendan el inmueble, ya que, como es lógico, no tienen la propiedad sobre él.
Por su parte, el Sindicato de Inquilinas ha denunciado las cláusulas abusivas en los contratos a las que se enfrentan los vecinos y el defectuoso estado de algunas de las viviendas. "Les hemos redactado la reclamación extrajudicial individual y también la reclamación colectiva, que les vecinos están ya recogiendo firmas para que el Sindicato la presente en su nombre”, señaló el Sindicato.
A su vez, el Ayuntamiento de Getafe ha señalado que solicitará una vez más que la Comunidad de Madrid "cumpla con sus obligaciones legales y atiendan a los vecinos" implicados por los problemas del Plan Vive. Sara Hernández, alcaldesa getafense, anunció que "hay preocupación por la falta de transparencia en todo este proceso, pero desde el Ayuntamiento estamos tratando de ayudar a los vecinos para que puedan disfrutar de sus viviendas en las mejores condiciones, aunque no seamos la administración responsable”.