La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso sigue dando pasos en la eliminación de impuestos y en la merma de la recaudación pública, mientras instituciones públicas como las universidades no pueden pagar las subidas de sueldos a sus profesores por falta de presupuesto. El anteproyecto que actualmente se encuentra inmerso en los procesos de aprobación es la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, con la que se acaba casi definitivamente con el pago de impuestos de Sucesiones y Donaciones en la herencia o percepción de una empresa. Una medida que el Ejecutivo autonómico ha vendido como beneficiosa para el tejido empresarial, pero que desde la representación de los trabajadores se considera otro favor a los ricos.

“La medida carece de una base económica sólida y solo responde a una estrategia de regresividad fiscal que beneficia exclusivamente a los sectores más privilegiados de la Comunidad de Madrid”, trasladan desde Comisiones Obreras (CCOO) Madrid, sindicato que ha anunciado la presentación de alegaciones al anteproyecto. Los datos con los que cuenta la organización exponen que la propuesta no tiene justificación económica y que supondrá una pérdida de dos millones de euros públicos para beneficiar a 1.500 personas con rentas elevadas.

Un ataque directo a la capacidad redistributiva del sistema tributario

"No existe una vulnerabilidad especial que justifique un trato fiscal de favor hacia estas empresas", sostienen desde CCOO Madrid. Es más, el propio Instituto de la Empresa Familiar establece una tasa de supervivencia de este tipo de empresas del 70%, porcentaje muy similar al de empresas no familiares. "Estamos ante un privilegio que rompe la equidad con el resto del tejido productivo madrileño", critica el sindicato. “Rebajar aún más el Impuesto de Sucesiones y Donaciones supone un ataque directo a la capacidad redistributiva del sistema tributario”, ahondan.

El texto impulsado por la baronesa del Partido Popular (PP) incrementa la bonificación del 95 al 99% de los impuestos de Sucesiones o Donaciones para los familiares que reciban una empresa por donación en vida o en herencia. Además, aumenta los familiares beneficiados de la medida, sumando a los cónyuges e hijos los hermanos, sobrinos e incluso los primos hermanos, quienes solo tendrán que mantener los bienes en su patrimonio durante los cinco años siguientes, luego podrá deshacerse o venderlos.

Cabe destacar que la norma nacional ya contempla una bonificación del 95% a cónyuges e hijos, que deben mantener 10 años las participaciones empresariales, en herencias y si el donante supera los 65 años o sufre una incapacidad permanente y deja las labores de dirección. En la medida de Ayuso, el rango de edad del donante también desaparece. “Estas bonificaciones solo sirven para concentrar la riqueza en manos de unos pocos, ensanchando la brecha social”, lamentan desde CCOO, muy contrarios al aumento de la exención para unos pocos.

Retirada de la medida por falta de transparencia

Uno de los puntos que más critica la organización sindical en su escrito de alegaciones es la falta de transparencia de la medida y de la propia Comunidad de Madrid. El Gobierno regional estima un coste de 2 millones de euros anuales para las cuentas públicas, pero no detalla quiénes recibirán ese beneficio. "Se está legislando a ciegas", denuncian desde el sindicato, que exige un desglose por nivel de renta de los 1.500 contribuyentes beneficiarios.

Asimismo, también consideran clave la realización de un estudio que compare esta pérdida de ingresos públicos con lo que se podría lograr invirtiendo ese dinero en servicios sociales o infraestructuras. Por todo ello, CCOO Madrid solicita la retirada inmediata de este Anteproyecto y se reafirma en su “compromiso con un sistema fiscal justo y progresivo, donde el interés general y el fortalecimiento de los servicios públicos prevalezca sobre el ahorro fiscal de las rentas más altas”.

Síguenos en Google Discover y no te pierdas las noticias, vídeos y artículos más interesantes

Síguenos en Google Discover