La Comunidad de Madrid se enfrenta a una demanda millonaria. Todos los sindicatos de la Atención Primaria madrileña (AMYTS-SAE-SIETeSS CAM, CCOO, SATSE, CSIT, UGT, CSIF y APSeMueve) se han unido para presentar una demanda de conflicto colectivo contra la Consejería de Sanidad, a la que exigen una indemnización de cinco millones de euros. Las organizaciones sindicales se llevan la gestión sanitaria del Partido Popular (PP), encabezada ahora por Isabel Díaz Ayuso, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid “por sus gravísimos y reiterados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales (ley de 1995)”.
La demanda engloba a más de 15.000 trabajadores de la Atención Primara y reclama la mayor indemnización económica pedida contra una Administración por no contar con un verdadero plan de prevención de riesgos laborales. Los representantes de los trabajadores se muestran seguros de poder salir victoriosos del proceso judicial, dado que existen ya numerosas sentencias individuales que han dado la razón a trabajadores afectados, otorgándoles por el mismo motivo de demanda indemnizaciones de hasta 8.000 euros. “Por la irresponsabilidad de la Consejería de Sanidad, la indemnización podría alcanzar una suma millonaria”, trasladan los sindicatos.
¿Cuál es el presunto delito de la Comunidad de Madrid?
Los sindicatos demandantes acusan a la Comunidad de Madrid de incumplir la ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Atención Primaria desde que esta fuera aprobada en 1995, fecha desde la que gobierna el PP Madrid. La norma obliga a establecer un mapa de riesgos, una planificación preventiva y un plan de prevención de riesgos laborales para sus profesionales, aspectos que los sindicatos aseguran que no ha realizado la administración autonómica. Esto, a su vez, “ha repercutido de forma muy negativa en la salud de los trabajadores de Atención Primaria, conduciéndoles a padecer problemas de salud tanto físicos como mentales”.
La Consejería de Sanidad acumula más de 100 sentencias condenatorias, pero tan solo ha aportado en su descargo un documento que “carece de todo rigor y que se impone a los trabajadores, sin respetar la obligación de participación y negociación con sus representantes legales”, reza el comunicado sindical. “Nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales para conseguir nuestro principal y único objetivo: preservar la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras de Atención Primaria”, han señalado todas las organizaciones.
Asimismo, las siete formaciones demandantes han lamentado haber tenido que llegar hasta aquí, punto que se podría haber evitado si la consejera de Salud hubiera tenido alguna intención. “A pesar de nuestros esfuerzos e interés por alcanzar acuerdos”, han lamentado los sindicatos, por parte de la Administración “hemos recibido una falta de actitud proactiva en la negociación”. Como respuesta, esta demanda colectiva busca “acabar con los incumplimientos legales que ponen en grave riesgo a la totalidad de la plantilla de Atención Primaria”.