Esta semana la investigación por los conocidos como protocolos de la vergüenza que evitaron que mayores de centros geriátricos fueran trasladados a hospitales para recibir atención durante la pandemia del Covid subía un escalón con tres declaraciones que se antojaban clave: la de Carlos Mur, firmante de las instrucciones; Pablo Busca, antiguo responsable del SUMMA 112; y Javier Martínez Peromingo, excoordinador sociosanitario de la Comunidad de Madrid. Solamente el último habló en sede judicial.
ElPlural.com ha contactado con Carlos Castillo, uno de los abogados junto a Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz que defienden en la causa a la plataforma 7.291: Verdad y Justicia Víctimas en Residencias para profundizar en el escenario en el que se encuentra la situación más de cinco años después del coronavirus.
En declaraciones a este periódico, el letrado recuerda que “hay cerca de cien procedimientos abiertos en distintos juzgados” y explica que, aunque hay “algunos juzgados” que no “han conseguido dar con el paradero de Carlos Mur -este medio ha centrado la entrevista en él por su relevancia- porque no le han encontrado en el domicilio que tenía en Andorra y, por lo tanto, no le han podido localizar ahí”, ha podido “tener ya conocimiento de todo”.
“Los procedimientos son públicos y notorios (…) Y también sabe que otros juzgados lo están requiriendo”, evidencia. Pese a ello “no ha tenido una actuación activa para colaborar con la Justicia, que es lo que debería hacer una persona que considera que no tiene ninguna responsabilidad”. Así las cosas, la defensa sitúa el escapismo como parte de una “estrategia dilatoria”, más allá de “más habitual de lo que parece”.
Estrategia diferenciada
En su declaración, Peromingo lanzó fuego enemigo a la persona que puso la rúbrica en los protocolos, señalando que él los consideró discriminatorios y que se lo trasladó a Mur. “Nosotros creemos que la estrategia es atribuirle la discriminación a Mur y viceversa (…)”. La hoja de ruta que marcan ambos cargos también es diferenciada en otros puntos de la investigación, como la unificación de todas las causas en una: Peromingo defiende esa unidad y Mur no.
Al margen de estos tres, y si bien la querella se dirige principalmente contra ellos, los abogados entienden que hay más nombres que deben por lo menos poner luz y taquígrafos a lo que ocurrió en las residencias de Madrid en los primeros meses del Covid. “Pensamos que los geriatras de enlace deben también explicar cómo se aplicaron esos protocolos, o Antonio Burgueño (ex asesor de Ayuso), que empezó como investigado en un procedimiento y no declaró, y en otro ya lo hace en calidad de testigo (…) Entendemos que también pudo tener responsabilidad en la ampliación de estos protocolos discriminatorios”.
Con las cartas que actualmente hay boca arriba sobre la mesa, la pregunta que todo el mundo se hace es hasta quién llegaría el Caso Residencias y si en algún momento puede aparecer incluso el nombre de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso. “Puede ser que más adelante ascienda la escala jerárquica y se señala a Enrique Ruiz Escudero o incluso más arriba”, desliza en primera instancia Castillo.
Preguntado directamente por el nombre de la lideresa popular, el letrado señala que es pronto para saberlo, pero permite el beneficio de la duda: “En este instante estamos todavía en una escala muy por debajo. Por ejemplo, Peromingo, que ya ha declarado en dos causas, no deja de ser médico. Quizá cuando declare Mur, que en el momento de los protocolos era un cargo político por así decirlo, empiezan a ascender las responsabilidades políticas”.
Arrojar luz al dolor
Castillo pide ir paso a paso. En el futuro inmediato, el próximo lunes varios profesionales sanitarios hablarán en los juzgados de Collado Villalba, y en paralelo mientras se resuelven otros flecos habrá que estar atentos sobre la posible unificación de los casos. En última instancia, ejerce de voz directa de los familiares, que un lustro después sigue sin bajar los brazos. “Por un lado es palpable el cansancio y el tedio de llevar años peleando y que no se vean avances claros”, reconoce, pero por otro “se erige la esperanza de que algunos juzgados están respondiendo”. En definitiva, “poco ánimo por la tardanza, pero esperanza en el trabajo judicial”.
Sea como fuera, lanza un mensaje claro: “Esperamos que se haga justicia y se pueda revelar o conocer qué es lo que pasó en la pandemia y cuáles fueron las decisiones que se tomaron y llevaron a la muerte de 7.291 personas (…) Que la investigación arroje un poco de luz a todo el dolor”.