Tras el terremoto político ocasionado por la destitución de Emilio Viciana como consejero de educación de la Comunidad de Madrid, periodistas, tertulianos y tuiteros enfatizan principalmente dos motivos, los cuales son ambos completamente ciertos.

Unos recalcan que la causa estaría en su enfrentamiento con la comunidad universitaria y los rectores, su incapacidad para elaborar la ley de universidad y resolver el problema de la financiación universitaria. Sin duda, se puede decir perfectamente que la comunidad universitaria organizada (clave la huelga de finales de noviembre) y las autoridades académicas (clave el tan criticado viaje a Miami con Ayuso) se han cargado a Viciana y su equipo.

Otros enfatizan su pertenencia a un grupo organizado de ultras ('Los Pocholos') en torno a un extraño gurú (Castillo Algarra) con tremendo ascendiente e influencia en Ayuso y ajeno al aparato orgánico del PP, que la presidenta infiltró en el gobierno y en el grupo parlamentario, y al que dio consejerías y otros cargos importantes, tres leyes (la LESUC, y la derogación de las leyes trans y LGTBI: la transfobia, la LGTBIfobia y el odio a la universidad son tres de las marcas ideológicas de este grupo, que el PP asume), y toda la ideología de la Hispanidad, de la que Castillo Algarra es ideólogo. Finalmente, el núcleo orgánico del PP, con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza, ha conseguido que pierdan el favor de Ayuso y los ha purgado.

Menos señalado ha sido otro elemento clave en la debilidad y caída de Viciana y sus secuaces: su enfrentamiento con Ossorio (presidente de la Asamblea) y Albert (consejera de hacienda) tras haber llevado a fiscalía el troceamiento de los contratos de construcción de centros de FP, escándalo de corrupción que amenaza directamente a sus responsables, los mencionados Ossorio y Albert cuando eran respectivamente consejero y viceconsejera de educación. Se puede decir perfectamente que a Viciana le han hecho un “Casado” o un “Cifuentes”, es decir, que se lo han cargado por destapar la corrupción del PP.

En todo caso, más allá de este turbio entramado de circunstancias, es claro que la principal culpable de este desaguisado es Isabel Díaz Ayuso, una presidenta que, fascinada por la personalidad y la ideología ultra de Castillo Algarra, introdujo antidemocráticamente a un grupo de fanáticos en el corazón del gobierno y del grupo parlamentario y, lo peor de todo, condenó a la educación, la universidad y la ciencia madrileñas a tres años de confusión y maltrato.

En estos momentos la situación es insostenible. El sistema educativo madrileño, especialmente la FP y la educación infantil, sufre una crisis galopante; la universidad se nos cae a pedazos; la ciencia madrileña está a años luz de la de otras comunidades españolas y europeas. Mercedes Zarzalejo, la nueva consejera, tiene que dar un giro radical a esta situación: solo en universidad, y para empezar, debe paralizar de inmediato la Ley de Universidad y Ciencia, y recomenzar desde el principio; revertir la asfixia presupuestaria, habilitando una línea presupuestaria especial (si se puede hacer con Quirón, ¿por qué no con la universidad?); condonar las deudas de la UCM y URJC y activar el plan de emergencia que pidieron los rectores; abrir conversaciones serias y transparentes con toda la comunidad universitaria. Y, por supuesto, llevar hasta el final la investigación sobre el troceamiento de contratos en FP. Tiene una ardua tarea la nueva consejera: esperemos, por el bien de la educación madrileña, que se ponga a ella cuanto antes.

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