Bomberos Forestales de Madrid denuncian ante la Inspección de Trabajo el estado “deficiente” y “peligroso” de sus bases

Los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid continúan atravesando una situación de precariedad y riesgo para su salud. Su labor, como la de compañero de otros territorios, fue alabada por las administraciones públicas durante la ola de incendios, a sabiendas de las malas condiciones laborales a las que estaban sometidas las plantillas. Desde entonces, apenas ha cambiado nada y los servidores públicos acumulan protestas y días de huelga para conseguir mejorar su situación y, a la par, el material, instalaciones y equipo humano del que disponen, indispensables para los trabajados de prevención, que un año más están siendo insuficientes, y extinción.

El caso de la Comunidad de Madrid es especialmente sensible. Los Bomberos Forestales acumulan 210 días en huelga, la cual suspendieron temporalmente durante la ola de incendios veraniega para auxiliar a la población y que fue utilizada como chantaje directamente por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Un gesto que, lejos de ser tenido en cuenta, ha sido ignorado por la administración del Partido Popular (PP) y por la empresa pública que los emplea (TRAGSA), que sostienen la precarización y reniegan de atender las peticiones para garantizar la seguridad laboral de los trabajadores.

La situación ha llegado a tal punto de insostenibilidad que su Comité de Seguridad y Salud se ha visto obligados a acudir a la Inspección de Trabajo, ante la que han presentado una denuncia formal por “graves incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales detectados en 17 bases operativas”. Las bases afectadas en las que se han detectado anomalías y un trato “deficiente” y “peligroso” para la salud son 17 del total de las 25, un 68%. Además, esta cifra se ha alcanzado sin ni siquiera revisar la totalidad de las bases, lo que podría suponer que se incremente el número y se añadan las nuevas posteriormente a la denuncia.

La Comunidad no puede seguir ignorando el deterioro evidente de sus propias instalaciones

La denuncia expone que las instalaciones “no garantizan que los centros de trabajo sean zonas seguras ni que cumplan la legislación vigente relativa a la separación de zonas limpias y sucias”. En lo referido a la separación de zonas, es especialmente grave lo referente a la posible exposición a agentes cancerígenos derivados de la actividad profesional. Atendiendo a los estrictamente legal, se podrían estar incumpliendo hasta tres leyes: El Real Decreto sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el Real Decreto de Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto sobre la protección frente a la exposición a agentes cancerígenos.

“Muchas de las bases presentan un estado de mantenimiento deficiente, edificios antiguos sin adecuación a la normativa actual, falta de espacio en vestuarios, que son utilizados diariamente por hasta 12 trabajadores, y ausencia de separación efectiva entre ropa de intervención contaminada y zonas comunes”, denuncia el Comité de Seguridad y Salud de los Bomberos Forestales. Esto propicia que el personal se vea obligado a lavar su ropa potencialmente contaminada en las mismas instalaciones donde se preparan y consumen alimentos, “sin una correcta sectorización entre zonas limpias y sucias, lo que supone un riesgo añadido para la salud”, añade, adjuntado pruebas gráficas.

Ayuso y Tragsa, responsables

Más allá de este aspecto, plasman también el evidente deterioro estructural de los edificios, de mucha antigüedad, y la presencia de cubiertas de uralita con amianto, material cuya manipulación y mantenimiento están sujetos a estricta normativa por su peligrosidad. “Es especialmente grave que estas deficiencias persistan pese a las reiteradas comunicaciones trasladadas tanto a la Comunidad de Madrid, titular de las instalaciones, como a Tragsa, empresa pública empleadora del colectivo, sin que se hayan adoptado medidas estructurales suficientes para proteger la salud de los trabajadores”, señalan los bomberos a los culpables.

“Esta situación no es fruto de un hecho puntual, sino de años de abandono y falta de inversión en infraestructuras esenciales para un servicio público estratégico. Resulta inaceptable que en pleno año 2026 los Bomberos Forestales de la región continúen trabajando en instalaciones que incumplen la normativa básica de seguridad y salud”, trasladan la evidencia. “La responsabilidad es directa y compartida”, insisten los servidores públicos.

 Por un lado, la Comunidad de Madrid, como titular de las bases, “no puede seguir ignorando el deterioro evidente de sus propias instalaciones”. Por el otro, Tragsa, como empresa empleadora, “tiene la obligación legal de garantizar la seguridad y la salud de su plantilla y no puede permanecer inmóvil ante incumplimientos tan graves de la normativa en prevención de riesgos laborales”. No morir o enfermar de cáncer por el abandono del lugar de trabajo y de los empleados, una reivindicación que debe ser muy disparatada como para que el Gobierno de Ayuso y la empresa pública dependiente de la SEPI (Ministerio de Hacienda) hagan algo.