La cuestión va más allá de un nuevo incumplimiento de la ley por parte de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, porque ahora los perjudicados directos de ello son menores vulnerables que ven cómo su infancia, años claves para un correcto desarrollo de la persona a futuro, se pone en juego.
Después de conocerse que la autonomía, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, ha vulnerado la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia que prohibía que los menores de 6 años crecieran en centros tutelados, con 97 menores en la actualidad en estos centros, expertos en psicología infantil y profesionales del ámbito de la Educación Social encienden las alarmas para poner bajo el foco las consecuencias mentales y los traumas que estos niños y niñas pueden sufrir al pasar los primeros años de su vida en un ambiente poco común y nada favorecedor de un crecimiento próspero.
Aroa Marquez es educadora social en un centro de protección de menores. Su testimonio, ofrecido a ElPlural.com, refleja la delicada situación que estos niños y niñas deben enfrentar a la hora de convivir en este tipo de centros. No obstante, señala de manera paralela los amplios esfuerzos que el personal que trabaja en ellos hace con el objetivo de que todos aquellos que llegan puedan desarrollar una “infancia adaptada” y tengan la mayor calidad de vida posible.
En este sentido, uno de los ámbitos que más esfuerzo requiere por parte de los profesionales son los trabajos que se basan en explicarle al menor por qué está allí y cómo ha llegado, dada su corta edad, algo que se recrudece en franjas de edad más elevadas, por el mayor grado de conciencia que tiene la persona. “En realidad cuanto más pequeños son, más fácil es que vuelvan a una vida feliz, porque no son conscientes de las fases del trauma, no las recuerdan”. Pese a ello, Marquez subraya la importancia de trabajar para asegurarles un futuro digno: “Algunos de ellos regresan a casa, depende del caso, pero aquellos que no, aquí también les preparamos para que cuando salgan de este centro puedan ir a un piso tutelado, y les acompañamos en las tareas de búsqueda de trabajo, emancipación, etc”.
Al margen de ello, y a pesar de los intensos esfuerzos por parte de los profesionales por prestarles las mayores óptimas condiciones de vida, lo cierto es que en España en general, y en la Comunidad de Madrid en particular, la tasa de menores institucionalizados sigue siendo superior a la de menores en familias de acogida. Según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la cifra de niños y niñas menores de 6 años en residencia creció respecto a los datos de 2021, hasta alcanzar los 1.068 menores, de ellos 557 bebés.
Entre otras cosas, según se desprendía de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) en la Comunidad de Madrid se notificaron 1.554 menores de edad en situación de acogimiento residencial, 256 de los cuales por debajo de los 10 años.
97 menores en residencias bajo el mando de Ayuso
Una situación que se agrava después de conocerse que la Comunidad de Madrid ha vulnerado la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia aprobado en 2015 bajo el mandato de Mariano Rajoy.
Con esta norma se prohibía que los menores de seis años vivieran en centros tutelados dado el impacto psicológico que se podía derivar de ello, así como el fomento de las familias de acogida para aquellos comprendidos en la franja entre 4 y 6 años. Lejos de ello, según se refleja en el último informe sobre protección de infancia del Ministerio de Juventudes e Infancia, en la comunidad madrileña hay actualmente 97 menores viviendo en centros tutelados, 44 de ellos bebés.
Sin embargo, con esto el Ejecutivo de Sol no solo estaría vulnerando la ley de 2015 -que recibió el visto bueno de todos los grupos parlamentarios- sino que también pasaría por alto el acuerdo al que llegaron en 2022 Gobierno y comunidades autónomas a través del cual se establecía que todos los menores de seis años tutelados vivieran en una familia antes de que terminara 2025, algo que en el caso de la región madrileña se hizo extensible hasta 2026.
Menores no acompañados, desaparecidos y sin datos
Esta cruda realidad en la que muchos menores se ven obligados a vivir se ve agravada en el caso de los menores no acompañados que llegan a España. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, en 2023 -último año del que se tienen datos- llegaron al país 4.865 menores migrantes por vía marítima, un 104,8% más que en 2022. En su mayoría fueron personas del sexo masculino (4.627) mientras que en el caso de las niñas, se notificaron 238.
Paralelo a este duro escenario, lo cierto es que la gestión en determinadas comunidades autónomas de los centros de acogida dificulta todavía más la situación. En este sentido, el pasado mes de octubre se conocía que en la Comunidad de Madrid habían desaparecido 34 menores en los centros de Casa de Campo y de Hortaleza. Además, en este último, de gestión pública en su totalidad, el Ejecutivo de Sol reconoció no tener constancia ni de la nacionalidad ni del sexo de los menores desparecidos.
Después de que la diputada socialista Lorena Morales solicitara a la Comunidad información relativa a las ausencias voluntarias, así como el sexo y la nacionalidad. Sin embargo, la directora general de Infancia del Gobierno de Ayuso admitió no tener información para contestar a esta pregunta: “La obtención de la información con el grado de desglose solicitado de sexo y nacionalidad requeriría de un proceso de reelaboración, al tratarse de datos que no son necesarios para la intervención y no pueden obtenerse, por tanto, de manera automática”.