Vox ha dejado claro estos días, con el debate de la prioridad nacional, que van a arrastrar al Partido Popular a asumir su discurso antimigratorio. Lo consiguieron en Extremadura, retratando a la misma María Guardiola que se alejaba de la ultraderecha antes de las elecciones con una investidura basada en poner por detrás a los inmigrantes en el acceso a las ayudas y la vivienda pública, el mismo principio que ha permitido este miércoles el pacto con Jorge Azcón en Aragón.
Pero los de Santiago Abascal ya anunciaron que no se iban a quedar ahí, y que iban a conseguir que se hablara de prioridad nacional en todos los ámbitos, justo está en proceso la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. La ultraderecha ya ha introducido también este debate en el Congreso de los Diputados, donde el miércoles el PP y Vox contradijeron sus pactos en las autonomías y no se pusieron de acuerdo sobre el "arraigo", el matiz que introducen los populares en la cuestión para condicionar el acceso a servicios públicos a la estancia en el territorio, y no a la nacionalidad.
Más allá de que el PP no ha tenido más remedio que tragar con la nueva ocurrencia de la ultraderecha, Vox ha dado a entender que su prioridad es introducir el debate en todos los espacios posibles. Lo importante era eso, el debate, y no cómo van a convertir un principio que atenta, entre otras, contra la Ley de Extranjería y la propia Constitución, en una realidad. Ni ellos mismos lo tienen decidido, como ha quedado claro este jueves también en la Asamblea de Madrid.
Ayuso, arrastrada por Vox al debate
La singularidad en la Comunidad de Madrid es que el PP tiene allí mayoría absoluta. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no tiene la necesidad de dejarse arrastrar al debate de Vox, pero aún así lo hace. De hecho, solo una semana después de poner de manifiesto que la prioridad nacional es "ilegal", lo que dijo cuando se rindió a ella su homóloga extremeña, la baronesa madrileña ha mordido el anzuelo de la ultraderecha con el mismo error que el PP ha cometido en el resto de espacios en los que se ha colado este debate: hablar de ello.
El capote se lo ha puesto la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Isabel Pérez Moñino, que le ha planteado a Ayuso, si la prioridad nacional es ilegal como dice, "cuándo va a denunciar a su propio partido" por incluirla en los pactos de Extremadura y Aragón. Más allá de que Ayuso ha tratado de esquivar la cuestión, limitándose a defender que "nadie deja atrás a ningún español" y a enfocarse en su rechazo a la regularización del Gobierno, Vox ha aprovechado el debate para recordarle que, si tras las próximas elecciones autonómicas pierde su mayoría absoluta, Ayuso no será diferente a Guardiola, Azcón y -próximamente- Mañueco: "Madrid, 2027, prioridad nacional, le suena bien, ¿verdad? Tic, tac".
Una idea en la Moñino ha incidido más tarde, frente a los medios de comunicación: "Cuando nos tengamos que sentar a negociar", ha asegurado, "analizaremos la realidad de Madrid para establecer los criterios" en los que se aplicará la prioridad nacional. Pero la portavoz ultra no especifica cuales pueden ser esos criterios, y baraja los "de arraigo, de empadronamiento, de tener familia aquí" o de "haber estudiado en Madrid". Todas las opciones para no escoger ninguna y limitarse a categorizar que "el sentido común", como ellos justifican su 'los españoles primero', "está recorriendo España y por supuesto también va a llegar a Madrid".
Moñino ha vuelto también a igualar a la baronesa con Pedro Sánchez, proponiendo "que acudan juntos a los tribunales, y que denuncie la señora Ayuso a su propio partido por haber establecido en el acuerdo con Vox una presunta ilegalidad". En cuanto al intento del PP a nivel nacional de defender que la prioridad nacional no trata solo de inmigración, la portavoz ha despejado cualquier duda, señalando sus puntos favoritos de los pactos autonómicos, como el "control de los empadronamientos fraudulentos", que no exigen la nacionalidad para otorgar derechos a los ciudadanos extranjeros en los municipios, o "poner fin a todas esas subvenciones dirigidas a mafias disfrazadas de ONGs que promocionan la invasión migratoria", una cuestión con la que la derecha choca con organizaciones vinculadas a la Iglesia como Cáritas.
El equilibrio entre atacar al Gobierno y defenderse de Vox
Todo este debate lo tiene en frente la misma Ayuso que, cuando se trata de atacar al Gobierno, se acerca al discurso de la ultraderecha en inmigración, pero que recibe las mismas críticas de parte de Vox cuando reivindica su "Madrid de todos los acentos", que es otro de los lemas que ha puesto en cuestión Moñino este jueves.
La madrileña es la baronesa del PP más dispuesta a confrontar con el debate migratorio, en el que mantiene un extraño equilibrio entre el neoliberalismo que abraza el capital extranjero, que rechaza tanto la izquierda como la extrema derecha, y negarse a dar derechos a los inmigrantes que no le interesan, algo que Vox ve con mejores ojos.
En este último sentido, Ayuso lidera la ofensiva de la derecha contra la regularización de migrantes del Gobierno, con un recurso que el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite. Es el mismo procedimiento que utilizó hace un año para dinamitar la redistribución de menores migrantes de Canarias al resto de autonomías, que Ayuso aseguró que era "opaca, discriminatoria y arbitraria", que generaba desigualdad, y que llevó a los tribunales.