Nuevo golpe de Isabel Díaz Ayuso al derecho a la sanidad pública gratuita de los habitantes de la Comunidad de Madrid. En medio de la lucha por parte de los sanitarios de la región para conseguir mejores condiciones y tras meses en pie de guerra, se conoce que el Gobierno madrileño está emitiendo facturas sanitarias a personas que tienen derecho a una asistencia gratuita. Así lo denuncia UGT, que pone el foco en la "desconfianza" que esto genera así como el levantamiento de "barreras" contra aquellos que necesitan atención por parte del sistema sanitario.

El INSS reconoce el derecho

En España la asistencia sanitaria está garantizada por la Constitución así como por diversos tratados internacionales y el marco jurídico vigente. Eso quiere decir que cualquier persona puede acudir al médico y debe ser atendido, independientemente de cuál sea su situación en nuestro país. Dentro de esta posibilidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) otorga el reconocimiento a los ciudadanos que cumplan una serie de condiciones y cuya asistencia está cubierta por el sistema. Estos también pueden estar amparados por la tarjeta sanitaria europea, en caso de ser de la UE.

En caso contrario, la persona debe ser atendida aunque los gastos sanitarios se facturan posteriormente. Sin embargo, ahora se conoce que hay personas en la Comunidad de Madrid que tienen derecho a la asistencia, pero que se encuentran a la espera de tener oficialmente reconocido este derecho por parte del INSS. Así lo denuncia el sindicato UGT en la región, que pone el foco en la "desconfianza" que esto genera y la "barreras" que se les interpone a los ciudadanos, al tiempo que supone un peligro para la salud.

Madrid emite facturas

Actualmente la Seguridad Social cuenta con un plazo máximo de tres meses para reconocer este derecho a todos aquellos que lo solicitan, así como a sus beneficiados o hijos menores, un periodo durante el que, si alguno de ellos necesita acudir a las urgencias, será atendido pero acarreará la emisión de una factura por el hospital o el centro correspondiente. Algo que, tal y como asegura UGT, está ocurriendo debido a que la Administración liderada por Isabel Díaz Ayuso no espera a conocer la resolución del INSS.

"Hay personas en la Comunidad de Madrid que tienen derecho a la asistencia, pero que, por trámites de carácter administrativo, todavía no ha sido reconocido ese derecho por el INSS", asegura el sindicato en una nota, en la que señala la "situación de perplejidad, inseguridad y cierta indefensión" que genera esto a todos aquellos que, teniendo derecho a ser atendidos, "ven como la Administración les reclama un dinero que no tienen que abonar". Por eso, exigen que se acabe con todas estas facturas "y que se busque y encuentre una pronta solución".

"Despilfarro de los recursos públicos"

Y es que UGT considera que esto crea "desconfianza en el sistema, levanta barreras a aquellas personas que necesitan del cuidado de su salud y puede poner en riesgo la salud comunitaria" al tiempo que considera que es "un despilfarro de los recursos públicos y esfuerzo humano en la emisión de facturas innecesarias". Así, exigen que, aun siendo responsabilidad de varias administraciones competentes -esto es, el Gobierno central y la Comunidad Autónoma-, es de "justicia" para los habitantes "no tener que estar comunicando constantemente situaciones que ya han justificado fehacientemente".

Por eso, desde el sindicato reclaman que se dé una solución "a esta lamentable situación" y plantean tres demandas: "Que no sean emitidas las facturas antes de los tres meses. Que se espere a que se pueda verificar que la persona se le ha reconocido el derecho a la asistencia y que se mejore la comunicación entre las distintas administraciones implicadas". Además, anuncian que han emitido a la Consejería de Sanidad madrileña, que dirige Enrique Ruiz Escudero, una carta informando de estas incidencias "por razones de carácter humanitario y de eficiencia administrativa".

Cabe recordar que el próximo 12 de febrero está convocada una manifestación para reclamar "soluciones al Plan de Atención Primaria" impulsado por el Gobierno de Ayuso y que tiene, tras más de varios meses, en pie de guerra a los sanitarios de la región.