Los discursos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre inmigración y, especialmente, los ataques hacia esta, son algo recurrente en el argumentario de la lideresa regional. De limitarlos a labores como limpiar casas o recoger cosechas a las acusaciones al Gobierno por atraer "inmigrantes pobres", la retahíla de dosis de racismo de la baronesa es amplia y variada. Sin embargo, esta semana Ayuso daba un giro de discurso en esta materia para lanzar nuevos ataques al Ejecutivo central de Pedro Sánchez.
Durante su intervención en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, la máxima responsable de Sol reprochaba que el Gobierno trate a los menores migrantes "como números", algo que califica de "totalmente insensato e inhumano", defendiendo por su parte que en la Comunidad de Madrid se cumple con la ley de menor dándoles "formación y oportunidades".
El mismo día que el Ejecutivo de Sánchez actualizaba la capacidad de acogida ordinaria de las comunidades autónomas de menores migrantes, con 2.471 plazas en la región, la lideresa madrileña cargaba contra la "irresponsabilidad" del Gobierno y defendía que su región siempre está cuando se le "necesita". "Primero tú tienes que hablar con el país de origen para preguntar por qué estás enviando menores, por qué no los están atendiendo, porque España no va dejando a sus menores por el mundo, porque pasa al revés. Por tanto, no son dos, no son cuatro, ni el reparto es ni siquiera objetivo. Entonces tratar a las personas como si fueran muebles o números nos parece totalmente insensato e inhumano", lanzaba la presidenta.
En esta misma línea, Ayuso proseguía apuntando que España no se puede convertir en un "corredor de la ilegalidad" y debe plantearse "por qué está pasando esto" porque el drama, a su juicio, "no va a parar", además de preguntarse "con qué cifras España pueda integrar África". "Europa no puede integrarlo todo", añadía.
La inmigración, centro de la diana de Ayuso
Sin embargo, lejos de estas acusaciones que ahora vierte la presidenta madrileña contra el Gobierno en un intento de defender a la población inmigrante, lo cierto es que en los últimos meses la presidente regional ha sido foco de duras críticas precisamente por sus declaraciones y sus medidas contra la inmigración. El pasado mes de noviembre, en la Asamblea de Madrid, Ayuso, en respuesta a Vox, pasaba a relucir su racismo: “Digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás”.
Con menor anterioridad en el tiempo, poco después de que el Gobierno aprobara la regularización extraordinaria de migrantes, la lideresa regional cargaba contra el pacto firmado por Moncloa y Podemos al considerar que busca atraer “inmigrantes pobres, una inmigración de subsidio” con el objetivo de “manipular los censos y retorcer la verdad”: “El Gobierno necesita ciudadanos pobres para vivir de la pancarta y la subvención”, defendió ante Ana Rosa Quintana.
“En otras ocasiones ha habido regularizaciones masivas vinculadas al trabajo. Se analizaba cada caso y era una España también diferente, donde la inmigración no pasaba de los 860.000, no suponía un porcentaje apenas de la población. Ahora estamos hablando de que España tiene 10 millones de inmigrantes, el 20% de la población, y que todo lo que se hace al margen del estado de Derecho y de la ley no puede funcionar bien”, agregó en aquella ocasión la presidenta, insistiendo en que esta medida no la impulsan “por humanidad, sino por electoralismo”.
Ayuso, ante la Fiscalía
Tal es el nivel, que el pasado 17 de junio la asociación Acción Contra el Odio (ACO) denunciaba a la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía por discriminar a las personas migrantes residentes en la región con la limitación de la concesión de la tarjeta de trasporte personal a los empadronados en la comunidad autónoma.
En el escrito, la asociación puso de relieve que esta acción que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional se produce después de que el pasado 12 de junio se publicaran en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de nuevas condiciones para la expedición, duplicado y renovación de las TTP-personal, la tarjeta de recarga mensual que permite el uso ilimitado del transporte público en la región a partir de una tarifa fija. Al hilo de esto, desde el pasado 15 de junio, el uso de esta tarjeta queda supeditado a la acreditación de la condición de residente en un municipio de la Comunidad, con excepción de los estudiantes de otras autonomías.
Una medida que, tal y como lamentaban desde Acción Contra el Odio, tiene un objetivo evidente: “La exclusión de las personas trabajadoras migrantes no empadronadas en Madrid”. Asimismo, en la denuncia defendieron que la aplicación de esta directriz “xenófoba y aporobófica” supone “una discriminación indirecta al colectivo migrante en situación administrativa irregular” y “las personas en especial vulnerabilidad”, colectivos a los que, según remarcan, se dificulta “sistemáticamente” el empadronamiento en la región, a pesar de residir en la misma.
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