Ayuso, la mejor amiga del ‘lobby’ antiabortista: casi tres millones a asociaciones y 22 en derivar intervenciones a la privada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la mejor amiga del ‘lobby’ antiabortista de España, un dato que cabe rescatar ahora que el Gobierno de la Nación exige a las comunidades autónomas blindar este derecho. Las cifras así lo amparan, y es que, según números recientes, la región madrileña se sitúa a la vanguardia de la financiación de grupos que se pronuncian y actúan abiertamente en contra del aborto.

Según demuestran los datos, el gobierno que disfruta con mayoría conservadora sería el que más fondos destina a asociaciones y/u organizaciones que ponen trabas a este derecho que al feminismo tanto le costó conquistar.

En concreto, el Ejecutivo del PP en Madrid habría destinado 2,7 millones de euros entre 2019 y 2024 a firmas antiabortistas, siendo solo Andalucía quien le siguió en este sentido, pero muy alejada de esa cantidad (1,1 millones de euros). Ayuso está por delante incluso del Ayuntamiento de Madrid, quien tiene una clara línea marcada en contra de la interrupción voluntaria del aborto, un debate que precisamente el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, resucitaba en las últimas semanas comprando el discurso de Vox y pisando así un charco que pocos se explican.

Entre los nombres propios que surgen de esta financiación se encuentra Red Madre, un ejemplo de estos espacios que se presentan como entidades que ayudan a las mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad, pero que en la práctica acaban por condicionar sus derechos reproductivos. En su caso concreto, Red Madre defiende “alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo” y participa de manera activa en campañas de concienciación que tiene como punta de lanza la concienciación sobre la cuestión abortiva.

Estos datos, que provienen de una investigación del medio de comunicación CRÍTIC en colaboración con la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos (ADSR) de hace ahora aproximadamente un año. Y es que es complicado encontrar datos mucho más recientes acerca del dinero que conceden las distintas administraciones a los grupos que actúan en detrimento del aborto, pero sí hay otros números acerca del mismo tema -aunque se mueven en direcciones distintas- que vendrían a corroborar que, efectivamente, la Comunidad de Madrid se encuentra en el top de gobiernos que financian este lobby.

Externalización del servicio

Cifras algo más recientes rezan que el equipo de Sol ha empleado más de 22 millones de euros en el mismo periodo de tiempo para financiar los abortos que la Autonomía deriva a clínicas privadas. Así lo confirmaba la propia Comunidad a febrero de este año, quien desgranaba que en 2023 se notificaron 20.574 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales únicamente 56 se habían llevado a cabo en hospitales públicos.

Los datos oficiales de aquel año, el último que dispone de registros por parte de Madrid, no dejan lugar a dudas: solamente en 2023 y 2022 se registraron en hospitales públicos. En el resto periodos, se registraron 17.508 abortos en 2021; 16.466 en 2020 o 19.537 en 2019.

Por encima de la media nacional

En este sentido, hay que subrayar que el coste anual de interrupciones voluntarias del embarazo oscila entre los tres y los cuatro millones de euros. Así las cosas, en 2019 se dirigieron 4,2 millones de euros, en 2020 fueron 3,7 millones; en 2021 3,5 millones; y en 2022 se abonaron 3,9 millones. Un año más tarde, la cuantía aumentó hasta los 4,2 millones de euros, y hasta el mes que se tiene registro del año pasado -octubre de 2024-, la cifra se situaba en 3 millones de euros.

El montante total supera los 22 millones. Estos datos proyectaban también que el porcentaje de los abortos que se practican en clínicas privadas en Madrid es superior al de la media nacional: un 99,7% frente al 81,4%.

Las asociaciones provida defienden que es peor que una violación

Este mismo verano, el PSOE de Madrid (PSOE-M) clamaba contra la financiación del gobierno de Ayuso a entidades de este tipo que, según denunciaban los socialistas, mienten sobre la interrupción voluntaria del embarazo llegando a decir cosas como que para una mujer el aborto es peor que una violación, que éste aumenta las tasas de suicido o de consumo de drogas y alcohol. Entre las firmas, además de la mencionada Red Madre, despuntan otras como la Fundación Madrina o Adevida.

Almeida reabre el debate

En las últimas semanas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reabría el debate sobre el aborto después de comprar el marco de Vox sobre el supuesto síndrome post aborto, que carece de cualquier base científica.

El regidor de Cibeles sucumbió finalmente a la presión y se retractaba tras apoyar en primera instancia la propuesta aprobada a instancias de la extrema derecha que pasaba por informar a las mujeres con carácter obligatorio de esta especie de patología que no está reconocida.

Finalmente, Almeida se vio obligado a reconocer que el presunto síndrome “no es una categoría científica reconocida” y borraba ya la obligación por parte de dar información a las mujeres y que, en caso de requerir cualquier información, justificaba, ésta vendría dada por personal del Consistorio cualificado para ello.

Sánchez pide blindar el aborto

Al demostrarse un derecho adquirido pero que la ultraderecha especialmente, con el compadreo de la derecha tradicional, pone en peligro, el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa la posibilidad incluso de blindarlo en la Constitución.

Por el momento, el paso que ha dado el presidente, Pedro Sánchez, ha sido pedir formalmente vía carta a diferentes regiones -Madrid, Aragón, Asturias y Baleares- que lo garanticen en sus territorios con la creación y la regulación de un Registro de Personas Objetoras.

Derechos sexuales y reproductivos

Hay que indicar que destinar dinero público a este tipo de entidades anti abortistas contradice la modificación de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva del año 2023, sin embargo estas asociaciones disponen de un paraguas legal que podría justificar sus actuaciones.

En concreto, la norma establece que las administraciones públicas deben promover las entidades sin ánimo de lucro que, desde el movimiento feminista y la sociedad civil, actúen en el ámbito de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos, dejando también excluidas de dichas ayudas "aquellas organizaciones contrarias al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo". 

La cuestión, tal y como detalla el artículo de CRÍTIC mencionado en estas líneas, "no todas las convocatorias de subvenciones públicas recogen en sus bases el requisito de tener una perspectiva de derechos humanos", por lo que los "discursos oficiales de estas entidades de proteger y acompañar a las maternidades", terminan teniendo cabida con la legalidad.