Desde el año 2017, la Comunidad de Madrid ha reducido el número de beneficiarios de la Renta Mínina de Inserción, pasando de las 30.000 familias beneficiadas a solo 667 en 2024. Los datos no se corresponden con una reducción drástica de la pobreza en la región, que ha caído solo 4 puntos porcentuales en ese periodo según el INE, sino que se ajusta más a un recorte de presupuesto. Mientras la presidenta de la Región, Isabel Díaz Ayuso prometía en 2022 un aumento del 40% en la cuantía de la Renta Mínima Autonómica, lo cierto es que la partida presupuestaria ha quedado este año en 5 millones, muy lejos de los 168 millones que se destinaban en 2017.
La clave matemática está en que en lugar de complementar la ayuda del Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España o permitir su compatibilización, Ayuso ha ido recortando sus ayudas para que sea el Ejecutivo central el que sufrague la lucha contra la pobreza. Es la denuncia que hace el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, que ha mostrado su preocupación porque “una de las regiones más ricas de España” esté muy lejos de las ayudas que ofrecen regiones en igual situación económica, como Navarra, donde las personas receptoras de esta ayuda reciben 762 euros, frente a los 469 que reciben los beneficiarios madrileños.
“Ayuso, en lugar de aprovechar el Ingreso Mínimo Vital para mejorar sus medidas autonómicas, ha aprovechado este apoyo del Gobierno de España para extinguir su renta mínima de inserción, que ya era la más baja de España”, denuncia la portavoz socialista de asuntos sociales, Lorena Morales, “es una vergüenza que trate de ahorrarse un puñado de millones de euros a costa del sufrimiento de las familias más vulnerables, en especial las mujeres, que son el rostro de la pobreza en Madrid.
Los datos ofrecidos señalan que la reducción del presupuesto ha sido del 97%. En 2017, 30.000 familias recibían la Renta Mínima de Inserción, frente a las 667 de septiembre de 2024. Y el presupuesto de esta ayuda era de 168 millones, frente a los 5 millones actuales.
Pese a estos datos, la situación económica de las familias madrileñas no es boyante. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de riesgo de pobreza en la región ha pasado del 16,9% de las familias al 12,9%. En octubre de 2023, un informe de CCOO señalaba que más de 1,3 millones de personas en la Comunidad de Madrid están en riesgo de pobreza, de las que 438.772 están en situación de pobreza severa. Y la tasa de riesgo de pobreza en menores de 16 años alcanzaba a más de 300.000 niños y niñas en la región, el 22,7% de ellos.
Este mismo miércoles, Intermon Oxfam revelaba su informe sobre pobreza laboral, en el que señalaba cada vez es más habitual tener un trabajo y seguir sufriendo pobreza. Tres millones de trabajadores en España no consiguen salir de esa situación pese a tener un salario y el dato se cebaba especialmente con Andalucía, donde más había crecido la pobreza laboral. Madrid no salía tan mal parada, con un 7% de trabajadores en situación de pobreza. Pero, aunque su cifra se aproxima a la de regiones como País Vasco (6,6%) o Navarra (6,3%), su lucha contra la pobreza no es similar. Los socialistas madrileños apuntan a que en Navarra -donde gobierna la socialista María Chivite- la Renta Mínima de Inserción es de 763 euros, frente a los 469 euros que ofrece Ayuso.
“¿Dónde va el dinero que se recorta o no se gasta”, pregunta Morales, quien denuncia que ha sido incapaz de que el Gobierno de Ayuso le ofrezca a qué destina los recortes que ha hecho en la partida de la Renta Mínima de Inserción. Además, los socialistas madrileños denuncian que “en septiembre de 2022, Ayuso anunció un aumento del 40% en la cuantía de la renta mínima autonómica para equipararse al Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido, dejando a miles de familias a la espera de un apoyo necesario para afrontar la creciente pobreza en la región”.
Como contrapartida a los recortes de los últimos años, la oposición reclama cinco medidas. Aumentar la cuantía del RMI a los niveles de regiones similares “como el País Vasco o Navarra”; que se permita compatibilizar entre el IMV y el RMI como pasa en otras regiones; que se elimine la exigencia de que se haya sido rechazado antes en el IMV para conseguir el RMI “porque retrasa la asistencia a los más vulnerables”; ampliación del acceso a jóvenes entre 18 y 25 años para aquellos que viven de manera independiente y que se complemente con 100 euros por cada hijo de manera mensual a las familias que ingresen menos de 35.000 euros anuales.